Comisión de Reajuste presenta esbozo de reforma política

La Comisión de Reajuste Institucional presentó al gobierno un listado de sugerencias que consideró que deberían ser incluidas en la Reforma Política que debatirá el Congreso en el siguiente período legislativo. La comisión decidió, en común acuerdo, entregar hasta dentro de quince días el informe final.

El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, anunció que el texto del proyecto de reforma será presentado ante el Congreso el próximo 15 de agosto.

Tras el hundimiento del proyecto que buscaba sancionar a los partidos que dejaron colar políticos con vínculos con los grupos paramilitares, el gobierno conformó la Comisión de Notables que durante este período de receso del Congreso se ha dedicado a discutir cómo deberá quedar una nueva propuesta de Reforma Política.

Esta propuesta, sin embargo, incluirá otros temas aparte de las sanciones, como cambios en el régimen electoral. Dentro de las recomendaciones que la Comisión hizo, según informó uno de sus miembros a Semana, los puntos más importantes son:

-Volver a prohibir que haya suplencias en el Congreso.  La Constitución de 1991 reglamentó que los congresistas no tuvieran suplentes, salvo cuando las ausencias se debieran a casos de fuerza mayor, como la muerte o a la incapacidad. Si esta norma hubiera estado vigente hoy, las 32 curules de los congresistas detenidos por vínculos o condenas por parapolítica estarían vacías, pero una reforma constitucional realizada por el Congreso en  2003 permitió las suplencias, y con ello instauró la rotación de las curules o ‘carrusel’. La sugerencia de la Comisión de Reajuste es que se retorne a la prohibición de suplencias de la Constitución de 1991, aunque la medida no sería inmediata para la situación de hoy, sino aplicaría a partir de las próximas elecciones. 

- Inhabilitar preventivamente a los candidatos que aspiren al Congreso y puedan enfrentarse a conflicto de interés. El Consejo de Estado podría negarle la inscripción a candidatos al Congreso, que tengan una “ostensible inhabilidad” y en el futuro puedan verse enfrentados a un conflicto de interés, por su parentesco o su relación con funcionarios del gobierno.

-Aplicar la actual legislación para la financiación de la campaña presidencial, a todas las demás campañas. Todos los aspirantes a cargos de elección popular recibirían dineros públicos y privados para financiar sus campañas, pero en mayor proporción los que le gire el Estado, y no podrán recibir más del 2 por ciento del total de sus ingresos de campaña de una sola empresa privada. 

Para que fuerzas políticas pequeñas o nacientes puedan financiar sus campañas, la Comisión considera que el Estado les debe anticipar parte del dinero de su campaña.

-Incentivar la participación de minorías en los partidos. A los partidos que presenten como candidatos a cargos de elección popular a mujeres, o a personas provinientes de comunidades indígenas o negras, se les daría un incentivo económico. Para financiar estos incentivos se destinaría el 10 por ciento del Fondo de Partidos.

-Suspender el voto preferente para listas a Congreso. Cuando los ciudadanos voten por candidatos a Congreso podrán hacerlo por la lista del partido de su elección, pero ya no podrán marcar su candidato predilecto en esa lista, como sucede hoy. Así, los miembros del partido serán elegidos en el orden en que aparecieron en la lista. Con esta medida se busca fortalecer al partido y debilitar las empresas electorales unipersonales. Todos los candidatos deben competir dentro del partido para ocupar un mejor renglón en la lista, pero ninguno podrá hacer campaña por cuenta propia, comprando electores o trasteando votos para conseguir que su nombre salga primero, como ocurre hoy.  

La Comisión sugiere imponer la medida por ocho años y que después se puedan volver a abrir las listas.

-Reglamentar la cuota de género.  La participación de las mujeres en las listas de los partidos debería ser, según la Comisión, de una mujer por cada tres hombres. Esto con el argumento de darle más cabida a las mujeres en la política. Sin embargo, esta medida tiene su contraargumento: la competencia no sería equitativa.

-Para fundar un nuevo partido, que se requieran menos votos.  Para que un movimiento se pueda constituir en partido político, éste tendría que obtener una votación de mínimo el 1,5 por ciento del total de votos para ese cargo (umbral).  Bajar el umbral significa quitarle talanqueras a los movimientos de minorías o las nuevas fuerzas políticas. Así mismo la Comisión propuso mantener en 2 por ciento el umbral electoral, para los movimientos de ciudadanos y partidos que aspiran a una curul en el Congreso. Es decir, que para llegar al Congreso, la base popular de un partido debe ser mayor.

-Funciones diferenciadas para Cámara y para Senado.  El nuevo Congreso asignaría diferentes funciones a Camára y a Senado.Así por ejemplo, el presupuesto para las regiones se votaría en la comisión cuarta y en la plenaria de la Cámara de Representantes y el Senado, en cambio, sólo votaría en plenaria para refrendar o hundir el proyecto. Para las decisiones que atañen a la Nación, como la ratificación de un tratado internacional, sería al contrario: Se votaría en la comisión correspondiente y en la plenaria de Senado, y la Cámara votaría sólo en pleno.  

Estos son algunos de los puntos, que luego de discusiones entre los comisionados y algunos representantes de la sociedad civil, fueron presentados como recomendaciones para que el gobierno los tenga en cuenta a la hora de presentar ante el Congreso, la Reforma Política. Sin embargo, falta ver cómo reaccionarán los partidos a las propuestas.
 
Es de esperar que la votación de la nueva propuesta de cambio enfrente los mismos problemas de la reforma que se discutió en la pasada legislatura: ausentismo, múltiples inhabilidades de un Congreso en el que uno de cada cuatro miembros está siendo investigado por posibles vínculos con grupos ilegales armados, fracturas en la coalición oficialista, etc.
 
Sin embargo, ahora el gobierno cuenta con un político experimentado como Ministro, como lo es Valencia Cossio, quien además desde 1998, cuando presidió el Legislativo, auguró que si el Congreso no era capaz de reformarse a sí mismo, los iban a cambiar a la fuerza.
 
Esto indica, por lo menos de arranque, que el gobierno estará menos pendiente de los intereses políticos de coyuntura, y le pondrá mayor empeño en sacar adelante una reforma de fondo, de largo plazo,  que ayude a sanear la política, legitimar la representatividad popular del Congreso, y blindar a la democracia colombiana contra los embates de las mafias.

Los integrantes de la Comisión son: el ex ministro de hacienda, Hugo Palacio Mejía; el ex ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana ; el ex magistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre; la ex magistrada del Consejo de estado, Doli Pedraza de Arenas; el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Ignacio Jaramillo; la ex senadora , Vivian Morales y el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Calderón.