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| 8/18/2003 12:00:00 AM

El Estado tiene la palabra

Catorce años después del asesinato de Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989 lo que el país sabe sobre la investigación, es que el narcotráfico en cabeza de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, ordenó su muerte. Esto sería suficiente para pensar que el caso no ha quedado en la impunidad. Sin embargo los colombianos aún se hacen muchas preguntas que la justicia no ha sabido responder.

Además de las conclusiones relacionadas con la participación del cartel de Medellín en el crimen, era necesario contemplar otras hipótesis, que no se tuvieron en cuenta, ligadas a realidades protuberantes y de dominio publico, tales como la presión y la influencia ejercidas por el narcotráfico sobre la política y la sociedad de entonces, así como el peligro que para sectores comprometidos con esa actividad representaba la eventual llegada de Galán a la Presidencia de la República.

Tampoco ha habido respuesta sobre la responsabilidad que cabe a los órganos de seguridad del Estado por fallas graves en la protección que debieron brindarle y por los errores en la investigación, cuestionada por la misma Fiscalía General de la Nación.

El país todavía se pregunta por qué y cómo ocurrió un crimen tan anunciado y previsto. Cómo Luis Carlos Galán, el hombre más amenazado del momento se vio totalmente desprotegido la noche del 18 de agosto en la plaza de Soacha.

¿Qué ocurrió con el esquema de protección supuestamente reforzado unos días antes por el DAS en vista de los numerosos rumores de amenazas de muerte pero especialmente después de un frustrado atentado en Medellín al cual prácticamente nadie, con excepción del mismo Galán, le dio importancia?

¿Por qué razón el nuevo jefe de escolta aseguró pocas horas antes de la manifestación que la policía tenía perfectamente controlado el lugar y que el candidato podía asistir sin ningún temor? Y ¿por qué en lugar de subir con él a la tarima se refugió en el carro blindado del dirigente político?

¿En qué se basaba el director del DAS, General Maza para garantizarle a Luis Carlos Galán pocos días antes de su muerte, su total confianza en el nuevo jefe de escolta hacia quien muchos incluido el mismo Galán tenían serias reservas?

¿Por qué el jefe de escolta envió una avanzada a Villeta donde al día siguiente se efectuaría una manifestación, fraccionando la escolta y dejando a Galán desprotegido?

¿Por qué razón se desconocieron testimonios de asistentes a la manifestación y documentos fotográficos y fílmicos que podían constituir piezas valiosas para la investigación?

¿Qué explicación tiene el hecho de que no se haya realizado una prueba fotográfica considerada de importancia para confirmar la presencia de dos paramilitares en la plaza de Soacha (en proceso de apelación después de su condena), con el argumento de su alto costo -60.000 dólares- permitiendo así su exoneración posterior?

¿Por qué se desvió la investigación? Al día siguiente del asesinato ya se había encargado al juzgado 3o de Orden Público coordinar la acción investigativa de ocho juzgados más.

Periódicamente se informó al país sobre la detención de numerosas personas las cuales resultaron en su mayoría ajenas al crimen, así como de varias detenciones de sospechosos en no pocos casos exonerados, y muertes violentas de detenidos y testigos, incluyendo la acusación y detención por varios años de personas totalmente inocentes.

El tiempo pasó y la única noticia distinta al recuento periódico de detenidos y exonerados por parte de la justicia, la dio el fiscal Gustavo de Greiff, el 17 de agosto de 1994 cuando declaró en un noticiero de televisión que el caso de Luis Carlos Galán quedaba cerrado al establecer la culpabilidad de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, así como de los

paramilitares Eduardo Rueda Rocha y José Evert Rueda Silva.

Bastaron esas palabras lanzadas al aire en forma ligera para poner de nuevo sobre el tapete la pregunta que todo el mundo seguía haciéndose:

¿Cuál fue la responsabilidad del DAS, de la Policía y demás organismos de seguridad del Estado encargados de la protección de Luis Carlos Galán?

¿Se tuvieron en cuenta los indicios sobre la participación de otros autores intelectuales en el crimen?

La Fiscalía General de la Nación en declaración oficial, a través de una carta firmada por el vicefiscal Adolfo Salamanca Correa del 3 de agosto de 1995 reconoció que, efectivamente el DAS, la DIJIN y la SIJIN habían desviado la investigación. En la misiva la Fiscalía se comprometió a establecer las responsabilidades del caso.

Esta declaración formal daba un impulso nuevo al proceso y abría la posibilidad de actuar sobre hechos que no podían quedar en la oscuridad. Por primera vez se establecía la obligación de investigar a fondo y enjuiciar a las personas y organismos responsables de haber fallado en la protección y de haber desviado la investigación.

Sin embargo pasó el tiempo sin que se produjera un solo hecho que indicara el cumplimiento del compromiso de la Fiscalía General de la Nación y hoy, 14 años después del atentado del 18 de agosto, no se sabe si se trabajó en asunto tan delicado o si las cosas quedaron definitivamente en el limbo.

Por qué insistir en la acción de la justicia

El esclarecimiento del asesinato de Galán es indispensable no solo para que se haga justicia, sino porque Colombia debe registrar la verdadera historia de una época marcada por el terrorismo y el envilecimiento de las costumbres políticas por culpa del narcotráfico. Es un derecho de los colombianos exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias y que todos quienes tuvieron responsabilidad en el crimen paguen por ello.

El Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio se ha comprometido seriamente en el tema y por ello decidió integrar desde el 28 de septiembre de 2001 una comisión de alto nivel conformada por el Jefe de la Unidad de Fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el Director Nacional de Fiscalías y el Jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Esta comisión tiene como propósito presentar sugerencias y recomendaciones que deberían ser dadas a conocer a la opinión pública muy pronto.

Es preciso concluir entonces, que en manos de Fiscalía General de la Nación está la decisión de enmendar los graves errores registrados hasta hoy en el proceso, dar un paso importante para salir de la impunidad, y precisar ante todo, las responsabilidades que tienen los organismo de seguridad del Estado en cuanto a las fallas para proteger a Luis Carlos Galán y la desviación de la investigación de su asesinato.

EDICIÓN 1893

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