¿Conflicto armado o amenaza terrorista?

El 22 de noviembre, durante la visita de George Bush a Cartagena, el presidente Álvaro Uribe pronunció un discurso de 19 párrafos, durante los cuales empleó la palabra terrorismo 11 veces. Además volvió a utilizar la frase "la culebra está viva". Con estas palabras, Uribe reafirmó su visión de que en Colombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista.

Había tratado de encontrar una explicación satisfactoria sobre por qué el gobierno no reconoce el carácter político del conflicto armado hasta que le escuché al Alto Comisionado para la Paz las siguientes palabras en un foro en Fescol:

"Hay un conjunto de conceptos que sustentan nuestra política de paz a los cuales quiero hacer referencia de manera sucinta. El señor Presidente con frecuencia hace referencia a ellos, sin embargo me da la impresión de que no han sido suficientemente comprendidos. ¿Cuáles son estos conceptos? El primero: en Colombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista. Durante varios años hizo carrera el concepto de conflicto social y armado o conflicto armado interno. Con el primero se da a entender que lo que existe en Colombia es una problemática de tipo social que no encuentra cauces diferentes a los de la violencia para expresarse. Con el segundo, el de conflicto armado interno, se da a entender que en Colombia se vive una dinámica semejante a la guerra civil.." (negrillas del autor)

Quedó entonces claro que la premisa de arranque de la estrategia del gobierno para buscar la paz no reconoce el trasfondo político del conflicto. Alguien podría decir que se trata solo de un problema semántico sin importancia. Sin embargo, el asunto va más allá, pues está produciendo una fisura de consecuencias estratégicas.

En lo dicho por Restrepo puede ser acertado desechar la caracterización del conflicto como 'social y armado', pero es equivocado tratar de borrar su connotación política.

Las guerrillas, sus pocos partidarios y quienes desde la legalidad coinciden con algunos de sus planteamientos han promovido el concepto de social y armado para proveer de un aura de legitimidad y justificación al levantamiento en armas. Con esos términos afirman implícitamente que el conflicto ha sido determinado por las injusticias sociales y que estas son su causa. Argumento que hace rato fue dejado de lado por importantes sectores académicos. Si se aceptara esa caracterización, se oscurecería la responsabilidad personal que -en distintas proporciones- cabe a cada quien por los actos violentos, y en especial por los degradantes como el secuestro y el terrorismo.

Sin embargo, no aceptar dichos términos es diferente a no querer ver el trasfondo político del conflicto, entendiéndolo como la búsqueda del poder público.

Es un hecho comprobable que quienes participan directamente en la confrontación emplean la violencia organizada y deliberada para la obtención de sus fines de poder, que sin dejar de ser políticos frecuentemente interactúan con intereses privados de índole delictiva. Por lo demás, la ambigüedad entre lo político y lo delictivo no es exclusiva de nuestro conflicto. Por el contrario, ha estado presente en diferentes choques bélicos a través del tiempo. Por ejemplo, en la guerra civil de EE.UU.**

La explicación central para descartar el carácter político del conflicto se encuentra en los argumentos del Alto Comisionado expresados en su ponencia:

".Por otro lado al hablar de conflicto armado interno y asimilarlo a una especie de guerra civil se desconoce que los grupos armados ilegales no cuentan con el apoyo de la opinión, son grupos minoritarios. Y que por otro lado no existe en Colombia ni una constricción constitucional de derechos, ni una dictadura personalista que pueda eventualmente justificar, como se justificó en otras épocas, el recurso a las armas para buscar más libertad o más justicia". (negrillas del autor).

Que las guerrillas son grupos minoritarios que no cuenten con el apoyo de la opinión (principalmente urbana) es cierto. Pero también es cierto que eso no elimina sus propósitos de búsqueda del poder político.

El argumento de Restrepo puede ser válido para desechar la definición del conflicto colombiano como una guerra civil, si se la entiende como el enfrentamiento entre dos grandes bandos de la sociedad. Pero no tiene suficiente asidero para descartar lo político del conflicto.

En esa lógica, ¿será que un candidato a elección popular de un partido minoritario que no cuente con apoyo de opinión deja por esto de ser político? Es distinta la favorabilidad de opinión a los propósitos políticos.

Luego encontramos la respuesta de fondo sobre por qué se trata de borrar el carácter político del conflicto: se cree que aceptándolo se está justificando a las guerrillas. Lo que no deja de ser también equivocado puesto que un asunto es identificar adecuadamente un problema y otro bien diferente, justificarlo.

Identificar un problema es esencial para afrontarlo y buscarle la solución más adecuada. Más aún si se tiene en cuenta la influencia que tienen los intercambios políticos entre los contendientes en un conflicto bélico. No reconocer el trasfondo político de la confrontación puede llevar a un error de mayores consecuencias: menospreciar y subestimar al oponente. Falla que ha sido criticada de manera abundante por todos los estudiosos de los fenómenos bélicos.

Cabe llamar la atención sobre otra equivocación, esta vez de amplios sectores de la opinión pública. Se entienden los intercambios políticos en el marco del conflicto solo como el 'diálogo' o las 'negociaciones de paz'. Sin embargo, estos no son los únicos.

Cuando existe un conflicto, que pese a su degradación sigue siendo político-violento, las posiciones polarizantes, desdeñosas o inoportunas del gobierno incentivan a las guerrillas a reafirmar su autojustificación y a radicalizarse. Y las de la contraparte también radicalizan a la opinión pública y al gobierno. Todo lo cual calienta las cabezas y se aparta de la verdadera efectividad estratégica, es decir, del avance hacia el logro de la paz. Por eso es importante una acertada identificación del problema, y no hacerlo produce una fisura de implicaciones estratégicas.

La fisura estratégica

En un reciente seminario del grupo de Houston sobre la sostenibilidad de la política de seguridad democrática se hizo evidente la fisura al observar la contradicción entre el gobierno y las Fuerzas Militares.

Mientras que para el general Carlos Alberto Ospina el centro de gravedad estratégico está en "preservar la legitimidad del Estado", el consejero presidencial José Obdulio Gaviria volvió sobre la caracterización gubernamental: "Lo que tenemos es una democracia amenazada por el narcoterrorismo".

Es decir, si se tiene en mente que el concepto de legitimidad es esencialmente político, estamos frente a un conflicto de connotación política. Lo contradictorio entonces es que, si nos atenemos a la posición del gobierno, las Fuerzas Militares estarían ubicando el centro de gravedad donde no está.

Y es de tal importancia la acertada identificación del centro de gravedad, que cuando no se tiene claro se incurre en errores que pueden llegar a producir la derrota o el estancamiento del conflicto y la innecesaria prolongación de la guerra.

En su libro On Strategy (un análisis crítico de la guerra del Vietnam), el coronel Harry G. Summers Jr. demuestra que principalmente por esa equivocación los Estados Unidos perdieron la guerra. Mientras que los norvietnamitas y sus apoyados, los Vietcong, acertaron en identificar el centro de gravedad de los Estados Unidos en "la personalidad de sus líderes políticos sensibilizada por la opinión pública, lo que además obstaculizaba la alianza con el gobierno de Vietnam del Sur".

La potencia mundial creyó que el centro de gravedad eran las guerrillas del vietcong en sí mismas. Algunos estrategas estadounidenses trataron de identificarlo en el ejército de Vietnam del Norte por el apoyo que en todo sentido le brindaba a los Vietcong, pero allí tampoco estaba.

Es pues un asunto vital del arte-ciencia de la estrategia establecer con claridad el centro de gravedad. De ello dependen asuntos de mucha importancia como el esfuerzo principal y las prioridades que se derivan para las líneas de acción.

Algunas consecuencias

En el vacío mencionado se originan varios errores en la implementación de la política de seguridad democrática. El primero de ellos es la manera como el propio Presidente ha cerrado su margen de maniobra política para un posible acuerdo humanitario, una de las pocas herramientas políticas que aún poseen las Farc. ¿No sería más rentable que el gobierno tomara la iniciativa para quitarles esa posibilidad?. Lo ha tratado de hacer con las últimas propuestas pero como no reconoce lo político, estas se han hecho en el vacío.

Otro error es no haber diseñado indicadores de resultados para su política que permitan tener un cuadro objetivo sobre lo que está pasando en los diferentes municipios, donde la 'paramilitarización' fue puesta en evidencia por los medios de comunicación.

Si el gobierno tuviera en cuenta que lo que hay subyacente en el conflicto es una lucha por la legitimidad política, seguramente habría diseñado este tipo de indicadores para medir, entre otras cosas, el nivel de progreso de la democracia. ¿No se trata de seguridad democrática?

El indicador que existe es el nivel de cubrimiento de los municipios con fuerza pública para el control estatal del territorio, lo que si bien es importante porque abre la puerta para la llegada de otras entidades, es insuficiente hasta que no se dé el efectivo arribo de las instituciones civiles. ¿Hay planes en este sentido?

Tal vez se considere que los consejos comunitarios llenan el vacío político, lo que resulta dudoso. Por una parte porque al opacar a las autoridades locales y en general a los organismos del Estado, los consejos tienden a desinstitucionalizar. Y por otra parte, sus efectos no son ni de mediano ni de largo plazos.

En la práctica, con dichos consejos -y medidas como alojar a 'Julián' por dos noches en una suite del Hotel Tequendama- no se está buscando relegitimar al Estado sino a la figura personal del presidente Uribe.

Esto nos lleva a otro punto aún más problemático. Si hay una característica de nuestro régimen político que ha evitado que las guerrillas ganen legitimidad y aumenten su moral de combate es precisamente la institucionalidad del país. Entre otras razones, porque esta institucionalidad ha hecho aparecer hueco el discurso de agravios guerrilleros. ¿A quién echarle la culpa?, ¿a los diferentes presidentes?, ¿a todos los congresistas que han pasado por el poder legislativo?, ¿al poder judicial?, ¿a la Procuraduría?, ¿a los gremios económicos?, ¿a los partidos políticos?, en fin.

Si el gobierno tuviera en cuenta lo político, no expondría a las Fuerzas Militares a un desgaste de su legitimidad con las capturas masivas, que han demostrado que al final son más los inocentes privados de su libertad que los realmente responsables por el delito por el que se les acusa y captura.***

Si tuviera en mente el intercambio político que se puede dar durante un conflicto armado, no habría asumido posiciones públicas respecto a los derechos humanos y derecho internacional humanitario que han hecho pensar a sectores de opinión que son banderas de la izquierda, en contra de la seguridad como bandera de la derecha, cuando la verdad es que estos conceptos no pueden ser excluyentes. En realidad son como hermanas siamesas. Un entorno sin seguridad limita sensiblemente el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos, y tampoco puede haber verdadera seguridad en democracia sin la prevalencia de estos derechos.

Por último, también se deriva de este vacío el manejo que se le ha dado al proceso con las AUC. Hay todavía muchas zonas grises, en buena parte porque se cree que el perdón se opone a la justicia. Y no se vislumbra que se esté aprovechando para desactivar el polvorín que ha constituido a través del tiempo el problema de tierras en el país. En fin, no se está aprovechando para relegitimar al Estado. ¿Será que se está desmintiendo el discurso guerrillero respecto a los paramilitares?

Hay que reconocer que la política de seguridad democrática ha producido diferentes resultados representados en descenso de la violencia, cuyos efectos psicológicos han mejorado la percepción de seguridad de una alta proporción de la gente. Todo ello ha incidido en el ambiente que facilita la recuperación económica del país. No obstante, en la implementación de esa política se mantiene subyacente la equivocación aquí expuesta, que puede llevarnos a una nueva frustración en el camino hacia la paz.

Es más, ya empieza a mostrar síntomas de agotamiento. En el 'empantanamiento' del conflicto al que se refiere el informe número 6 de la Fundación Seguridad y Democracia, al lado de otros factores está gravitando la equivocación político-estratégica del gobierno. Pero ese sería un tema para tratar con más extensión.

* Coronel retirado, especialista en estrategia general, magíster en estudios políticos, profesor de la Universidad de la Sabana.

**Stathis N. Kalyvas, "La ontología de la 'violencia política': acción e identidad en las guerras civiles", Revista Análisis Político del Iepri No. 52, septiembre/diciembre 2004, pp 51-76.

***Según cifras de la Comisión Colombiana de Juristas, Codhes, Asfades y País Libre, entre septiembre de 2002 y diciembre de 2003 han sido detenidas 4.846 personas, de las cuales 3.750, el 77,4%, han tenido que ser puestas en libertad después de unos días, y solo 1096, el 22,6%, han sido procesadas por auxiliar a las guerrillas en una u otra forma, pero aún no han llegado a la etapa de juicio y condena.