El miedo, las amenazas y las palizas se imponen en las comunas de Medellín

En diversos barrios de la capital antioqueña pululan controles ilegales a las libertades individuales, que se sustentan en la intimidación, el castigo físico y la aceptación ciudadana. La realidad contrasta con la visión que se tiene sobre el proceso de reinserción de las autodefensas en Medellín, considerado como un modelo a replicarse en todo el país.

El miedo aún pesa sobre la ciudadanía, y los atropellos a sus libertades civiles y políticas pasan desapercibidos. Las denuncias que involucran a los reinsertados son subestimadas o no se interponen por miedo a las represalias, porque no confían en las autoridades o porque aceptan su autoridad ilegítima. No obstante, las autoridades locales insisten en tener control sobre cada uno de los cerca de 4.000 desmovilizados que hay en Medellín.

“El miedo en Medellín es una situación generalizada”, dice Jorge Ceballos, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Personería de Medellín. Y ese miedo opera a través de las amenazas y las palizas impuestas por quienes manejan la seguridad de los barrios.

“Están castigando a los muchachos que no atienden las órdenes de quienes se dice tienen en sus manos la seguridad”, cuenta Ceballos, quien hace referencia a ejemplos concretos: “El sábado pasado (16 de septiembre) estuvimos con representantes de Naciones Unidas en el barrio La Sierra. De allí nos han llegado quejas sobre castigos que les están propinando a los muchachos, como dejarlos toda la noche en agua fría”.

La Sierra y otros 18 barrios integran la comuna Ocho, ubicada en las laderas orientales de la ciudad, donde ejerce autoridad Antonio López, jefe desmovilizado del bloque Cacique Nutibara y vocero político de la Corporación Democracia, que agrupa a por lo menos 2.900 reinsertados.

Allí también se aplican palizas y conminaciones a abandonar los barrios a quienes, por ejemplo consumen sustancias alucinógenas en la vía pública. Y en medio de todo ello hay silencio en la gente. “Aquí hay mucho problema, pero tenemos temor”, le dijo una habitante de La Sierra a la comisión de la Personería y Naciones Unidas.

El control en La Sierra es de tal magnitud que la comisión de Personería y Naciones Unidas estuvo todo el tiempo bajo vigilancia de hombres de civil que estuvieron cerca todo el tiempo y se comunicaban con radioteléfonos entre sí.

Pero las golpizas no son exclusivas de esta zona de la ciudad. Transportadores de pasajeros que operan en la informalidad y que prestan sus servicios a miles de usuarios de diversos barrios de la comuna Trece son objeto de golpizas por parte lo que ellos llaman “fuerzas oscuras” desde hace por lo menos siete meses.

“Como transportadores informales nos atropellan bastante y uno de los recursos es la utilización de “fuerzas oscuras”. Ellos llegan, nos amedrentan a nuestros conductores, se los llevan y nos los entreguen golpeados y amenazados”, cuenta un directivo que pidió la reserva de la fuente. Admite que esos casos quedan en la impunidad porque no se puede denunciar. El temor es que les maten a varios conductores.

“Los castigos en La Sierra y en otros sectores de la ciudad no han cesado en ningún momento”, reconoce Ceballos. De las palizas y castigos físicos se tienen evidencias desde finales del año pasado.

De acuerdo con la socióloga Vilma Liliana Franco Restrepo, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), “estos castigos, que constituyen tratos crueles, son sanciones donde no hay nada que castigar. Se imponen bajo el principio de la disuasión, con el fin de que los castigados no reincidan o para disminuir la probabilidad de que otros cometan los actos sancionados. De esa forma se sancionan también las conductas esperadas”. Y añade la investigadora: “esto no tiene nada que ver con la justicia y es propio de sociedades antidemocráticas”.

Pobladores de diversos sectores aledaños a La Sierra también han denunciado que quienes ejercen el control barrial han provocado la sensación de inseguridad para ofrecer servicios de vigilancia.

“Ellos tienen a quienes nos asalten en las calles, nos roben en nuestras casas, nos hurten las motos, y cuando eso pasa, entonces vienen y nos dicen: ¿ven cómo hay de inseguridad? Lo mejor es que nos paguen a nosotros”, dice un habitante del barrio Caicedo.

Y es que el tema de seguridad sigue siendo de interés de quienes tienen el control de los barrios, al punto que han presionado a diversas juntas de acción comunal para que a través de ellas se le plantee al gobierno municipal la posibilidad de crear cooperativas de seguridad locales. “Las juntas se han negado y buena parte de la presión recae en sus lideres, quienes temen por sus vidas”, cuenta un directivo comunal.

Sacerdotes de la comuna Ocho, citados por Ceballos, advierten que la situación en esa zona de la ciudad es compleja, en particular con los desmovilizados, “porque, dicen ellos, tienen más plata que hace cuatro años: reciben subsidios del Gobierno, manejan los dineros de la venta de estupefacientes y no han dejado de percibir los dineros de las vacunas”.

En Medellín persisten evidencias del cobro de vacunas. “Por ejemplo, no hay negocio de maquinitas en la comuna Ocho que no esté vacunado”, dice Ceballos. Por su parte, el transportador de la comuna Trece reconoce que cada semana debe cancelar 10.000 pesos por cada uno de los 51 carros de la empresa que representa, “para que nos dejen trabajar”.

El coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Personería de Medellín también llama la atención sobre la banda llamada Los Triana, que opera en la llamada comuna uno, sector nororiental de la ciudad, con cerca de 300 jóvenes armados, que sigue desalojando y desplazando gente de las zonas donde operan.

“Naciones Unidas está muy preocupada por el desplazamiento intraurbano en Medellín y por la vulneración de derechos civiles y políticos en diversos sectores de la ciudad”, dice Ceballos.

Para Ceballos no hay duda alguna que en muchas de estas acciones están involucrados los reinsertados de las autodefensas. “Si están actuando, no sé hasta qué punto son desmovilizados”, y agrega: “En las comunidades son ellos los que siguen recibiendo las quejas de la gente y “ordenando” la seguridad de los sectores”.

Gustavo Villegas, secretario de Gobierno municipal, dice desconocer denuncias en este momento sobre retoma del control de los desmovilizados en materia de seguridad en la parte alta de La Sierra y en otros sectores de la ciudad, pero llama la atención sobre los canales de denuncia que tiene la ciudadanía.

“Hay un organismo competente para estos casos, la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz de la OEA, que tiene a su cargo la verificación de los deberes y derechos de los desmovilizados”, explica Villegas, y recalca que de ser verdad que en esas acciones denunciadas hay participación de reinsertados “lamentablemente estarían incumpliendo sus compromisos y pierden sus beneficios”.

Agrega que si alguien en la comunidad ve que los desmovilizados están volviendo a actividades ilegales, “tiene ese instrumento para formular sus denuncias. Y queremos que se oficialicen las denuncias a través de ese organismo para que nos dé un informe completo acerca de las actividades ilegales que vengan realizando los reinsertados”.

Las posiciones de ambos funcionarios reflejan las contradicciones sobre el proceso de desmovilización y reinserción de Medellín. La ciudadanía tiene los mecanismos para denunciar los atropellos de quienes, ilegalmente, ejercen el control social, pero gran parte de ella no lo hace. La pregunta es ¿cómo romper ese círculo vicioso?

(*) Editor Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co