Bien recibida la unidad especial que investigará y aclarará las muertes de los sindicalistas

Para esclarecer la muerte de sindicalistas y trabajadores se necesitó de la presión internacional y de la unión de esfuerzos del gobierno, los empresarios y las centrales obreras. Una tarea titánica si se tiene en cuenta que estos tres grupos rara vez se han puesto de acuerdo y, hasta ahora, el tema de la amenaza a la vida de los sindicalistas había quedado en promesas vacías.
 
Por eso la estrategia contra la impunidad en los crímenes contra los trabajadores se ve como un gran logro. El proyecto se lanzó esta semana en un evento encabezado por el vicepresidente de la República, Francisco Santos. Su mensaje fue claro cuando señaló que “aquí matar a un sindicalista no va a seguir siendo un crimen impune”.
 
Lo que se busca es aclarar los casos de los delitos contra la vida y la libertad de los trabajadores. Como explicó Carlos Rodríguez, presidente de la CUT, a SEMANA.COM “el 99,46 por ciento de los crímenes contra los sindicalistas en Colombia está en la impunidad”.

Y es que la situación de los agremiados no es nada alentadora; según la Escuela Nacional Sindical (ENS), 7.666 trabajadores han sido amenazados o asesinados entre 1991 y 2005. De hecho, en las últimas dos décadas, Colombia ha sido cuestionada constantemente por amenazas contra los sindicalistas por organismos internacionales.
 
Si bien todos reconocen que en los últimos cuatro años los crímenes contra sindicalistas han mermado, la situación sigue siendo preocupante. Al respecto, Julio Roberto Gómez, secretario general de la CGT, señaló a SEMANA.COM que “el número ha disminuido, pero eso no es motivo de regocijo”. Siete trabajadores del CGT han sido asesinados en lo que va del año y, según el observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, entre enero y agosto de 2006 habían sido asesinados 11 sindicalistas y 21 maestros agremiados.
 
Una de las entidades que más se han preocupado por el tema es la Organización Internacional del Trabajo, que en 1994 abrió el caso 1787, para investigar las denuncias de violencia contra los sindicalistas colombianos. Dicho proceso recoge hasta hoy los casos de 1.321 víctimas de alguna violación a los derechos humanos.
 
Según Gómez, “lo que más aterra a la comunidad internacional son el asesinato y las amenazas a los trabajadores y aun más, la impunidad en la que quedan los casos”. Los datos de la OIT señalan 855 sindicalistas asesinados, 45 que han sufrido atentados contra su vida, 104 secuestrados, 257 amenazados y 82 que han sido víctimas de detenciones y allanamientos arbitrarios.

De ahí que en octubre del año pasado, Paul Van der Haidien, presidente del Comité de Libertad Sindical; Luc Cortebeeck, vicepresidente trabajador de la Comisión de Normas, y Edward Potter, vicepresidente empleador, todos de la OIT, visitaran el país para explorar la situación de los sindicalistas. En aquella ocasión hubo un primer acercamiento entre OIT, empresarios, gobierno y sindicalistas, que se concretó en junio de este año en Ginebra, Suiza.
 
La comisión tripartita llegó de allá con la idea clara de formar una Unidad Especializada en la Fiscalía General de la Nación para investigar los casos de los sindicalistas, y esto fue lo que se presentó el martes. De ahora en adelante, 17 fiscales tendrán bajo su responsabilidad encontrar a los autores de los asesinatos, amenazas, secuestros y desapariciones de los 1.165 casos denunciados ante la Fiscalía.

En un principio, se escogieron 128 casos emblemáticos de sindicalistas asesinados, pero tanto las centrales obreras como el gobierno coinciden en decir que esto no quiere decir que los otros casos no se vayan a investigar.
 
De hecho, todo este proceso se inscribe en la política de verdad, justicia y reparación que está adelantando el gobierno. Además, porque no es un secreto que los principales victimarios de los sindicalistas han sido los grupos paramilitares, que ven en ellos un vínculo inseparable con los grupos subversivos.

Otro punto que es importante tener en cuenta es la diferencia entre las cifras que manejan los distintos organismos. Según Sandra Miranda, vocera para el tema sindical de la Vicepresidencia, esto se debe a que lo que la OIT y los gremios sindicales consideran como detenciones arbitrarias, para el gobierno son procedimientos dentro de la ley. “Además, otro de los puntos que están por esclarecer en todo este proceso judicial que empieza, es cuántos casos tienen que ver directamente con la actividad sindical”, indicó Miranda a SEMANA.COM.
 
Además, la diferencia también se da por el miedo de las víctimas a las retaliaciones y al alto grado de corrupción de la justicia. Por eso, lo que se viene también es un proceso de recuperar la confianza, no sólo de las personas en la justicia, sino de la sociedad en general hacia los sindicalistas.

Ahora, lo único que esperan todos es que la muerte y la desaparición de tantos sindicalistas se aclare, que la libertad de asociación sea un hecho y que ser sindicalista no sea más un estigma en este país.