“Doy un paso al lado y enfundo mi espada”

El general Reynaldo Castellanos, comandante del Ejército, fue el primer descabezado de la cúpula militar por no contarle al presidente Álvaro Uribe sobre las torturas a los soldados. Sin embargo, la salida de uno de los mejores generales que ha tenido Colombia no soluciona problemas más de fondo dentro de las Fuerzas Militares.

La historia comenzó el pasado sábado, cuando el presidente Álvaro Uribe se enteró en el avión que lo traía de regreso a Colombia desde Washington de la escabrosa tortura a la que habían sido sometidos 21 soldados del Batallón Patriotas del Ejército en el municipio de Honda, Tolima. La noticia no le llegó por un reporte militar, como es debido, sino porque su asesor de prensa le contó que la revista Semana traía con lujo de detalles la denuncia.

La mañana siguiente, durante un consejo de seguridad en la base militar de Catam, de Bogotá, la cúpula castrense se sentó a la mesa con el presidente Uribe para hablar sobre la situación de orden público en el Caquetá. En el encuentro se encontraban los generales Carlos Alberto Ospina, comandante general de las Fuerzas Militares, y Castellanos, comandante en jefe del Ejército. Terminada la reunión, nadie dijo nada. Uribe no preguntó nada y los generales no le reportaron novedad alguna. El Ministro de Defensa, Camilo Ospina, quien como el general Ospina supo del caso hasta el pasado viernes, 23 días después de ocurridos los hechos, tampoco hizo comentario sobre el tema.

El lunes comenzó el revuelo en Palacio y en el CAN tras la publicación de la revista Semana con las fotos de las atrocidades. El presidente Uribe, desde Cartagena, se manifestó por primera vez. “Deploro que se haya informado a la opinión pública tarde. Si bien fue informado por los altos mandos que se empezaron a tomar medidas desde el momento en que ellos conocieron, ya hay gente que tiene medida de aseguramiento, otros están desvinculados, etc, (...) estas cosas hay que comunicárselas oportunamente a la opinión”, dijo visiblemente indignado.

Por la noche del lunes, el general Castellanos viajó hasta la sede del batallón y se reunió con los familiares de los soldados de las víctimas antes de anunciar que 6 de los 21 muchachos torturados podían ser retirados del Ejército, con la libreta militar en la mano. Al mismo tiempo, el oficial estaba pensando en pedir la baja, pues el Ministro de Defensa ya le había comentado algo sobre el tema 

Lo que el comandante del Ejército ignoraba era que en Casa de Nariño se le iban a adelantar. A las 5 de la mañana de hoy, martes, el Presidente citó en su despacho al general Ospina para acordar que se le pediría al jefe del Ejército su renuncia. Así fue.

De inmediato, el general Luis Antonio Coronado, comandante de la Cuarta División del Ejército en Villavicencio, y uno de los militares que había acompañado de cerca de Castellanos en su exitosa Operación Libertad Uno, pidió la baja como gesto de lealtad con su jefe.

A las nueve de la mañana, el general Castellanos se comunicó por radioteléfono desde su despacho con casi todos los comandantes de las brigadas y divisiones del Ejército. “Casi todos le mostraron su solidaridad y él les respondió que el mejor gesto que podían tener con él, era permanecer en el cargo”, dijo un testigo de la despedida.

Acompañado por coroneles y suboficiales de su despacho, al mediodía convocó una rueda de prensa. “Doy un paso al lado y enfundo mi espada. Me voy con la frente en alto, con la profunda convicción de haber cumplido mis deberes y responsabilidades patrias, cada día y hora de mi vida (...) estoy seguro de haber dado lo mejor de mí para cumplir fielmente con el encargo que me encomendaron”, dijo el general saliente, compungido.

Es cierto que el general Castellanos cumplió como pocos con sus deberes como militar. Lideró la Operación Libertad Uno, que en el 2003 rompió el cerco de la guerrilla de las Farc sobre Cundinamarca, y disminuyó dramáticamente el secuestro en la región y Bogotá. Fue quien puso en marcha la primera fase del Plan Patriota en el sur del país, la operación militar de mayor envergadura en muchos años contra la guerrilla, entre otros logros.

No cabe duda que el general se equivocó en no contarle a su jefe Ospina, y a través de éste, al Ministro de Defensa sobre hechos de tal gravedad como las torturas. Como en los escándalos de Abu Graib en Estados Unidos y las torturas en Irak por parte de los ingleses, es normal que la responsabilidad política tenga que ser asumida al más alto nivel. Pero que un general que le ha servido tanto al país se entere por los medios de su relevo no solo es una injusticia sino un irrespeto.

Las lecciones

Pero como dice el candidato presidencial Antanas Mockus (ver recuadro) lo importante en todo esto es qué lección queda al interior de las Fuerzas Militares. Sería muy grave que el gobierno considere que con sacrificar al general Castellanos el problema quedó resuelto. Pues los problemas que destapa el escándalo de las torturas permanecen.

Que la noticia haya tomado por sorpresa al Ministro de Defensa revela que los problemas de comunicación entre la cúpula militar y el ministro civil, famosos durante la época de la ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez, continúan. Es un problema, además, que apunta directamente a que el concepto del control civil de las Fuerzas Militares –una de las grandes conquistas de la Constitución de 1991- aún no se ha interiorizado del todo.

Este precepto, que implica que los militares están bajo el mando de la autoridad civil, debería garantizar que cualquier irregularidad grave se le informa directamente al Ministro de Defensa. Pero muchos militares lo siguen viendo como una figura que sirve para solicitar recursos al Congreso para las Fuerzas, y si acaso, para coordinar los asuntos administrativos.

También se pone de presente cierto temor frente al presidente Uribe. A pesar de que el domingo en la mañana, el general Ospina y el Ministro ya conocían la gravedad del caso, ninguno se atrevió a hablar de eso con el mandatario en el Consejo de Seguridad de ese día. Es extraño que el presidente tampoco tocara el tema, a pesar de que su jefe de prensa le había informado desde el sábado sobre el artículo de Semana. Prefirió discutirlo ante los medios en Cartagena, lo cual dejó un cierto toque de campaña en todo el ambiente. Por eso es clave que el gobierno demuestre que llevará este caso hasta las últimas consecuencias y que tratará de solucionar el problema de fondo: el del maltrato al interior de las Fuerzas Militares.

¿Un caso excepcional?

Aunque seguramente las torturas a los soldados del batallón Patriotas sea el caso más extremo –y en esa medida excepcional- han ocurrido en el pasado otros casos de maltrato. “Por fortuna están investigando estos hechos porque no es la primera vez que esto ocurre. A mí me pasó cuando un soldado se suicidó en el batallón Guardia Presidencial (...)”, dijo la ex Ministra Ramírez, quien preguntó sobre qué pasó con la línea de mando hacia abajo y hacia arriba.

Desde que Semana publicó la historia, no han dejado de llamar a la revista denunciando abusos en otras guarniciones. Queda además la preocupación de que si tratan así a sus propios soldados, qué no harán con sus enemigos, y también con la población civil en las zonas bajo influencia guerrillera.

Quizás por eso el general Castellanos prefirió manejar el tema de las torturas con bajo perfil y sin hacerlo público: sabía que este tipo de revelaciones no hacen sino ahondar la desconfianza hacia la institución militar. Aunque el Ejército mantiene altos índices de credibilidad en las encuestas, en muchas zonas donde se pelea esta guerra, son vistos con recelo y este tipo de información no hace sino confirmar la mala propaganda –muchas veces infundada- que les hacen los guerrilleros.