Congresistas gringos piden a su Fiscal General colaborar con justicia colombiana en procesos contra jefes de las Auc

El 2 de julio pasado, en medio del júbilo nacional por el rescate de los 15 secuestrados, pasó desapercibida una carta que le enviaron 35 congresistas de Estados Unidos a Michael B. Mukasey, Fiscal General de su país. En esta le piden que en los procesos que lleva contra los jefes de las Auc extraditados en mayo pasado a Estados Unidos, haga todo lo posible para colaborar con la justicia colombiana que está empeñada en esclarecer los crímenes cometidos por los paramilitares en Colombia y desvertebrar sus redes de complicidad.

Esto significa que los fiscales estadounidenses impongan penas severas a los jefes extraditados, que les respondan rápida y eficazmente las peticiones a los fiscales, investigadores y jueces colombianos, que compartan información con ellos, que permitan que las víctimas participen en los procesos, y, si hacen tratos con algunos de los 15 jefes paramilitares para conseguir delaciones frente a los delitos de narcotráfico cometidos en Estados Unidos, que esos tratos incluyan delaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia y sobre los que les ayudaron a cometerlos.

La carta hace especial énfasis en la necesidad de que ayuden a esclarecer los asesinatos de sindicalistas colombianos.

Estos son algunos de los puntos centrales de la carta:

Los congresistas dicen que les complace que estos criminales sean juzgados por narcotráfico a Estados Unidos, pero al mismo tiempo le piden al Fiscal que tenga en cuenta las horribles violaciones a los derechos humanos que estos hombres han perpetrado en Colombia.

Explica que la justicia colombiana ya está investigando muchos de estos crímenes de lesa humanidad, luchando así contra la impunidad de la que tradicionalmente gozaron los abusos cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia. Incluso, asegura la carta, saben que algunos de los paramilitares extraditados están vinculados o son fuentes importantes de información en casos de asesinatos de líderes sindicales.

Dicen los congresistas, sin embargo, que esta investigaciones judiciales sin precedentes están aún en etapa prematura y aún falta mucho para asegurar que en “Colombia efectivamente cese la influencia de paramilitares en sus sistemas políticos y militares; para que desmantele sus redes criminales y éstas no continúen operando bajo nuevo liderazgo; y haga responsables no sólo a los paramilitares sino también a sus colaboradores por innumerables abusos de derechos humanos y otros crímenes graves”.
Le recomiendan los senadores al Fiscal que investigue a estos hombres de manera vigorosa, que asegure que recibirán las penas más severas por los cargos por los que sean sentenciados y que impongan nuevos cargos contra ellos por otros actos criminales, como la tortura, delito que aún cometido en el exterior, puede ser procesado en Estados Unidos, según una norma de ese país. “Le pedimos que tenga en mente que asuntos más graves están en juego en estos procesos, es decir permitirle a la nación colombiana la oportunidad de dar consuelo a los familiares de las víctimas de las Auc e impartir justicia a todos aquellos que fueron o son cómplices de los actos perversos de las Auc”.

Por eso le piden al Fiscal General estadounidense que haga que en el manejo de estos casos, sus fiscales colaboren plenamente y de manera expedita con las autoridades colombianas, los fiscales, los investigadores de la Corte Suprema, los procuradores, los defensores y los jueces, particularmente aquellos que llevan los casos de asesinatos contra sindicalistas. Los congresistas consideran que si los fiscales estadounidenses que llevan los casos contra los paramilitares extraditados se familiarizan con la evidencia sus complejas redes criminales, ya recogida en Colombia, se beneficiarán mutuamente.

Le piden además al Fiscal, que no le den beneficios judiciales a estos hombres solamente a cambio de que ellos ayuden a esclarecer los crímenes cometidos en Estados Unidos, sino que cualquier trato con ellos dependa también de qué tanto colaboran con la justicia colombiana en liberar al país de los vestigios del horror de las AUC y sus redes de influencia.

También le solicitan que tenga en cuenta a las víctimas de las AUC y a sus familiares, posiblemente permitiéndoles participar en los procesos en Estados Unidos, no sólo aportando evidencia, sino también como testigos de los juicios, vía videoconferencias.

La carta dice que nadie duda que la extradición de casi toda la cúpula de las Auc fue un duro golpe a los paramilitares y que ahora no podrán seguir mandando sus organizaciones y cometiendo crímenes, pero que de seguir estas recomendaciones, la justicia estadounidense tiene la oportunidad de ayudarle a Colombia en el desarrollo de un proceso legal, independiente, efectivo y sostenible para castigar violaciones a los derechos humanos que han estado en la impunidad por demasiados años.

La carta está firmada por James McGovern, George Miller, John Lewis, Maurice Hinchey, Sam Farr, Donald Payne, entre otros miembros del Congreso de Estados Unidos.

Varias organizaciones activistas de los derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch,  fueron fundamentales en conseguir el amplio respaldo legislativo a esta carta en beneficio de la justicia colombiana.