Bolivia, en ascuas

Bolivia ha tenido una vida institucional muy turbulenta en los últimos años. Se trata, como es sabido, de uno de los países más pobres de la región y, en temas políticos, como en la vida cotidiana, la pobreza tiende a generar invisibilidad. No sorprende por tanto que no se discutan frecuentemente por fuera de sus fronteras los acontecimientos que allí ocurren.

El último presidente popularmente elegido, Gonzalo Sánchez de Lozada, fue forzado a dimitir en octubre del 2003 por el bloqueo permanente que organizaron los indígenas de El Alto. El Alto es la "ciudad dormitorio" de La Paz donde viven aymara de bajos recursos que se desplazan a la capital a trabajar en los escalones más bajos de sus economías formal e informal. Este esquema reproduce en la modernidad capitalista las jerarquías sociales que los españoles establecieron en Bolivia: durante la colonia, los indígenas pronto fueron reducidos a la condición de servidumbre cuando abandonaban el ambiente protectivo de sus comunidades originales. 

Esta memoria de injusticia histórica se está agitando en Bolivia en los últimos años. Las nuevas condiciones de urbanización de El Alto permitieron la formación de un movimiento social y político con clara conciencia de las injusticias históricas y de su potencial papel en el desarrollo de la futura Bolivia. Este trabajo de empoderamiento político encontró pronto sus propias banderas. Así el movimiento social indígena empezó a exigir una repartición "justa" de los ingresos que se recibirán por la explotación del gas natural hallado en Tarija, al sur del país.

A los indígenas no les convencieron mucho las condiciones que el capital transnacional estaba imponiendo para esa explotación. Dichas explotaciones se realizan a través de contratos de concesión de última generación en los que, en plata blanca, se reduce el monto que los inversionistas tienen que terminar pagando al Estado. Los indígenas, de otro lado, tienen la memoria histórica de la soberanía estatal sobre los recursos naturales, ya que durante años trabajaron en las minas estatales de estaño. En ese escenario, desmantelado desde la década de los 80 en la mayor parte del mundo, los recursos naturales eran explotados directamente por el Estado o, cuando se permitía la participación de capital privado, el Estado exigía participación paritaria en los ingresos, en virtud de principios de soberanía minera y petrolera muy fuertes. Los indígenas, curiosamente, están reclamando los derechos que el Estado boliviano había abandonado en las actuales condiciones de competencia frenética que los países del Tercer mundo adelantan por la inversión internacional.

La lucha indígena por el gas terminó así sumándose a las reivindicaciones que venían haciendo desde hace unos años los cocaleros de los valles cochabambinos. Se trata de dos luchas diferentes que, sin embargo, han encontrado las bases para una alianza política circunstancial. Se trata, en ambos casos, de movimientos sociales que luchan por alcanzar reconocimiento político y social para las grandes mayorías de la población boliviana. El caso de Bolivia muestra, quizá más que ningun otro en el mundo, cómo la democracia formal puede ser profundamente antimayoritaria.

A la renuncia de Sánchez de Lozada asumió el poder el vicepresidente Carlos Mesa Guisbert. Su condición de intelectual poco trajinado en lides políticas le dio ciertos niveles de credibilidad frente a los partidos políticos. Los acuerdos con los que terminó en el poder exigían que el nuevo presidente realizara un referendo sobre el gas y que, más importante, convocara a una Asamblea Nacional Constituyente. El referendo sobre el gas salió mal porque nunca logró convencer al movimiento popular indígena. En efecto, el referendo no nacionalizaba los recursos naturales y ésta, precisamente, seguía siendo la reivindicación fundamental del movimiento social. El presidente Mesa tampoco convocó a la Constituyente. Las promesas incumplidas terminaron por forzar su renuncia en junio de este año e iniciar un complejo proceso de sucesión presidencial en que nadie quería aceptar semejante 'papa caliente'. En medio de polémicas jurídicas de nunca acabar, los presidentes del Senado y de la Cámara de diputados renunciaron a sus derechos de sucesión presidencial terminando el puesto en manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez.

El magistrado Rodríguez asumió la Presidencia con una agenda de tránsito constitucional mucho más diluida. En lugar de Constituyente, el nuevo presidente sólo se comprometió a convocar a elecciones generales para Presidente y para Congreso en diciembre de 2005, con la esperanza que el nuevo equilibrio político de fuerzas tenga adecuada representación y que sean ellos los que realicen las reestructuraciones radicales que exige el Estado boliviano.

El juez-presidente, de otro lado, ha tenido que lidiar con otro componente de la crisis boliviana. Durante los últimos años, las profundas diferencias económicas entre los nueve departamentos bolivianos han originado un conflicto regional que amenaza seriamente la sostenibilidad del país. Los departamentos ricos de las planicies orientales de Bolivia (con Santa Cruz a la cabeza) piensan que su desarrollo económico se ve detenido por la revuelta social del altiplano. Los altiplánicos (indígenas que viven en los departamentos pobres de los Andes) reclaman, de otro lado, la solidaridad de la nueva riqueza agroindustrial y gasífera, como compensación histórica a sus tribulaciones y su pobreza actual. En particular, reclaman compensación por los muchos años durante los cuales el país vivió a costa de la riqueza minera cargada, literalmente, a sus espaldas.

En esa lucha de fuerzas, los nuevos ricos piden autonomía territorial, los departamentos indígenas y andinos exigen solidaridad interregional. Las fuerzas regionales han venido pidiendo, además, que los prefectos de los departamentos (que equivaldrían a nuestros gobernadores) sean elegidos popularmente, ya que en la actualidad es una potestad del Presidente que no responde para nada a los reclamos autonómicos que se levantan por todas partes. Y el primero de esos derechos autonómicos exigidos es, por supuesto, el derecho a elegir sus propios gobernantes. Para responder a esta exigencia casi universal, el Presidente expidió un decreto supremo en el que convoca a una "consulta facultativa" para que en las mismas elecciones de diciembre los votantes de los departamentos "recomienden" un nombre al Presidente. Se trata de una norma quizá demasiado audaz que, como es obvio, ha sido acusada ante el Tribunal Constitucional. Esta norma responde a necesidades políticas, pero resulta más que cuestionable desde el punto de vista constitucional. Si el Tribunal llega a declarar la inconstitucionalidad de la medida, es muy probable que se desmantelen las elecciones de diciembre, lo que originaría una nueva ronda de inestabilidad política. Esta sentencia compleja y sensible se espera para la próxima semana. En Bolivia, como en Colombia, por tanto, se confirma el proceso de judicialización de la política, ya que en ambos países las sentencias constitucionales esperadas para estos días resultarán fundamentales para la política de los años venideros. En Bolivia, lo mismo que en Colombia, los políticos se debaten entre el respaldo y el repudio a las decisiones de la jurisdicción constitucional.

Las elecciones previstas para diciembre solucionan poco, pero buscan, al menos, lograr el regreso a la normalidad constitucional. El líder alternativo Evo Morales puntea las preferencias con un 28%, apenas 3 puntos por encima del Tuto Quiroga, candidato de la centro-derecha y de la sociedad europea boliviana. Cualquiera que triunfe en las elecciones tendrá que iniciar procesos intensos de reforma con un espíritu muy abierto de refundación constitucional del país,de manera que haya espacio para fuerzas políticos e históricas tan dispares.

*Profesor de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro fundador de DJS.