Consejo de la judicatura cierra boquete para excarcelación de ‘parapolìticos’

Los 14 congresistas presos por vínculos con las autodefensas acaban de quemar una de las cartas que pretendían jugarse en busca de su libertad. Tras argumentar que acudirían a todas las instancias legales para tratar de desvirtuar las acusaciones en su contra, a los legisladores les apareció esta semana una ilusión. Se trataba del argumento jurídico según el cual el delito de concierto para delinquir no existe. Siendo este tipo penal el eje central de las órdenes de captura en su contra, lo procedente sería entonces la excarcelación de los congresistas privados de la libertad.

Pero a dicha interpretación había que darle sustento legal y fue por ello que el senador Luis Eduardo Vives, uno de los capturados por el escándalo, solicitó una acción de tutela que en reparto correspondió a la magistrada Leonor Perdomo. La ponencia de Perdomo, a favor de la petición del congresista, fue radicada esta semana e ilusionó más a los implicados.

Perdomo es la misma magistrada que en marzo pasado permitió la excarcelación de Jorge Noguera, quien fuera director del DAS durante la época de la infiltración paramilitar a la entidad y de la zonificación electoral decretada por el grupo armado, hechos que tienen tras las rejas a los legisladores. Noguera volvió a prisión cuando su caso fue asumido por el fiscal general, Mario Iguarán.

La ponencia de la magistrada Perdomo volvió a levantar ampolla y a prender las alertas sobre lo que sería la caída del proceso por la ‘parapolítica’. Pero este miércoles el tribunal informó que los compañeros de Perdomo no compartieron su ponencia (salvo Rubén Darío Henao, quien aspira a un cupo en la corte Constitucional) y fue derrotada 5-2, con lo cual la Judicatura no solo respalda las investigaciones de la Corte Suprema sino que deja claro que el argumento de la inexistencia del delito es falso. Según lo señalado por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, a la que pertenece Perdomo, la medida de aseguramiento está ajustada a derecho, pese a que el solicitante cree que en Colombia solo hay concierto para delinquir y no “concierto para delinquir agravado”.

El propio ministro del interior, Carlos Holguín, había manifestado, horas antes de que los magistrados de la Judicatura decidieran sobre el tema, que en su concepto sí existen circunstancias de agravación punitiva para el concierto para delinquir. En este caso, se trata de unos congresistas acusados de pactos con las autodefensas para beneficiarse de la repartición de votos, coartando la libertad de los sufragantes, engañando a las autoridades electorales y, en algunos casos, intimidando a rivales políticos.

Para la Judicatura no se trata solo de la existencia del delito, sino de la acertada práctica de pruebas efectuada por la Corte. El argumento jurídico de Vives ni siquiera le alcanzó para que se cumpliera su solicitud de detención domiciliaria. De esta forma la ilusión de los congresistas presos se desvaneció de un plumazo.

Entre tanto la sala penal de la Corte Suprema vinculó mediante llamado a versión libre a otros tres congresistas, todos caldenses, al proceso por la parapolítica. Se trata de los representantes liberales Dixon Tapasco y Emilio Enrique Ángel y de la senadora Adriana Gutiérrez, del Partido de la U, una de las legisladoras más cercanas al presidente Álvaro Uribe y al ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.
Mientras el proceso contra los políticos salpicados avanza, el gobierno intenta despejar el camino en el Congreso para el anunciado proyecto que permitiría que los militantes de base de las autodefensas sean considerados como “sediciosos”. La confusión en torno a los verdaderos alcances y consecuencias de la propuesta quedó demostrada en la sesión del miércoles, en la Cámara de Representantes.

Algunos legisladores sospechan que más que resolver el problema jurídico para los 19 mil desmovilizados de base de las autodefensas, el Ejecutivo busca favorecer a los comandantes de ese grupo armado señalados de decretar masacres, desplazamientos y otros delitos de lesa humanidad. Mientras los uribistas sostienen que hay que respaldar el proceso, congresistas liberales como Germán Olano le pidieron al gobierno que aclare si la iniciativa les permitirá a los capos de las autodefensas hacer política y burlar la extradición.