Corte Suprema definirá hoy la suerte de congresistas vinculados con ‘parapolítica’

La Corte Suprema de Justicia definirá este miércoles la suerte de los congresistas que firmaron el ‘acuerdo de Ralito’ de julio de 2001 con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Diego Vecino, Don Berna y Jorge 40. Tras analizar la copia del documento entregada a la justicia por el propio Mancuso, el alto tribunal resolvió anunciar hoy su determinación respecto al caso. La mayoría de los magistrados se inclinan por llamar a versión libre a los parlamentarios para que expliquen las razones de su presencia en la cita de Ralito y digan si es cierto que hubo otros tres encuentros.

La cuestionada reunión tenía como objeto definir los términos para “construir una nueva Patria” y se produjo por la mayor época de terror del paramilitarismo en el país.
Dado que varios de los congresistas que firmaron el documento aseguraron inicialmente que no habían asistido a la reunión y ahora alegan que lo hicieron bajo presión, los magistrados deben definir primero bajo qué condiciones se realizó el encuentro, en calidad de qué asistieron los congresistas (dicen que algunos eran promotores de la reunión) y cuales fueron las consecuencias del encuentro.

No obstante, abogados expertos en temas penales y constitucionales como el ex vicepresidente Humberto de la Calle creen que de entrada se configuró el delito de omisión de denuncia porque los 32 firmantes de la carta sabían que los cuatro jefes paramilitares eran prófugos de la justicia.

A este panorama se suman las versiones que ya recibió la Corte a media docena de congresistas a finales del año pasado por supuestos vínculos con los jefes de autodefensas, quienes les habrían ayudado militar y hasta económicamente para la campaña electoral de 2002.

En este grupo están involucrados congresistas tan influyentes como Mauricio Pimiento, Jorge Caballero y Álvaro Araujo. El caso de Araujo parece ser el más complicado, no sólo por sus declaraciones auto incriminatorias ante los medios de comunicación, sino porque esta semana la revista Cambio publicó una declaración del ex candidato al congreso Víctor Ochoa Daza, quien asegura que Araujo intrigó ante Jorge 40 para que lo secuestrara en plena época electoral. Ochoa fue plagiado cuando era uno de los candidatos más fuertes de Cesar para las elecciones de Senado de 2002. Su fórmula para la Cámara, Juana Bautista Ramírez, también testificó ante la Corte y aseguró que ante la ausencia de Ochoa fue obligada a presentarse como segundo renglón en la lista de Araujo, quien logró su paso de Cámara a Senado con más de 79 mil votos.

Según el presidente de la sala penal de la Corte, Alfredo Gómez Quintero, la sala no se ha pronunciado sobre los congresistas que ya rindieron indagatoria porque decidió practicar pruebas adicionales, algunas de ellas solicitadas por los congresistas procesados.

Liberalismo dividido

Mientras la justicia decide la suerte jurídica de los legisladores, los partidos políticos a los que ellos pertenecen comenzaron a tomar determinaciones políticas sobre la materia.
Por los lados del Partido Liberal la situación es bastante tensa. Este miércoles el senador Juan Manuel López Cabrales, el único de ese partido que firmó el documento de Ralito, decidió marginarse de la colectividad mientras la justicia define su situación.

López, reconocido contradictor de los paramilitares en Córdoba y enemigo declarado de Salvatore Mancuso, aseguró que su asistencia a la cita de Ralito con los jefes paramilitares se debió a que fue obligado por esos actores armados. Para la época de la cita López estaba amenazado de muerte por Mancuso y por esos muchas personas de la región dudan que haya hecho parte del complot de la parapolítica.

Sin embargo, su firma aparece en el documento presentado por Mancuso como constancia de la reunión. Es posible que, como lo asegura López, los paramilitares hubieran obligado a los asistentes a firmar una hoja de asistencia que ahora hacen pasar como la aceptación de las bases del ‘acuerdo’. Pero de todas formas la sola presencia de López en la reunión puso en aprietos al liberalismo, partido que había sido enérgico en sus denuncias contra el paramilitarismo.

En medio de ese ambiente de tensión las directivas liberales encabezadas por César Gaviria respaldaron a López de manera pública, pero se enfrentaron a un debate interno que terminó con la renuncia del dirigente cordobés al aval del partido. El ex candadito presidencial Horacio Serpa considera que al precipitar la salida de López el liberalismo se está equivocando y “echándoselo a los leones” que combatió desde la plaza pública durante muchos años.

El Partido de la U le propuso al presidente Álvaro Uribe sacar del Congreso a los miembros de Cámara y Senado de esa bancada involucrados en el escándalo. La Casa de Nariño le pidió a los siete partidos uribistas que estudien la propuesta.

Dicha medida, que algunos califican como ejemplarizante, podría convertirse en un beneficio para los implicados, pues al estar fuera del Congreso les facilita el traslado de su caso a la Fiscalía, en donde cuentan con una doble instancia para ser juzgados, se someterán a procesos más largos y dilatados y hasta tendrían mayor margen de maniobra a través de sus fichas políticas en las regiones.

Por los lados del Partido Conservador la decisión adoptada fue la de dejar en manos del Comité de Ética la investigación interna contra los involucrados, entre quienes figuran el senador Julio Manzur, presidente de esa colectividad.