Del reino de las armas al reino del miedo

Diez años después de finalizado el proceso de disolución de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) las acciones de estos ex paramilitares aún se sienten en las comunidades guatemaltecas, en particular en amplias regiones rurales.

Así se ha dado a conocer a través de diversos pronunciamientos realizados por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, el primero de ellos llamado Mapa de conflictos en Guatemala, un análisis local, realizado en agosto de 2005 en los 18 departamentos del país.

En este documento, se identificaron 37 temas de tensión y conflicto entre las comunidades, entre ellos se incluyó el de los ex patrulleros de autodefensa civil. “La razón de la tensión radica en que no se les quiere indemnizar según lo prometido”, señala el Ministerio Público.

En diversos departamentos se vincula esta tensión a la manera cómo los ex patrulleros exigen el pago de la remuneración que se ha dado a través de medidas de hecho. El temor no es gratuito. Por ejemplo, el pasado 29 de agosto, cerca de 200 ex PAC se tomaron la sede de la gobernación del departamento de Jalapa, en demanda de la compensación, pues alegaban que los habían dejado al margen del primer pago, realizado en 2003.

En un segundo pronunciamiento, divulgado en enero de 2006, la Procuraduría de los Derechos Humanos expresó su preocupación frente al proceso de descentralización en el departamento Alta Verapaz, “que ha sido opacado por la presencia de ex Patrulleros de Autodefensa Civil y ex comisionados militares, en la conformación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes)”.

Según la Procuraduría, este fenómeno le resta participación a la dirigencia comunitaria. “Los ex paramilitares aún manejan el concepto de imposición lo que ha incidido en la poca participación de la gente en los espacios de decisión comunitaria”.

Pero esas presiones locales también han llegado a las alcaldías. De acuerdo con Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG). “Si alguien aprendió a usar el poder local fueron los paramilitares. El partido de derecha FRG (Frente Republicano Guatemalteco), de la mano de los ex patrulleros, ganó en 118 alcaldías de las 331 que tiene el país”.

Pero la utilización política de esta fuerza electoral, que concentra más de 600.000 ex patrulleros, no es asunto del pasado. En la actual etapa electoral, de cara a las próximas elecciones presidenciales del 1 de noviembre de 2007, ya se escuchan quejas.

A finales de agosto pasado, un grupo de ex PAC denunció que el partido de gobierno, la Gran Alianza Nacional (Gana), los estaba obligando a afiliarse a él para recibir el segundo pago de la compensación prometida por los servicios prestados al Estado durante el conflicto armado, entre los años 1981 y 1996.

El trabajo en seguridad

A Carlos Morales, coordinador de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (Uvoc) y quien continuamente es amenazado de muerte por su liderazgo en la reivindicación agraria, le preocupa la situación de los ex patrulleros de autodefensa civil.

“El ex PAC que se mantiene en una comunidad organizada, es moderado, trabajador y respetuoso de las normas sociales; pero aquel ex PAC que no vive en comunidades organizadas es el primero que responde cuando las Fuerzas Armadas los convocan y cuando los políticos los requieren en las elecciones”, dice Morales.

Este dirigente advierte que los terratenientes están recurriendo a la conformación de grupos de seguridad privada, integrados por los mismos campesinos para presionar el desalojo de fincas, ocupadas por labriegos que no poseen títulos de propiedad, pero sí muchos años acumulados de trabajo.

“En el parque central de la ciudad de Coban estaban ofreciendo trabajo, con buen salario y todas las prestaciones de ley, para trabajar en seguridad. Muchos ex PAC aceptaron porque hay mucha pobreza. El objetivo, atacar a los campesinos que reclaman tierras”, cuenta Morales.

De acuerdo con Sandino Asturias, a quienes aceptan ese trabajo de seguridad, “les pagan 200 dólares mensuales, les dan una escopeta, no les brindan cursos de formación y, simplemente, reciben la orden de disparar si ven a alguien en los terrenos privados”.

Y justamente, uno de los casos más recientes de enfrentamientos entre campesinos, que dejó dos muertos, ocurrió el 8 de julio pasado, durante el desalojo de la finca Moca, ubicada entre los municipios de La Tinta y Senahú, departamento Alta Verapaz.

Según Carlos Morales, “fueron atacadas 280 familias que habitan el lugar, que son hijos, nietos y bisnietos de los campesinos que trabajaron allí durante muchos años para los alemanes, los propietarios del predio. Quienes agredieron a estas familias fueron campesinos contratados para garantizar la seguridad del predio”.

La abogada Claudia Samayoa, del Movimiento de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, señala que dentro del millón de personas que conformaron las PAC, “siguen, a la fecha, cerca de 25.000 patrulleros bajo el control militar y como el más típico paramilitarismo, activados como sicarios”.

“En el municipio de Santa Lucia de Cusimiguapa tengo varios defensores de derechos humanos atacados en donde funciona 60 bandas de sicarios o paramilitares, todos ex PAC”.

Vista de esta manera, en Guatemala las pugnas por la tierra y el poder local siguen siendo asuntos conflictivos que no fueron superados por los acuerdos de paz firmados el 29 de diciembre de 1996 entre el Gobierno de Guatemala y la Urng (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) y que le pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno. Se teme que la historia vuelva a repetirse.

(*) Editor Agencia de Prensa IPC
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