Discurso completo del presidente Álvaro Uribe

“Acudo hoy a rendirle un homenaje a la institucionalidad colombiana, a la justicia, en cabeza de la Honorable Corte Suprema de Justicia que ha adquirido la mayor credibilidad nacional, en un proceso largo y sólido, ya añejo para bien de la República, de contribución a la profundización del Estado de Derecho, del Estado de Leyes.

La larga tradición colombiana de fomento, de práctica, de perfeccionamiento del Estado de Derecho está, en muy buena parte, atada a la solidez de la Corte Suprema de Justicia.

Con su práctica, nos ha facilitado aprender la enseñanza básica del Estado de Derecho, el estado en el cual el gobernante, por encima de cualquier otro, se tiene que someter de manera más rigurosa a la ley heterónoma, externa a él, no producto de su capricho, sino del procedimiento legislativo riguroso, controlado, originado en el debate popular.

Al rendir este homenaje a la Corte Suprema de Justicia, quiero agradecer inmensamente la presencia de los Presidentes de las diferentes Cortes, de los diferentes Tribunales Internacionales. Honran a Colombia, honran a nuestra justicia.

Llegan ustedes al país en un momento institucional muy importante, de prueba de instituciones.

Permítanme decir que he venido sosteniendo la tesis que a nuestra América Latina no se le puede seguir dividiendo con los polarizantes criterios de izquierda o de derecha que quedaron en el pasado. Hay que mirar es, cómo avanza cada país en grados de democracia y para ello es fundamental la justicia que representa nuestra Corte Suprema de Justicia y que ustedes encarnan en las instituciones que esa justicia representa en cada uno de sus países.

Nosotros estamos defendiendo la tesis de que en esta época en la cual las dictaduras quedaron atrás, donde lo que tenemos que hacer es mejorar las democracias, hay cinco elementos que las configuran: la seguridad con alcance democrático —que solamente es perdurable, sólida y creíble en la medida que haya una justicia eficaz, imparcial, transparente-, el goce de las libertades públicas, la construcción de cohesión social, la transparencia y el respeto a la independencia de las diferentes instituciones que conforman el Estado. Los viejos conceptos de izquierda o de derecha han quedado sometidos a lo que tiene que ser una democracia moderna.

La seguridad fue muchas veces rechazada por quienes eran voceros de las izquierdas, pero finalmente han tenido que reivindicarla porque es la única manera como ha sido posible que desarrollen su proyecto político, tal cual como se demuestra en Colombia.

Lo que ha evolucionado muy favorablemente y que aquí en Colombia lo hemos entendido y practicado, es que la seguridad no puede ser un concepto de la derecha para excluir, eliminar el disenso, maltratar la controversia. Tiene que ser un valor democrático para el pluralismo.

La derecha reclamaba libertades para sí y las negaba para la oposición.

La izquierda denostaba de las libertades, les daba un tratamiento peyorativo, señalándolas simplemente como unas libertades formales que realizaban la tarea de reproducir las condiciones de inequidad y de explotación.

Hoy todo el mundo las requiere, sin esas libertades, ningún proyecto político puede avanzar y esas libertades están totalmente sustentadas en la Seguridad Democrática y en ese elemento tan importante de la Seguridad Democrática que es la justicia.

La relación entre seguridad y cohesión social ya se entiende que es totalmente convergente, que no son categorías excluyentes. La seguridad es una fuente de recursos sin la cual no se puede construir la cohesión social. Y la cohesión social es un imperativo sin el cual la seguridad no se hace sostenible.

Las instituciones independientes son una garantía del perdurable funcionamiento del Estado de Derecho. Y la transparencia se constituye en la garantía de credibilidad. Tan importante como el sometimiento del funcionario, del gobernante, a la ley y que constituyen los dos principios esenciales, diferenciales por excelencia, del Estado de Derecho.

Esa credibilidad en la transparencia es lo que permite que haya una opinión pública participativa y legitimadora de las instituciones y ese grado de participación de opinión pública, de la mano del sometimiento del gobernante a la ley, configuran los principios fundamentales del Estado de Derecho.

Y la protección de ese Estado de Leyes, durante todas estas décadas, ha reposado fundamentalmente en la Corte Suprema de Justicia, a la cual el país entero y la comunidad democrática internacional, le rinde merecido homenaje en esta semana.

Permítanme, honorables magistrados —y muy especialmente pido la licencia de los visitantes internacionales- para referir esta mañana a tres temas de importancia en la vida del país en este momento: el tema de la reglamentación de la acción de tutela, el tema del proyecto de la ley de penas y el tema de la investigación y juzgamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia a congresistas vinculados a grupos paramilitares.

LA TUTELA

La Constitución del 91 —con aciertos y desaciertos- entre los aciertos más notables está la acción de tutela. Logró en este país que la ciudadanía empezara a percibir la Constitución como algo material, tangible, asible, inmanente, no trascendente; como algo cercano al pueblo, a cada ser humano, a la vida cotidiana. Y eso ha ganado mucha legitimidad para el Estado de Derecho en Colombia.

¿Cuál ha sido nuestra posición sobre la materia? Cuando empezaba el Gobierno en 2002, el entonces ministro (del Interior y Justicia) Fernando Londoño Hoyos presentó un proyecto —que yo como Presidente de la República apoyé- con varios puntos de reforma a la justicia, uno de los cuales era el artículo de que en el órgano de cierre de cada jurisdicción, se surtiera un proceso especial que reemplazara la competencia atribuida a la Corte Constitucional, para ser finalmente, el órgano que conoce de tutelas sobre sentencias de las diferentes Cortes.

Ese proyecto no tuvo éxito. Creo que posibilitó que una discusión nacional que se surtía en voz baja, se expresara ampliamente y eso es bueno. No hay nada mejor que lograr que los rumores se extroviertan. No hay nada peor que mantener debates solamente a nivel de rumores. No hay nada mejor para la asepsia democrática que abrir los debates sobre todos los temas.

Esa iniciativa del ex ministro Fernando Londoño, permitió que ese debate aflorara y permitió que quienes habían estimulado esa tesis en el rumor, en la tertulia, tuvieran que confrontarla de cara a la opinión. Y empezamos a advertir una sensata reacción popular contra esa propuesta, que el Gobierno tiene que oír, el Gobierno democrático.

Después, el Gobierno buscó acuerdos entre las diferentes Cortes. Búsqueda infructuosa, no se lograron. Se intentó presentar un nuevo proyecto de reforma constitucional, no fue posible. Particularmente, me comprometí en público, en privado, a que haríamos todos los esfuerzos para buscar el mayor nivel de consenso entre las diferentes Cortes para definir la competencia de conocimiento de las acciones de tutela contra sentencias de los órganos de cierre. Hicimos todos los esfuerzos, infructuosos.

Entró en consideración, en mi persona como Presidente de la República, este elemento: estemos o no de acuerdo con ellos, la Constitución del 91 vigente en Colombia, le atribuyó a la Corte Constitucional la competencia de órgano de cierre de la jurisdicción de protección de la Constitución.

Algunos pensamos —y me pronuncié públicamente en la época- que el control constitucional que durante décadas había ejercido la Corte Suprema de Justicia, había sido correcto, adecuado, sólido. Pero todas esas discrepancias quedan anuladas en el momento que aparece un nuevo órgano consagrado por la Constitución: la Corte Constitucional. Y a ese órgano se le atribuye la misión superior de guarda de la Constitución.

Cuando uno mira la tesis de que se debe respetar el órgano de cierre de cada jurisdicción, también tiene que reconocer que el órgano de cierre en materias constitucionales es la Corte Constitucional. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para la tesis de la reglamentación que no del despojo de la competencia a la Corte Constitucional. Es el órgano de cierre de materias constitucionales en el ordenamiento jurídico colombiano.

Yo he preferido asignarle toda la importancia a la búsqueda de consenso, pero cuando avanza lo que ha sido la disputa de jurisdicciones, el Presidente de la República tiene que cumplir la misión de Jefe de Estado y proponer iniciativas que, sin afectar la independencia de las ramas del poder, puedan superar esas querellas. Querellas dañinas para la armonía que debe primar dentro de la independencia.

Por eso, fracasados los intentos de encontrar el mayor consenso sobre la materia entre las diferentes Cortes. Por eso, profundizadas las querellas, angustiado el país por el choque de jurisdicciones, tomé la decisión de impulsar una reglamentación, que sin despojar a la Corte Constitucional del conocimiento de la competencia de conocer tutelas sobre sentencias de las otras Cortes, sometiera ese conocimiento a reglas que, a la Nación y a todas las instituciones, dieran mayor tranquilidad.

Así lo dije, en la campaña presidencial que terminó el 28 de mayo, públicamente. Posteriormente, el 5 de julio fuimos invitados a celebrar los 15 años de la promulgación de la Constitución del 91 —se cumplieron un día festivo 4 de julio- y acudimos a un foro a celebrar esos tres lustros del 5 de julio. Allí repetí la necesidad de incorporar la reglamentación.

Antes de asumir la Presidencia de la República, visité todas las Cortes en compañía del entonces ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt y recuerdo que, cuando expresé esta tesis, con respeto pero con franqueza, en el hemiciclo de la Corte Suprema de Justicia, hubo mucha reacción en contra que la recibí respetuosamente. Un debate sano. Los debates con argumentos, con total respeto personal, ayudan inmensamente en el diario proceso de construcción democrático.

El 20 de julio, al anunciar la agenda legislativa en el momento en que instalábamos el nuevo Congreso, también me referí a la necesidad de reglamentar el ejercicio, por parte de la Corte Constitucional, de su competencia —de la cual no debe ser despojada- de conocer de acciones de tutela contra sentencias de las otras Cortes. Y en congruencia con todo ello, el Gobierno presentó el proyecto de acto legislativo a consideración del honorable Congreso.

Quiero insistir en ello y lo hago con todo el respeto y con toda la admiración por la Corte Suprema de Justicia e insistir aquí, donde tiene que ser, de cara a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Creo que no le queda bien al país que sigamos con la incertidumbre de la pugna de jurisdicciones. Creo que el consenso sobre la reglamentación se puede lograr. Pienso que para evitar distorsiones jurisprudenciales sobre ese consenso, en aras de la seguridad jurídica, es mejor que esa reglamentación quede en el nivel constitucional, que en el nivel de ley estatutaria.

Y, en favor de esa reglamentación, independientemente de que hubiéramos estado de acuerdo o no, con las definiciones de la Constitución del 91, reconociendo objetivamente el derecho institucional vigente hoy en nuestra Patria, invoco estos tres argumentos: primero, la Corte Constitucional es el órgano de cierre en materia constitucional. Segundo, los derechos fundamentales —que son los llamados a ser protegidos mediante la acción de tutela- están en el nivel constitucional. Derechos sociales que han sido también tutelados, se han tutelado no por tutelar en sí el derecho social, sino por su relación con el derecho fundamental. Y esa materia es tan delicada, que no admite dispersión jurisprudencial.

Y ahí llegamos al tercer argumento, para tener unificación jurisprudencial, que le da más certeza, más seguridad jurídica al país a futuro, que despojar a la Corte Constitucional de esta competencia, es mejor tener unificada esa competencia en cabeza de una sola Corte, de la Corte Constitucional.

Cuando algunos compatriotas se acercan a mi me dicen que ellos se oponen a algunos fallos de la Corte Constitucional, que esos fallos han creado inseguridad jurídica en Colombia, que por eso hay que despojar a la Corte Constitucional de la competencia para conocer de las acciones de tutela contra las sentencias de las otras Cortes, les he dicho: es menos difícil lograr seguridad jurídica a través de la jurisprudencia cuando una sola Corte es la competente sobre la materia, es la que le tiene que responder a la opinión pública sobre la materia, que cuando esa responsabilidad se dispersa entre las diferentes Cortes.

Finalmente, lo que garantiza la certeza jurídica es la legitimidad de opinión a los fallos de las Cortes. Eso es lo normal en el Estado de Derecho. Y esa legitimidad de opinión necesita saber a quién hace responsable. La asignación de responsabilidad política es una institución esencial del moderno Estado de Leyes.

Cuando se dispersan las competencias, como se ha propuesto con la tesis de que cada órgano de cierre conozca de un recurso equivalente al de la acción de tutela, en lo que tiene que ver con su jurisdicción, al dispersar esas competencias, se le dificulta a la ciudadanía asignar responsabilidades. Al contrario, al unificar esa competencia bien reglamentada, se le facilita a la ciudadanía asignar responsabilidad. Y esa asignación de responsabilidad es lo que finalmente llama la atención de la Corte competente para no repetir errores, para darle al país total estabilidad jurídica y económica.

Sé que esta tesis es controversial pero prefiero, honorables Magistrados cumplir el deber de decirlo acá, con todo el respeto personal y no incurrir en la práctica que da mal ejemplo de salvar en frente de los interlocutores, las reglas de cortesía y después proceder, en ausencia de los interlocutores, a ventilar los desacuerdos.

Los invito a unas reflexiones sobre esta materia, con todo el respeto que profeso por la Corte Suprema de Justicia, los invito a buscar el acuerdo sobre el contenido de la materia reglamentaria para que la Corte Constitucional continúe ejerciendo el conocimiento de las acciones de tutela sobre sentencias de los órganos de cierre, de las diferentes jurisdicciones.

LEY DE PENAS

Permítanme referir a un segundo tema, el tema de la ley de penas propuesta por el Gobierno Nacional al Congreso de la República.

Para nosotros la justicia es una pieza fundamental de la Seguridad Democrática. He dicho que la acción militar y policiva es el gran factor que tiene que producir un quebrantamiento a las mafias de crimen, con lo cual se facilita la sostenibilidad de la política de Seguridad Democrática, que a la postre reposa en la acción de la justicia.

El país ha dado importantes pasos: la reforma constitucional que introduce el régimen acusatorio, el paso de incorporar la oralidad en el proceso, la actualización de los códigos. Pero, en el diario trabajo de la Seguridad Democrática en Colombia, encontramos que el exceso de excarcelación está distorsionando la finalidad del sistema acusatorio, la finalidad garantista y está perturbando el avance de la seguridad.

Por eso, muy respetuosamente urgimos al Congreso de la República a aprobar esta ley. Creo que no podemos permitir que, por una distorsión de la tarea garantista de los jueces, que por exceso de dignidad en penas de ciertos tipos delictivos, se de cómo resultado un exceso de excarcelación, que afecta el avance de la seguridad y le crea a los colombianos la noción tergiversada de que ha fracasado el sistema acusatorio.

El problema no es de la esencia del sistema acusatorio. Una cosa es un sistema acusatorio que tiene que ser garantista, expedito y eficaz y otra cosa es un sistema acusatorio que por el conjunto normativo que lo rodee, se convierta en un sistema permisivo, con una gran permisividad en la excarcelación.

Por eso, pido esta reflexión a la justicia de mi Patria, al Ministerio Público —el Procurador (Edgardo Maya) aquí presente-, al Congreso. Hemos visto un crecimiento preocupante de muchos tipos delictivos y sentimos una Fuerza Pública bastante abatida porque ve ineficaz su tarea y la gran preocupación se llama: el exceso de excarcelación.

El sistema acusatorio, con la oralidad, nos está mostrando una justicia más expedita. Nadie discute la noble tarea de los jueces de garantías. “Hoy por ti mañana por mi”. Ese es un recurso presente para unos y latentes para otros, lo requiere toda la comunidad. Pero cuando la acción garantista se convierte en una acción en contra de la justicia, entonces se pierde la finalidad tercera del sistema acusatorio, que es la eficacia. No olvidemos que en su estructura, no solamente están las competencias de los jueces de garantías, también la reforma de las competencias en la relación fiscales y jueces.

Se criticaba mucho que cuando el fiscal investigaba y decidía, dejaba de investigar cuando tenía que producir una decisión y que eso afectaba la eficacia de la justicia. Se dijo que había que corregirlo, asignando la competencia decisoria en todas las fases investigativas sobre juzgamiento al juez, para que en aras de la eficacia, el fiscal se dedicase exclusivamente a la investigación del hecho, al recaudo de las pruebas, a formular y a sustentar la acusación. Esa eficacia se pierde, cuando el marco normativo que vincula al juez de garantías, lo obliga a hacer indulgente y a conceder, en exceso, el recurso de la excarcelación.

En aras de la seguridad, honorables Presidentes de las Cortes Internacionales, la nuestra es una Seguridad Democrática consistente en el discurso, congruente entre el discurso y la práctica. La Seguridad Democrática necesita este correctivo. Y creo que es mejor introducir este correctivo a tiempo, que permitir que llegase a deteriorarse el concepto popular sobre el sistema acusatorio.

INVESTIGACIONES CONTRA CONGRESISTAS

El punto tercero al cual me quiero referir, es el relativo a las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia sobre congresistas vinculados presuntamente a organizaciones criminales.

Para el Gobierno de la Seguridad Democrática, para el Presidente que la ha liderado, que ha luchado por esa Seguridad Democrática sin desmayo, que ha contribuido a crear una atmósfera de opinión favorable a la Seguridad Democrática, lo primero y fundamental es venir a decir aquí que reiteramos todo el apoyo a la justicia.

Necesitamos una Patria sin guerrilla y sin paramilitares, con transparencia en el ejercicio de la actividad pública, sin corrupción. Una Patria donde prevalezcan las instituciones democráticas.

Vengo a decir eso, sin mayores adjetivos, con total convicción, como con total convección hemos procedido en todas las etapas de estos cuatro largos años, para defender nuestra propuesta de Seguridad Democrática.

Si hay sujetos que tienen que dar ejemplo en el Estado de Leyes, son quienes tienen el privilegio y los deberes del ejercicio de tareas públicas, bien en el ejecutivo o en el Congreso.

Y si hay que proceder con severidad frente a quienes quebrantan las leyes, es cuando se dan los casos de que esas leyes son quebrantadas por figuras de liderzazo público, bien en el Ejecutivo o que estén actuando en el Legislativo.

¿Qué es la Seguridad Democrática —distinguidos Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia que nos visitan-? Es seguridad para todos.

Adoptamos esa tesis y la concebimos para establecer en nuestro país la diferencia entre un concepto, el nuestro de Seguridad Democrática y la doctrina de la Seguridad Nacional que recorrió el Continente.

En nombre de la doctrina de la Seguridad Nacional se sustentaron dictaduras, se cercenaron libertades, se eliminó el pluralismo, se conculcaron los derechos de crítica de oposición.

La nuestra es Democrática, la nuestra es para todos los colombianos. Y creo que los episodios que ha vivido el país, como las elecciones de Congreso, de Presidente de la República de este año, empiezan a demostrar —en virtud de los hechos- el alcance ilimitadamente democrático de nuestro concepto de seguridad, que nos releva de profundizar en la teoría.

Dijo la comunidad internacional que Colombia había tenido este año las elecciones más pacíficas en décadas, no obstante que eran las más amenazadas. Voceros de la oposición y amigos del Gobierno, fueron rodeados plenamente por las instituciones del Estado, el Presidente de la República se preocupó más de las garantías efectivas —sobre todo en materia de seguridad- a los voceros de la oposición, que de la propia seguridad de los amigos del Gobierno o del Presidente de la República.

La manera como transcurrió ese debate, primero para elegir el Congreso y después para elegir al Presidente de la República, honra nuestro concepto democrático de seguridad.

El único que se podría quejar y no lo hizo, es el Presidente, porque mientras la oposición tuvo garantías en todas partes, la falta de avances en nuestra política de Seguridad llevó a que en algunos departamentos las guerrillas amenazaran a los potenciales electores amigos de la reelección del Presidente.

Podemos hoy mirar a los ojos a todos los compatriotas y a la comunidad internacional, por la manera como hemos sido congruentes en la práctica con nuestro postulado teórico de Seguridad Democrática. Seguridad para los voceros de la oposición, para los amigos del Gobierno, para los líderes sindicales, para los periodistas, para los empresarios, para los agricultores.

Hemos logrado unos avances importantes a pesar de lo que falta es más.

Hace cuatro años, Colombia tenía 68 asesinatos por cada 100 mil habitantes, el año pasado 39. Este año se presenta una nueva disminución entre el 7 y el 8, pero falta mucho.

No quiero fatigarlos con todas las cifras, hay que mirar la disminución en el secuestro, la disminución en el asesinato de líderes sindicales. Un país que conoció años en los cuales se asesinaban a 168 líderes sindicales, todavía no puede cantar victoria porque todavía se asesinan 13, pero la tendencia es buena y mejor que la tendencia, es nuestra determinación de luchar para que Colombia pueda decir que aquí no se asesina un solo líder sindical.
Una prensa amordazada no por el Estado sino por el terrorismo y la falta de decisión del Estado para combatir al terrorismo, es hoy una prensa más libre. En unas regiones tenía que estar censurada por la guerrilla para poder sobrevivir y en otras regiones tenían que someterse a la censura del paramilitarismo para poder sobrevivir.

Hoy, gracias a nuestra Seguridad Democrática, esa prensa es más libre, esa prensa se ha sacudido la censura, esa prensa denuncia tranquilamente.

Paradójicamente, muchos de mis críticos vivían en el extranjero y gracias a la Seguridad Democrática han regresado al país, pero no a ser condescendientes conmigo, sino a ejercer la actividad crítica con más dureza contra mi, pero ya sin tener que vivir refugiados en el extranjero.

¡Qué paradojas! El Presidente a quienes ellos señalaban como un peligro, como aliado del paramilitarismo, como fascista, como conculcador de la democracia, es el Presidente que ha creado las condiciones para que puedan regresar al país.

Esta Nación tienen 1.098 alcaldes, elegidos democráticamente, por voto popular directo. Hace cuatro años, 400 de ellos no podían ejercer en sus municipios, desterrados por la guerrilla o por el paramilitarismo, hoy todos ejercen en sus municipios. Han sido rodeados por la Seguridad Democrática, independientemente del origen político de su elección. No importa que hayan sido elegidos por partidos contrarios al Gobierno, al Presidente de la República o por partidos afectos a nuestras tesis.

Es bien importante recordar todo esto para poner el problema actual en el contexto de un proceso de recuperación institucional de Colombia.

La Nación era una Nación en la cual el poder del Estado, en la mayoría de sus regiones, empezaba a ser un poder formal más no eficaz. El poder real, el poder de la eficacia, se lo distribuían guerrilleros y paramilitares, ambos apoyados por el narcotráfico y las instituciones de la democracia ya no se atrevían a denunciar con la beligerancia con que hoy denuncian.

Hemos logrado algo muy importante: ese estado que encontramos y que todavía no se ha resuelto plenamente, no se dio súbitamente de la noche a la mañana, fue el resultado de un proceso largo en el país, con muchas causas. Una de ellas: a varias generaciones de colombianos, incluida la mía, se le formó en el equivocado criterio de que la seguridad era una postura fascista. En el equivocado criterio de que para practicar la civilidad, había que ser indiferente frente a la Fuerza Pública y mantenerse en coqueteo con los grupos alzados en armas. En el equivocado criterio de justificar todo crimen, de asignarle a todo crimen una causa social eficiente, de calificar como famélico todo crimen.

Y esa equivocada formación llevó a que aquí no se le prestara atención a la seguridad. La gente en las regiones sufría, décadas de guerrillas y no acudían los gobiernos a respaldarlos, a apoyar a la ciudadanía. La Fuerza Pública vivía desmotivada.

Muchos episodios de desmotivación de la Fuerza Pública. Habrá que hacer historia: en los años 70’s el Ejército tenía rodeado al ELN, el Gobierno de entonces dio la orden de levantar ese círculo militar al ELN, so pretexto de que ya iban a negociar y apenas hoy, en el Gobierno de la Seguridad Democrática, se perfilan posibilidades de negociación.

Este país no ha tenido Fuerza Pública golpista, pero sí Fuerza Pública desmotivada y la desmotivación en la Fuerza Pública se convierte en causa de ineficacia y también en causa de violación de derechos humanos.

La Fuerza Pública más eficaz, la más transparente, es la más apoyada por el gobierno civil y por la opinión pública y en esa tarea estamos.

Esas regiones abandonadas, en medio del desespero vieron que al crecimiento guerrillero le iban llegando el crecimiento del narcotráfico. Los universitarios de los 70’s, veíamos en la guerrilla y en el narcotráfico antípodas, hoy con una mixtura. Y posteriormente llegó la otra plaga: el paramilitarismo. Y todos aprendieron a proveerse de recursos a través del narcotráfico y de la corrupción administrativa y lo que se conocía en la tertulia, apenas hoy se empieza a destapar ante el país gracias a que este profeso de Seguridad Democrática ha venido debilitando a las organizaciones criminales y creando condiciones para que impere la justicia en nuestra Patria.

Nos falta mucho en resultados, pero tenemos unos resultados muy importantes.

Un resultado: haber modificado esa conciencia colombiana. Hoy las grandes mayorías colombianas entienden que la Seguridad Democrática es un valor democrático y una fuente de recursos. Ese es un intangible muy importante.

El otro: lograr que la ciudadanía, en lugar de dejarse condicionar por paramilitares o por guerrilleros o de someterse al narcotráfico, entienda que tienen que trabajar a toda hora con la administración de justicia. Por eso hay hoy menos denuncia temeraria, más denuncia eficaz que en el pasado y que tiene que cooperar con la Fuerza Pública.

Esos son valores que hemos ganado y que en los momentos de dificultad no podemos permitir que retrocedan.

Asumí la Gobernación de Antioquia el 2 de enero de 1995, hacía poco se había dado un cambio de administración presidencial en Colombia, la realidad que encontramos allá —y no se había creado el día anterior, producto de muchos años como en todo el país-: una tierra disputada entre guerrilla y paramilitares, donde no imperaba la guerrilla avanzaban los paramilitares. Todos, todos, financiándose con el narcotráfico.

Y cuando llamo la atención de mis compatriotas —y vengo a reiterarle todo el apoyo a la administración de justicia, para que derrotemos la corrupción administrativa-, es que en medio de tantas dificultades, en esos tres años de Gobernación, no hay un acto indelicado, no hay un acto de indignidad, no hay un acto de corrupción.

Los hechos dan en la vida pública autoridad o la quitan. Nuestra vida pública da autoridad para decir dos cosas: primero, que reconozcan los culpables —que están vivos y muchos de los cuales hoy son críticos de primera línea-, cómo con sus descuidos, con la falta de eficaz cumplimiento del deber, llevaron este país a que aquí primara la guerrilla y el paramilitarismo y el narcotráfico y se desvanecieran las instituciones. Y segundo, la circunstancia de haber procedido honradamente, seguramente con errores pero con total buena fe y transparencia, como hemos procedido en estos años en la Presidencia, la invoco como razón de autoridad moral para que haya toda dureza en la justicia para desmontar los factores de corrupción que siguen financiando al crimen en Colombia.

Por supuesto, emprendimos la Seguridad Democrática y hay procesos de paz.

La Seguridad Democrática es un camino hacia la reconciliación. Lo que nos ha probado la historia reciente de Colombia, es que la reconciliación no surge de actitudes vacilantes y de apaciguamiento en los gobiernos, sino de firmeza para que prevalezcan las instituciones, de firmeza para que impere la ley.

Este proceso de paz con los grupos paramilitares tiene unos antecedentes.

Primero, a través de la Iglesia Católica se traían conversaciones con ellos, el Gobierno que presido dijo que continuaría esas conversaciones si se comprometían a un cese de hostilidades. El mediador fue la Iglesia Católica. El proceso se ha adelantado abiertamente, el país lo ha podido analizar y criticar en todo momento, gracias a que aquí no ha habido nada clandestino.

Pero eso ha tenido una causa eficiente. Lo que tenemos hoy tiene una causa eficiente. Cuando nosotros llegamos no había un solo líder del paramilitarismo en la cárcel, de 68 líderes conocidos, hay 65 hoy en la cárcel, 3 fugados y nuestra decisión es que las autoridades militares y de policía los persigan con toda la determinación, hasta traerlos a la cárcel.

Cuando nosotros llegamos había crítica en voz baja porque avanzaba el paramilitarismo, pero no crítica abierta. Gracias a la Seguridad Democrática, en el Gobierno que más crítica abierta ha habido contra el paramilitarismo, es en el Gobierno que ha perseguido al paramilitarismo. Es que antes no los perseguían, antes no los criticaban públicamente porque les temían y gracias a los avances del Gobierno para desmontar el paramilitarismo, ahora el país les ha perdido el temor y por eso critica el fenómeno y está bien que así sea.

El país no conocía que se diera de baja a paramilitares. En el Gobierno que presido —y este es un país abierto al escrutinio riguroso de la opinión internacional, ustedes lo pueden corroborar Presidentes de las Cortes Internacionales con nuestra administración de justicia- han sido dados de baja por la Fuerza Pública más de 1.500 paramilitares, han sido aprehendidos por la Fuerza Pública alrededor de 12 mil.

¿Qué reflexión tuvieron que hacer ellos? Que no les quedaba más camino que avanzar en un proceso de paz o someterse a la derrota por parte de las Fuerzas del Estado.

Y hemos hecho ese proceso de paz. Ese proceso de paz tiene hoy unos resultados si ustedes miran las cifras de criminalidad en las regiones donde actuaban, se han reducido sustancialmente.

Lo bueno y lo malo: 65 de esos líderes están en la cárcel, 3 fugados que hay que perseguirlos, 30 mil —aproximadamente- de todos ellos se han desmovilizado. Es que en este país hace 4 años encontramos alrededor de 60 mil integrantes de organizaciones terroristas.

Y algunos críticos dicen: ‘¿de dónde se han desmovilizado 30 mil si eran 14 mil paramilitares?’ Hay que recordar esto: cuando el Alto Comisionado de paz por primera vez se reunió con ellos, Carlos Castaño le dijo: ‘ustedes están equivocados, solamente la agrupación que dirige Carlos Castaño tiene 14 mil y sumen la del Magdalena Medio y sumen la del Perijá y sumen las del centro y sur del país’.

Hay 30 mil desmovilizados, en un proceso de reinserción exigente, costoso, que no puede fracasar. Han reincidido en el crimen más o menos 600. Como cifra relativa, 600 contra 30 mil es un porcentaje pequeño, pero como cifra absoluta es un número muy peligroso. Ahora aparecen unas formas de crimen, bandas emergentes, que integran desmovilizados que reinciden, que integran a la Farc, que integran al narcotráfico, la decisión del Gobierno es perseguirlos con toda la determinación.

Y hagamos algunas comparaciones. En este proceso, por primera vez, Colombia ha visto desmovilizar gran cantidad de guerrilla. Los procesos del pasado con el M — 19, el EPL y otros grupos, desmovilizaron 3.500, 4 mil guerrilleros. Hoy llevamos más de 8 mil guerrilleros desmovilizados. ¡Eso es bien importante!

Cuando se desmovilizó el M — 19, se desmovilizaron más o menos 900 personas, entregaron 270 armas. Los 40 mil desmovilizados de ahora, han entregado alrededor de 18 mil armas.

Todos estos procesos son difíciles, dejan problemas, pero aquí hay unos resultados que demuestran la verticalidad y la buena fe, como hemos practicado la política de Seguridad Democrática y como hemos avanzado en ese proceso de reconciliación.

Nuestra Ley de Justicia y Paz es la primera en exigir justicia y reparación. Antes, todo lo que se hacia en un proceso de paz en Colombia era perdonar, ahora juegan un papel importantísimo la verdad, la justicia y reparación. Y eso sí que es importante para estos días y hacia adelante.

Encontramos temas como este: hoy está en la cárcel, en Medellín, un señor de los paramilitares de apellido Murillo Bejarano, se conoce con el alias “Don Berna”. Pues bien, ¿de dónde surgió de este señor como personaje? Era integrante, al decir de muchos ciudadanos, de mafias del narcotráfico y en algún momento un grupo de narcotráfico donde él estaba, realizó alianzas con instituciones para derrotar a otro grupo del narcotráfico.

No se que pasó después, lo que sí se, es que muchos de los críticos de nuestras políticas, no le han dicho al país por qué estimularon esas alianzas y nosotros tenemos la autoridad moral para reclamar contra esas alianzas, porque hemos preferido el difícil camino de recuperar la paz exclusivamente a través de las instituciones, que por intermedio de alianzas con grupos criminales.

El señor Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, lo heredo este Gobierno como vocero de los paramilitares.

Seguramente habríamos podido estimular una alianza de las Fuerzas Institucionales con el paramilitarismo y de pronto iríamos más adelante en la lucha contra las FARC y el ELN. Pero nuestras convicciones democráticas y cristianas, la manera como asumimos los deberes frente al país, frente a las nuevas generaciones —que las miramos con el afecto con que miramos a nuestros hijos-, son talanqueras infranqueables que no nos permiten violar principios.

Nuestra labor, a diferencia del pasado, ha sido una labor ejecutada exclusivamente por las instituciones armadas de la Nación. Sin alianzas entre instituciones armadas y grupos criminales.

Hoy, los paramilitares que están en la cárcel, están en un centro con dignidad, que se adecua como carcelario. Lo más importante: abierto al examen riguroso de la opinión nacional e internacional. Allí no hay escondites —eso es bien importante-. Eso contrasta con experiencias del país como la cárcel de La Catedral que más que cárcel, fue un episodio triste de la vida colombiana y muchos de nuestros críticos todavía no le explican al país ese episodio.

Hace 6 años, como candidato a la Presidencia, le dije a mis compatriotas —atendiendo un reclamo ciudadano- que de ser Presidente, no tendríamos cárceles privilegiadas para presos privilegiados, a las dos semanas de haber asumido la Presidencia de la República, después del 7 de agosto del 2002, el entonces ministro del interior, Fernando Londoño Hoyos, llevó unos presos privilegiados que estaban en casas con piscinas, a las cárceles ordinarias. Esa norma no se ha violado.

La orden que hoy tiene la Policía Judicial —que en nombre del Ejecutivo, tiene que apoyar a la justicia-, es que aquellas personas, sujetos de órdenes de captura emanadas por la Corte Suprema de Justicia, deben ser llevadas a cárceles ordinarias.

Nuestros sitios de reclusión contrastan con La Catedral y con los hoteles de cinco estrellas, que para presos privilegiados, se utilizaron en Colombia.

Esa Constitución del 91, la constitución de logros muy importantes como la tutela, la carrera administrativa, los derechos fundamentales, los derechos sociales, la constitución de la nueva visión de la seguridad social para hacerla solidaria, universal, eficiente, también tuvo errores. En mala hora suspendió la extradición y eso quedó en el rumor. Finalmente, el país no sabe, a través del fallo judicial, cuál fue la causa determinante para que esa Constitución hubiera derogado la posibilidad del que país extraditara. Y fue en otro momento posterior, muy tortuoso, cuando se revivió la extradición.

Mientras en el pasado suspendieron la extradición por causas e interferencias que todavía la justicia no ha fallado o se revivió la extradición en un momento de debilidad institucional, nacional y de presiones internacionales, el Gobierno nuestro, autónomamente, ha ordenado la extradición de más de 480 criminales.

Esto hay que juzgarlo por los hechos, no por los sesgos ideológicos ni por las malquerencias. Este no es un problema de afectos o de desafectos. Este es un problema de realidades.

Y hemos hecho una pedagogía ante el país diciendo: si Colombia tomó la decisión de ser parte de la Corte Penal Internacional, si es respetuosa de la Corte Interamericana, de las instituciones internacionales de justicia, debe entender que la extradición es un elemento clave en el proceso de integración global de la justicia, que lo necesita la democracia.

Es muy importante que estimulemos la verdad. Lo que está apareciendo ahora es la verdad judicial que se ocultó durante tantos años, porque la seguridad no estaba al servicio de la justicia, porque el crimen crecía y la justicia era impotente.

¡Que se de toda la verdad judicial! Durante los últimos tres años, en el trámite de la Ley de Justicia y Paz se reclamó la verdad. ¡Pues que todo el mundo diga la verdad!

Que los fiscales y los jueces y los magistrados reciban la verdad de quienes se someten a la Ley de Justicia y Paz. ¡La verdad total! Eso hay que enfrentarlo con toda responsabilidad, es lo que se ha reclamado.

¡Y que se de también la verdad política! Llamo a todos los congresistas para que, por propia iniciativa, acudan a la Corte Suprema, a los fiscales delegados ante la Corte Suprema, a contar la verdad que todavía no se sepa.

¡Que todos aquellos que hayan tenido relaciones de una u otra naturaleza con el paramilitarismo, lo digan y se lo digan al país sin ambages y sin dilaciones! ¡Es la verdad que está reclamando el país! Y que en todas partes nos propongamos desmontar esas mafias de crimen y de corrupción que aún quedan.

¡Que se diga la verdad en las relaciones de la dirigencia política con el paramilitarismo!

¡Nunca se dijo la verdad, nunca se tocó el tema de la dirigencia política que en su momento apoyaba al M — 19, al EPL! ¡Nunca es tarde!

Es bueno que la dirigencia política en el Ejecutivo, en las gobernaciones, en las asambleas, en los concejos, en el Gobierno Nacional, en el Congreso, diga la verdad sobre cualquier relación que haya tenido con el paramilitarismo. Pero también es saludable que el país conozca qué relaciones tuvo la dirigencia política de todos los niveles con el M — 19, con el EPL y qué relaciones conservan sectores de la dirigencia política con el ELN y con las Farc.

¡En esto no puede haber sesgo! A mí me preocupa como Presidente de los colombianos ver que algunas personas que le hacen el asco al proceso de paz con los paramilitares, todos los días le hacen venias al ELN y a las Farc. Si queremos un país sin terrorismo, hay que desmontar por igual todas estas organizaciones criminales.

Permítanme terminar con unos puntos. Primero, la verdad, la decisión de contribuir a que la justicia desmonte todas las organizaciones de corrupción, debe fortalecer las instituciones, en lugar de resquebrajarlas.

Ustedes los juristas enseñan que la responsabilidad penal es individual. La responsabilidad penal individual no puede afectar ninguna de las instituciones políticas, administrativas y estatales de la República.

Que haya que meter a la cárcel funcionarios, eso no puede afectar la institución de las alcaldías, de los concejos, de las asambleas, de las gobernaciones, del Ejecutivo nacional.

Que haya que meter a la cárcel congresistas, eso no puede afectar al Congreso.

Que haya que meter a la cárcel jueces penales, eso no puede afectar la justicia.

Al contrario, la asepsia, posibilitada por esta hora de lucha contra el terrorismo, fortalece, vigoriza las instituciones.

Permítanme decir lo siguiente: en un debate, antes de elecciones, expresé que cualquiera que tuviera que decir algo contra el Presidente de la República, lo dijera. Que si hay alguno de los 30 mil paramilitares que puedan decir que el Presidente de la República ha sido cómplice, que lo digan. He estado sometido a estos retos durante años, porque he defendido sin declive la Seguridad Democrática y eso ha costado mucha crítica, pero a la hora de defender las instituciones, hay que tener todo el valor civil.

Cuando llamo a los congresistas a que le digan la verdad total al país y a los jueces, también les digo: ¡si tienen algo qué decir en contra de la pureza de la política de Seguridad Democrática, como la ha entendido y la ha practicado el Presidente de la República, que lo digan!

¡Yo soy un servidor público, no un jugador del poder!, por eso, en aras de lo que considero conveniente para mi Patria, he corrido todos los riesgos, he buscado la credibilidad del pueblo en la tarea del afecto al servicio público. ¡Jamás he buscado la credibilidad del pueblo alegando para mí el beneficio de la duda o jugando a que pase el tiempo para favorecerme con prescripciones!

Invito a los colombianos a que en este momento apreciemos que la crisis que está apareciendo, es porque la medicina de la Seguridad Democrática la ha hecho aflorar y a que no permitamos que nos desvíen la atención. A que prime la verdad, a que apoyemos a la administración de justicia sin vacilaciones.

Regresé de los Estados Unidos a urgir al DAS (Departamento Administrativo de Seguridad): “¿qué ha pasado con la orden de la Corte Suprema de Justicia? Hay que tomar nuevas decisiones para que estas personas se sometan a la justicia o para que estas personas sean capturadas”. Y las ha venido tomando.

¡Vengo hoy, no a rendirle un homenaje retórico ni lisonjero a la Corte Suprema, sino a reiterar nuestro apoyo a la justicia, como elemento fundamental para la Seguridad Democrática!

Todas las armas, las facultades, las obligaciones del Ejecutivo, están al servicio de la justicia. Nada más importante para este homenaje, que prospectar un futuro y repetir ante todos los colombianos, en este importante aniversario de la Corte Suprema de Justicia, que nuestro propósito es una Nación sin paramilitares, sin guerrilla, sin narcotráfico, sin corrupción, sin mafias que escamotean el patrimonio público.

¡Allí donde haya presupuestos públicos al servicio del paramilitarismo, sus administradores y ordenadores a la cárcel!

¡Allí donde hubo o todavía persistan presupuestos públicos al servicio de la guerrilla, sus administradores u ordenadores a la cárcel!

¡Allí donde haya recursos de la salud desviados para mafias del crimen, sus administradores y ordenadores a la cárcel y sus cómplices a la cárcel!

¡Y allí donde haya congresistas, líderes de la política, funcionarios del Ejecutivo comprometidos con el crimen, a la cárcel y con mayor severidad!

¡Porque quien está obligado como líder a cumplir rigurosamente la ley, en el momento que la quiebra tiene que ser sancionado con más severidad!

Felicitaciones, distinguidos magistrados, por este nuevo aniversario. Muchas gracias a ustedes, Presidentes de las Cortes Internacionales, por esta visita.

Me entenderán que no podía aparecer aquí con un discurso histórico ni simplemente con una formulación académica. Nos toca enfrentar los problemas de carne y hueso de todos los días. Es una Nación abierta, nuestro diálogo no s a hurtadillas de la comunidad internacional ni de la nacional, por eso pido la venia de ustedes, ex posfacto, para haber podido pronunciar estas palabras.

Muchas gracias.