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| 7/30/2005 12:00:00 AM

Desplazados

Más de un millón de colombianos han sido desplazados de sus tierras por los grupos armados en la última década. Aunque el gobierno ha avanzado en su atención de emergencia, la tragedia de los destechados continúa. SEMANA.COM ofrece a sus lectores un breve resumen que permite acceder a los artículos publicados por la revista sobre el tema

El 29 de junio de 2005 el alto gobierno le rindió cuentas a los desplazados por la guerra. En una audiencia sin precedentes convocada por la Corte Constitucional los ministros del Interior, Defensa, Protección Social, Educación, el director de Planeación Nacional y de la Red de Solidaridad Social explicaron cómo cumplieron con la sentencia de la Corte Constitucional que en septiembre de 2004 ordenó al Estado tomar en serio el drama que padecen más de un millón de colombianos que huyeron de sus tierras para salvar sus vidas.

La Defensoría, la Procuraduría, las ONG de desplazados y ACNUR dijeron a la Corte que si bien el gobierno mostraba avances, aún le faltaba mucho para cumplir con la ley de desplazados. Ahora la Corte tendrá que decidir si abre un incidente de desacato contra alguno de los ministros o si aumenta el plazo para cumplir con la sentencia.
En septiembre de 2004, la Corte analizó 108 tutelas interpuestas desde el 2003 por más de mil familias y llegó a la conclusión obvia: la crisis humanitaria de los desplazados es de tal magnitud que lo que en realidad existe es una "violación masiva, prolongada y reiterada" de los derechos fundamentales de este grupo debido a una falla estructural del Estado.
Ocho de cada 10 desplazados se encuentran en situación de indigencia. Los hogares desplazados consumen menos de la mitad de calorías recomendadas por el Programa Mundial de Alimentos y 23 por ciento de los menores de 6 años están absolutamente desnutridos, según un estudio del PMA. Los desarraigados no son sólo los más pobres entre los pobres sino que en promedio tienen seis veces más probabilidades de morir antes que el resto de colombianos de su edad.
La Corte encontró que frente a esta situación tan dramática los gobiernos vienen desde 1997 haciendo esfuerzos importantes pero insuficientes. Sobre todo porque gran parte de los compromisos que han asumido frente a la población desplazada se han quedado en el papel por falta de plata, por una precaria capacidad administrativa y por falta de voluntad política.
Aunque existen experiencias interesantes desde el gobierno como las aldeas productivas en Puerto Gaitán, en los límites con Vichada, alianzas con el sector privado para contratar destechados y programas de apoyo de ONG para proveerles un techo, educarlos o sanar sus secuelas emocionales el drama de los desplazados sigue desbordando las capacidades del Estado.
Entre 1998-2002 sólo el 43,32 por ciento de los hogares registrados por la Red recibieron la atención humanitaria de emergencia. Más de la mitad de los desplazados no recibieron ni siquiera el apoyo mínimo de alimentos y refugio para sobrevivir durante los tres primeros meses que ordena la ley.
Pero mientras continúe la guerra seguirá el desplazamiento y el hacinamiento de los desarraigados en las ciudades receptoras como Medellín y Soacha. Los grupos armados lo utilizan como estrategia para controlar el territorio y repoblarlo con gente afín a su proyecto y para hacerse a tierras valiosas donde cultivar coca y contar con una base social y electoral.
Con la sentencia de la Corte, sin embargo, los desplazados se han hecho oír sin necesidad de apelar a soluciones de fuerza como la toma de edificios como lo hicieron en 2001 cuando ocuparon la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en Bogotá. Quizá su vida finalmente tome un mejor rumbo.


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