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| 4/17/2005 12:00:00 AM

Desaparecer el espejo

¿Busca el gobierno silenciar una voz que se ha convertido en un espejo que nos refleja una realidad atroz?

Redefinir la relación del Estado colombiano con el sistema de Naciones Unidas no es una iniciativa de poca monta: programas y agencias operan en el país y su impacto en el campo humanitario es considerable. Para garantizar su eficiencia, una operación de semejante magnitud requiere profesionalismo, coordinación y transparencia. Es conveniente -y debe celebrarse- que Colombia insista en ello. Sin embargo, el grueso de los esfuerzos de la administración Uribe parece no estar dirigido a optimizar la presencia "onusiana" sino, más bien, a marginarla. La salida del asesor especial del Secretario General constituyó una primera manifestación. Ahora, surgen, cada vez con mayor insistencia, especulaciones sobre una modificación al mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Colombia.

Esta Oficina se rige por un convenio cuidadosamente negociado entre la ONU y el gobierno de Colombia en 1996. El texto define dos grandes áreas de trabajo: una de observación y otra de asesoría. Para cumplir sus funciones, la Oficina puede "recibir quejas sobre violaciones a los derechos humanos y otros abusos, incluidas las infracciones a las normas humanitarias aplicables en los conflictos armados." Es más, a pedido del gobierno Samper, el mandato obliga a la Oficina a tener en cuenta "el contexto de violencia y conflicto armado interno". En aquel entonces, se buscaba así extender la observación a la conducta de los grupos armados ilegales para someterlos -también a ellos y no sólo a los agentes del Estado- a la condena internacional.

El gobierno actual ha resuelto que no existe conflicto armado en Colombia. Por eso, es lógico que pretenda obtener un replanteamiento de las tareas de la Oficina. Según fuentes periodísticas, se estaría buscando un doble propósito: concentrar sus actividades en la cooperación técnica así como dejar por fuera la observación del derecho internacional humanitario. De esta forma, el gobierno gana por ambos lados: obtiene una Oficina dedicada a labores técnicas -algo poco polémico- y, a la vez, la retira del escenario en el cual se produce la crisis humanitaria.

Queda en el aire una pregunta: ¿se desea de esta forma silenciar una voz que, a lo largo de los años, se ha convertido en un espejo que nos refleja una realidad atroz? Contribuye a la duda el hecho de que este interrogante se plantea en el momento en que la Oficina tiene el mayor peso político de su historia en Colombia. Cada declaración de la Unión Europea hace referencia a sus recomendaciones y sus pronunciamientos son cada vez más escuchados en el Congreso.

Vale la pena recordar que los rumores no han sido confirmados ni por el gobierno ni por la Oficina pero tampoco han sido desmentidos. Al final, pase lo que pase, el debate sobre la suerte de la Oficina debe servir para poner sobre la mesa el verdadero problema: la situación de los derechos humanos en Colombia continúa siendo "crítica".

*Profesora de la facultad de finanzas, gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

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