Cómo se juega el ajedrez de la Reforma Política

El debate más importante que se ha dado en este período legislativo ha sido el de la Reforma Política. Los partidos políticos, sectores de la sociedad civil y el mismo gobierno han coincidido en que urge una reforma constitucional que proteja a las instituciones democráticas de la influencia de grupos armados ilegales.

Fue por esta razón que desde hace un año se radicó el proyecto que busca la sanción de aquellos partidos cuyos miembros resulten implicados en la promoción, financiación o pertenencia a grupos armados ilegales. De la mano se colgó otro componente en la reforma que fue el fortalecimiento de los partidos políticos, para lo cual se han discutido temas como el aumento del número de votantes (umbral mínimo) para poder constituir partidos.

Sin embargo, a un mes de que se termine el período del Congreso, el proyecto de reforma hasta ahora aprobado no satisface las expectativas de quienes reclaman cambios de fondo para el fortalecimiento de las instituciones. A las críticas se suma la posibilidad de que se hunda el proyecto, cuando faltan solo dos debates, lo que ha sido motivo de discordia entre el gobierno y la oposición.

Pero para un Congreso tan desprestigiado (68 de sus miembros están investigados por parapolítica, de los cuales 32 están detenidos) dejar para otro período la aprobación de las sanciones daría un mensaje negativo a quienes aún esperan que tenga la capacidad de auto reformarse.

¿Por qué es importante aprobar, aunque sea una tímida reforma?

Este jueves será la audiencia pública en la Comisión Primera. Allí diferentes grupos de ciudadanos y académicos expondrán sus observaciones al proyecto de ley e insistirán en la necesidad de que se aprueben las reformas que buscan responsabilizar a los partidos. Entre ellos está el Girepo, integrado por varias corporaciones como Congreso Visible, La Misión de Observación Electoral (MOE), entre otros; y por ciudadanos del común.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), dijo a Semana.com que la MOE argumentará por qué es necesario que se apruebe la sanción de la ‘silla vacía’ con medida de aseguramiento (consistente en que un partido abandona la curul cuando a uno de sus miembros en el Congreso le sea dictada esa medida por vínculos con grupos ilegales). “Esta es la medida más importante para lograr una sanción ejemplarizante a los partidos políticos con miembros involucrados en parapolítica”, dijo Barrios.

Barrios también expondrá por qué el parágrafo con el que se constitucionaliza el paso de congresistas de un partido a otro, es alcahuetería con los partidos. En el articulado aprobado se sanciona la doble militancia, pero previendo que varios partidos se extinguirían, se aprobó un parágrafo que permite por una sola vez el traslado de un congresista de un partido a otro.

“Esta fue una tabla de salvación para los que vieron que el barco se estaba hundiendo. Su aprobación estimula la trashumancia y no sería una sanción”, explicó Barrios.

Otro de los puntos polémicos es el del umbral. El director del proyecto PNUD-IDEA de reforma política, Juan Fernando Londoño, dijo que dentro de las observaciones que presentará: “insistiremos en que la reforma tiene un problema de diseño con el aumento del umbral”.

Londoño se refiere a que el proyecto incluye reformar el aumento del umbral de votación del 2 al 3 por ciento para que los partidos puedan constituirse jurídicamente, pero no contempla la reforma para el aumento del umbral para que una persona pueda acceder al Congreso. “Con lo que hay un problema de concordancia, eventualmente un partido podría desaparecer jurídicamente, pero podría lograr una curul en el Congreso”, explicó Londoño.

La reforma política aprobada retira la personería jurídica a los partidos que pierdan más de la mitad de sus miembros de la Cámara o del Senado. Londoño expresó que esta sanción era muy laxa y habría que esperar a que una crisis en el Congreso sea más grave para que se pueda efectuar. También dijo que llamaría la atención sobre el hecho de que en la reforma aprobada se retiró la sanción a los congresistas que excedan los topes máximos de dinero con el que pueden financiar sus campañas.

“La violación de este punto implicaba la pérdida de la investidura o del cargo, pero en el texto aprobado en la plenaria de la Cámara desapareció sin someterse a discusión, lo que nos parece muy raro”, dijo Londoño.

La discusión, por esta y otras razones, es meritoria, aunque la reforma no abarque todos los puntos que analistas y políticos han señalado para sacar la institucionalidad del Estado de la crisis por la que atraviesa. No aprobar algunas de las sanciones es esperar a que llegue otro período legislativo para poder decir que el Congreso hizo algo.

Las Cuentas

En la Comisión Primera del Senado se dará el próximo debate de la Reforma Política, de dos que hacen falta. Haciendo cuentas, debido a los impedimentos por conflicto de interés y detenciones de algunos miembros de esta Comisión, el proyecto podría hundirse. Veamos:

El primer impedimento que puso en riesgo la aprobación de la Reforma Política fue el del presidente de la Comisión, el senador Juan Carlos Vélez. La razón: se encuentra reemplazando a Mauricio Pimiento, quien está condenado a 7 años de cárcel por concierto para delinquir por parapolítica, lo cual lo enfrenta a un conflicto de interés.

Este martes, veinte días después de aprobado el proyecto en la plenaria de la Cámara, no se sabía quiénes serían los ponentes porque no había quién los nombrara, tarea que le compete al presidente de la Corporación.

A la falta de ponentes el Partido Liberal criticó al gobierno diciendo que éste quería hundir la reforma. Héctor Helí Rojas, senador por esa colectividad dijo que su partido no volvería a negociar con un gobierno tramposo, que busca hundir la reforma sin argumentos sino con razones procedimentales, pues en el anterior debate que tuvo lugar en la plenaria de la Cámara, invocando razones éticas la coalición del gobierno y el partido liberal lograron ponerse de acuerdo para sacar adelante el proyecto.
 
Pero la sanción de la silla vacía, que se ha convertido en el centro de discusión de la reforma pondría en riesgo la posibilidad de aprobar un Acto Legislativo que permita un tercer período del Presidente. Si la sanción de la silla vacía pasa, el gobierno perdería la mayoría que necesita para aprobar la nueva reforma constitucional para hacer viable una tercera reelección. 

Sin embargo, este martes la Comisión logró superar la barrera y nombró una mesa directiva ad hoc: Hernán Andrade, presidente; Gustavo Petro, vicepresidente; como ponentes Hector Helí Rojas, Parmenio Cuéllar, Gina Parody y Samuel Arrieta.

Pero de los 19 senadores que conforman esta Comisión, tres (Luis Fernando Velasco, Rubén Darío Quintero y Ciro Ramírez) están detenidos, y otros tres (Carlos García, Armando Benedetti y Eduardo Enríquez Maya) tienen procesos de investigación preliminar en la Corte Suprema.

Benedetti definitivamente no votará y la Comisión deberá someter a votación los impedimentos de Carlos García y Eduardo Maya. Juan Carlos Vélez, quien como ya se expuso se encuentra reemplazando a un congresista condenado, también tiene que declararse impedido.

La semana pasada, el Consejo de Estado, en respuesta a una petición hecha por el Ministro del Interior, Carlos Holguín, advirtió que en caso de que los congresistas no declaren su impedimento y participen en el debate y votación del proyecto podrían ser sometidos a una investigación disciplinaria que podría acarrearles la pérdida de la investidura.

Si son aprobados todos los impedimentos, quedarían 12 senadores para votar el proyecto que necesita 10 votos para ser aprobado.

De estos 12, el senador Rodrigo Lara del partido Cambio Radical, quien reemplaza a Germán Vargas –que está estudiando en el exterior-, expresó que se declararía impedido porque en un futuro podría verse reemplazando a un detenido por parapolítica, lo cual lo enfrenta a un conflicto de interés. Sus razones, para algunos, parecen falta de compromiso, pues en este momento él votaría en reemplazo de un congresista que no está investigado por parapolítica y está actuando con excesiva cautela con base en una hipótesis futura, sin apreciar la importancia que su voto tiene para reformar las instituciones en momentos críticos.

El senador Javier Cáceres del mismo partido, ha expresado que por razones “éticas”, no votaría la reforma. En este momento no tiene investigación preliminar, pero su nombre apareció en el informe de la Fiscalía, sobre el plan de Jorge 40 para tomarse la Costa Atlántica, por lo que la corporación judicial le pidió a la Corte que lo investigue.

El senador de Convergencia Ciudadana, Samuel Arrieta, dijo que su partido no votaría la reforma, por considerar que una propuesta de este tipo “descuadernaría al Congreso”. Aunque está de acuerdo con que los partidos deben ser sancionados argumentó: “Esas no son las reglas con las que se eligió este Congreso, y si aprobamos la reforma acabaríamos con la institucionalidad”.

Así las cosas el proyecto parece no tener salvación. Sin embargo, falta ver qué impedimentos aprueba la nueva mesa directiva y si los ponentes se ponen de acuerdo en un proyecto de auto reforma. La urgencia es rescatar el tema de las sanciones, y que el Congreso dé muestras de querer recuperar su legitimidad que está en su peor punto. Una encuesta sobre Cultura Política, publicada por el Dane este martes revela que sólo el 9,6 por ciento de los colombianos confía en los partidos políticos, y el 14,7 por ciento, en el Congreso de la República.