Ciudad Bolívar, en Bogotá, en alerta por reorganización paramilitar

“Ya nos estamos acostumbrando a ver los muertos por todas partes”. Así describe una pobladora del barrio Naciones Unidas, de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, la situación con la que a diario conviven los habitantes de este populoso sector de la capital colombiana.

Su comentario guarda estrecha relación con el hallazgo, el pasado 30 de julio, del cuerpo sin vida de un habitante del barrio La Estrella de esta localidad. El hombre, conocido por su condición homosexual, fue encontrado en inmediaciones del Liceo El Tesoro La Cumbre y presentaba evidentes signos de tortura, entre ellos la mutilación de sus genitales.

Según la señora, este es el pan de cada día: “Aquí, asesinan en promedio a cuatro jóvenes en el día, pero nadie dice nada, ni la Policía”. Y es que el miedo y el silencio son regla general entre los habitantes de Naciones Unidas y otros barrios aledaños, como La Estrella, Vista Hermosa, Arabia, Lucero Alto y Bajo, Paraíso y Mirador, entre otros.

“La gente no le va a hablar de eso, aunque sea cierto”, es la respuesta más común entre algunos líderes comunitarios del sector al ser consultados por la Agencia de Prensa IPC sobre la existencia de una denominada “lista negra” en la que se anuncia una campaña de “limpieza social”, que comenzaría con el ajusticiamiento de 30 jóvenes de los barrios Naciones Unidas, Arabia y Vista Hermosa y se llevaría a cabo los fines de semana.

La mujer, que pidió la reserva de su identidad, confirmó el rumor que circula en las calles de la parte más encumbrada de Ciudad Bolívar: “El martes de la semana pasada (24 de julio) apareció una lista donde se decía que iban a ajusticiar a unos jóvenes de la localidad. Un muchacho, que es estudiante y que conozco, aparece en ella. Él se me acercó el miércoles (25 de julio) y me pidió que le ayudara a irse del barrio. Ahora está viviendo en otro sector”.

Al parecer, no es la primera vez que aparecen anuncios de esta naturaleza en la localidad. “Hace un mes también apareció una lista en el barrio Paraíso, pero esa yo no la vi. Lo que sí sé es que de esa lista, que la gente leyó y me comentó, ya han asesinado a tres jóvenes. Por eso corrí a ayudar a este joven antes de que le pasara cualquier cosa”, añade la señora.

El hecho generó zozobra entre los habitantes, especialmente entre los menores de edad. “Aquí, después de las nueve de la noche, espantan. Todos se entran temprano a sus casas y el muchacho que esté en la calle hasta tarde 'lleva del bulto”, afirma un líder comunitario.

¿Y quién está detrás de las amenazas? Las declaraciones recogidas señalan como responsable a un grupo denominado ‘Águilas Negras’, cuyo nombre se asocia a la nueva organización paramilitar que estaría operando en diversas regiones del país.
 
Cinturón de pobreza

La localidad de Ciudad Bolívar, ubicada en las laderas de los cerros suroccidentales de Bogotá, constituye uno de los cinturones de pobreza más grande del país. La población albergada en sus 35 barrios, estimada en unos 713.000 habitantes, duplica en número a capitales intermedias como Armenia (320.000), Pereira (488.000) o Cúcuta (653.000).

También se erige como el mayor centro receptor de población desplazada de la capital: un 26 por ciento del total de residentes corresponde a desarraigados provenientes de los departamentos de Casanare, Meta, Antioquia y Chocó.

El Grupo de Fortalecimiento Local de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar realizó en 2006 un diagnóstico sobre la situación de seguridad integral en dicha localidad y allí se encontró que el 76 por ciento de los hogares se situaba debajo de la línea de pobreza, el 25 por ciento se encontraba en la indigencia y que los grupos poblaciones más pobres y en línea de miseria eran los niños entre los 0 y 5 años y las mujeres entre los 15 y 49 años.

Según el informe, el acceso a derechos como salud y educación también presenta deficiencias: la cobertura en educación sólo llega al 75 por ciento, a pesar de los esfuerzos de la Administración del alcalde Luis Eduardo Garzón, quien construyó dos colegios de primer nivel en la zona. Apenas el 26 por ciento de la población tiene garantizado el acceso a salud, el analfabetismo alcanza un 8 por ciento (el más alto de todo el Distrito Capital) y la desnutrición presenta niveles insospechados.

En estado de alerta
 
A finales de la década de los ochenta, las Farc, en su intento por trasladar el conflicto a los grandes centros urbanos del país, se estableció en la zona, construyendo un corredor estratégico en el denominado Eje del Páramo Sumapaz (Usme-Soacha-Altos de Cazuca-Ciudad Bolívar), con el cual el grupo insurgente conectaba el oriente y sur del país (Meta, Casanare, Tolima y Huila) con la capital colombiana.

Una década después (entre 1999 y 2002), se registraron acciones de grupos paramilitares, principalmente del Bloque Centauros que incrementaron los asesinatos selectivos, las extorsiones, los desplazamientos intraurbanos y el reclutamiento forzado de jóvenes.

Estos hechos fueron advertidos en su momento por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), que emitió la Alerta Temprana No. 062 del 5 de julio de 2002, en la que advertía sobre “el recrudecimiento de los factores de violencia en el marco de la mal llamada 'limpieza social', dirigida especialmente contra los jóvenes del sector de Ciudad Bolívar y Altos de Cazuca, en el municipio de Soacha.

La alerta poco o nada cambió la situación. Hoy, a las voces de la comunidad, se suman nuevos informes oficiales que reseñan el reordenamiento de las fuerzas paramilitares en los barrios altos de la localidad que buscarían contener la movilidad de las Farc (cuya presencia ha sido advertida principalmente en Altos de Cazuca) y consolidar el dominio territorial dejado por el Bloque Centauros, cuyos hombres, al mando de Martín Arroyave y Vicente Castaño Gil, se desmovilizaron el 3 de septiembre de 2005 en el corregimiento Tilodirán, en Casanare.

El Informe de Riesgo 012-07, emitido el 31 de mayo de 2007 por la Defensoría del Pueblo, advierte sobre la presencia de por lo menos seis estructuras de tipo paramilitar, denominadas ‘Bloque Central Santander’, ‘Bloque Cacique Nutibara’, ‘Bloque Central Bolívar’, ‘Autodefensas Campesinas Nueva Generación’; ‘Bloque Capital’, los ‘Urabeños’ y las ‘Águilas Negras’.

Dichos grupos serían los responsables del manejo de los circuitos económicos ilegales (expendios de droga y bodegas para el almacenaje de mercancía robada), del cobro de vacunas a comerciantes y transportadores y de las amenazas e intimidaciones a líderes sociales, tal como aparece consignado en el Informe de Riesgo No 012-07:

“Dentro de las actividades más constantes son los toques de queda a partir de las 9:00 p.m.; así mismo le han declarado la guerra a las organizaciones sociales. Como una manera de control social, el Cacique Nutibara, ha realizado un censo de control poblacional en los barrios Paraíso y los Alpes de la UPZ 67 (Lucero). De igual forma han procedido en Altos de Cazucá el Bloque Centauros, específicamente en los barrios Santo Domingo, Santa Viviana y Caracolí de la UPZ69 (Perdomo)”.

El informe también menciona la situación de la población juvenil, quienes además de ser sentenciados a muerte en las llamadas ‘listas negras’, son objeto constante de reclutamiento:

“Los grupos armados ilegales provenientes del paramilitarismo, promueven el reclutamiento de jóvenes, entre ellos, menores de 18 años. (…)El abordaje es nocturno y tiene dos modalidades: de un lado, se utiliza a la familia como mecanismo de presión: “si no deja que el muchacho mayor trabaje, se muere”. La otra modalidad –según la información– es el sometimiento violento de pandillas y bandas organizadas”.

Problema sin dolientes

A raíz de las amenazas, varios líderes comunitarios han abandonado sus barrios y los que quedan redujeron sus procesos de base a la mínima expresión. “A las tiendas las tienen vacunadas, tienen que pagar en promedio 15.000 pesos, al transporte también. Da miedo trabajar así”, comentó una líder comunitaria, quien no quiso dar más declaraciones al respecto.

En lo que sí coinciden las personas consultadas es en la falta de acompañamiento por parte de la entidades oficiales y en la desconfianza en las Fuerzas Militares, cuya presencia es significativa toda vez que allí funcionan dos batallones del Ejército (uno en inmediaciones de Altos de Cazuca y otro en el barrio Arabia) y un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía.

“La Personería Local ha desmentido públicamente que aquí haya conflicto. Dicen que lo que se presenta son hechos de delincuencia callejera (...) la Policía se la tiene 'montada' a los pelados de Ciudad Bolívar. Cada rato los aporrean, no los pueden ver en la calle porque los señalan de ser guerrilleros y los detienen arbitrariamente”, señaló la líder.

La situación es de tal magnitud que el Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo le recomendó al Centro Interinstitucional de Alertas Tempranas (Ciat), coordinado por el Ministerio del Interior y de Justicia, emitir la Alerta Temprana correspondiente “y orientar a las autoridades competentes para que adopten las medidas pertinentes a efectos de disuadir, mitigar, controlar o neutralizar el riesgo de la población civil”.

Además, le recomendó a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Gobernación de Cundinamarca, al Programa Presidencial para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Alto Comisionado de Paz y a la Agencia Presidencial para la Acción Social, “la instalación de una mesa regional humanitaria para aplicación del Derecho Internacional Humanitario y la atención integral de los factores de vulnerabilidad de la población”.

No obstante las recomendaciones del Informe de Riesgo 012-07, del 31 de mayo de 2007, la Alerta Temprana no se emitió. Ahora, la vida en Ciudad Bolívar se hace más crítica y sus habitantes continúan enfrentados a las manifestaciones de violencia. Hoy sólo les queda esperar que la sentencia de uno de sus pobladores no sea verdad: “la situación de los pobres no le interesa a nadie”.

*Ricardo Cruz Baena es periodista de la Agencia de Prensa IPC de Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co