¿El gobierno de Álvaro Uribe inició una seria rectificación al proceso con los paras?

Ya pasaron tres años desde el inicio de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y aún en el horizonte hay muchos nubarrones que no permiten vislumbrar qué va a pasar con el proceso. ¿Asiste el país al desmonte total del paramilitarismo? ¿Los responsables de las masacres pagarán por sus crímenes? ¿Los protagonistas de esta etapa de violencia contarán la verdad de lo que hicieron en la ilegalidad? ¿Repararán a sus víctimas? ¿Se sabrá con exactitud la participación de los políticos y otras figuras públicas en el fenómeno de violencia?

Estos propósitos son difíciles de lograr y muchos sectores del país ven casi imposible que haya respuestas diáfanas para tantos interrogantes. Una de las razones fundamentales es la debilidad de la Ley de Justicia y Paz (marco jurídico para la desmovilización de las AUC) y las difíciles circunstancias que han rodeado la reinserción de 30.151 desmovilizados. La conjunción de los dos factores han trabado el proceso.

Sin embargo, en los últimos dos meses el gobierno de Álvaro Uribe parece estar enmendando tanta errata: expidió un decreto reglamentario para la Ley Justicia y Paz; ordenó la captura inmediata de Vicente Castaño; puso a disposición del Inpec el centro de reclusión de La Ceja en Antioquia (donde están la mayoría de los jefes desmovilizados); ordenó el traslado a este sitio del temido ‘Jorge 40’; y levantó la suspensión de las órdenes de captura a todos los paramilitares.

En términos generales, estas decisiones tienen una carga simbólica y son un mensaje evidente para los jefes de las AUC desmovilizadas. En ese sentido, Mauricio Romero, profesor de la Universidad Externado y experto en el tema, dice que las decisiones son una advertencia para ellos, ya que pronto comenzarán a rendir versión libre a la Fiscalía sobre los delitos cometidos y la Comisión de Reparación arrancará a hacer su parte, tareas donde habrá mucha veeduría.

“La aprobación de la ayuda del Congreso de Estados Unidos para el proceso también es muy importante. -sentencia Romero-. Es casi seguro que en las elecciones de noviembre la Cámara va a pasar a manos demócratas y Colombia quiere demostrarle al partido que le está ajustando las riendas a los paras”.

Las decisiones

Cada una de estas determinaciones tienen un tono de corrección. En el caso del decreto reglamentario expedido el pasado mes, el ministro del Interior y de Justicia saliente, Sabas Pretelt, dijo que con éste se resolvería el problema de la seguridad jurídica de acuerdo con el principio de favorabilidad.

“En el decreto reglamentario ponemos textualmente lo que señala la Corte para que se pueda aplicar el principio de favorabilidad (...) lo que busca el decreto es aclarar este tipo de cosas, de tal forma que (los paramilitares) sean beneficiarios de la ley original, no excediéndose a lo que dice la Ley ni lo que dice la Corte. (Ellos) piden que no se les lleve a los tribunales sin que tengan claro su seguridad en esos aspectos. Es algo muy difícil de hacer, lo hemos logrado hasta hoy”, sostuvo en su momento Pretelt.

Sobre el tema, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) explica en su último boletín los alcances de esta reglamentación, por ejemplo, en el tema de la favorabilidad, ya que ni siquiera después del fallo de la Corte Constitucional el tema quedó claro. El análisis dice: “Una cosa es la no retroactividad del fallo que señala la Corte; otra, la favorabilidad que exigen los paramilitares y sobre la que la Corte guardó silencio. Las razones para aplicar o no en este caso el principio de favorabilidad forman una compleja madeja de argumentos de derecho penal y constitucional que hay que desenredar (...) ¿quiénes deben ser los ‘favorecidos’? Están en juego los derechos del reo, pero también los derechos de las víctimas”. (Ver ¿Favorabilidad de quién?)

De otro lado, que se haya ordenado la búsqueda y captura de Vicente Castaño es una señal de que por las buenas no se pudo. Y para demostrar que el proceso está dominado por el gobierno, hay que mostrar los dientes y advertir con contundencia, cosa que el pasado martes el presidente Uribe hizo al pie de la letra: “Una cosa es la colaboración con el proceso de paz y otra cosa es ser prófugo de la justicia. Si colaboran con el proceso, se suspende la extradición, pero si son prófugos, se extraditan”, dijo a los medios de comunicación cuando le preguntaron por Castaño.

Este hecho tiene relación tanto con la conducción de ‘Jorge 40’ al centro de reclusión en La Ceja, como con el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura para todos los paramilitares, ya que se recurre a decisiones que afectan la movilidad de cada uno de ellos.

Entre tanto, personas como Salvatore Mancuso, ‘Ernesto Báez’ y el mismo ‘Jorge 40’ están a la espera de que la Fiscalía reciba su versión libre, y una manera de convencer al país sobre la autoridad del gobierno en esa materia, es mantener encerrados a personajes como estos en las instalaciones de lo que alguna vez fue un centro de recreación. Por tal razón, el Inpec tomó las riendas de las instalaciones, por lo menos para demostrar que hay autoridad carcelaria en el sitio.

Jorge Iván Cuervo, analista y también investigador de la Universidad Externado de Colombia, cree que tanto el gobierno como los ‘paras’ entendieron que el escenario jurídico es distinto después del fallo de la Corte Constitucional: “Antes de eso, las decisiones eran políticas. Ahora son decisiones políticas y con base en el derecho”.

En ese orden de cosas se entienden las declaraciones del comisionado Luis Carlos Restrepo, quien este lunes también salió ante los micrófonos para decir que en las fallas del proceso ahora también intervienen otras instancias distintas al Ejecutivo. Así, por ejemplo, puso el caso de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, a quien la Fiscalía General de la Nación no le ha demostrado ningún delito. Por lo que el jefe ‘para’ puede, según Restrepo, “irse cuando quiera de La Ceja”. Es decir, salir por la puerta grande tal como ocurrió hace unas semanas con José María ‘Chepe’ Barrera. Con esta declaración, el Comisionado aceptó una profunda falla del proceso, pero con la intención de mostrar que no todos los errores son de él y del Presidente.

Y en cuanto a las fisuras existentes y que sin son de su resorte, el gobierno parece estar tomando los correctivos necesarios. Sin embargo, ¿serán suficientes para disipar todos los nubarrones existentes en el horizonte?