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Bogotá

El muro de los lamentos

Lunes 05. El debate sobre los cerramientos urbanos revivió la semana pasada. ¿Es más seguro vivir entre rejas?

4 de septiembre de 2005

Pocas veces el alcalde mayor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, y el ex alcalde Enrique Peñalosa han coincidido en sus puntos de vista. Pero la semana pasada un proyecto de acuerdo que permitía conservar los cerramientos existentes, aprobado en el Concejo, los puso de acuerdo. Los dos recordaron que el Plan de Ordenamiento Territorial prohíbe expresamente los cerramientos. La polémica terminó cuando 'Lucho' aseguró que iba a objetar el acuerdo y que "ni por el POT" pensaba firmarlo.

La coincidencia habla de la importancia para la ciudad del debate que revivió la semana pasada con el argumento de la seguridad que ofrecen los conjuntos cerrados.

Entre Ríos, el barrio dividido a lado y lado de la avenida 80 que debe su nombre a encontrarse entre el río negro y el Juan Amarillo, es uno de los lugares donde la legalidad de los cerramientos urbanos tiene un matiz diferente. Allí, la continuidad de manzanas enrejadas se ve interrumpida por la Unidad 2, la única de las once unidades del conjunto cuyos muros fueron derribados por una orden de la alcaldesa local en 2002. Las demás iniciaron procesos para pagar la cuota de compensación y así han conservado sus rejas.

Entre Ríos es tristemente celebre por su oposición al derribamiento de sus muros, que incluyó policía antimotines y fue reseñada en los medios. Cuando María del Rosario Serrano, la administradora de la Unidad 2, enseña el expediente sobre las leyes referentes a los cerramientos que conserva en su oficina asegura que "esta es la historia de nuestra tristeza".

Una serie de características hacen de Entre Ríos un caso especial. Son vecinos de la Escuela Militar, de la Conferencia episcopal y de la cárcel del Buen Pastor, que los sábados, día de visitas, transforma la dinámica del barrio.

Al acercarse a Entre Ríos, los soldados producen una sensación de seguridad que, según los representantes de los residentes, es falsa. Se quejan de la desatención de los soldados en las garitas y aseguran que han presenciado asaltos sin inmutarse. Para Serrano, es innegable que la 80 es un 'atracadero' y afirma que frecuentemente aparecen personas 'emburundangadas'. Asegura que los transeúntes orinan sobre las ventanas y muros, que ahora dan sobre una pequeña zona verde paralela a la 80 y sirven de escondedero para los atracadores. En la Unidad 3 también se recuperó un parque y, según cuentan los celadores, han aparecido dos muertos en lo que va del año. La misma policía les asegura que no hay pie de fuerza suficiente para satisfacer sus necesidades.

Serrano se queja de que no hay seguridad jurídica. En uno de los folios conserva los papeles, que datan de 1975, en los que se muestra que tenían permiso para el cerramiento y afirma que desde siempre estuvo permitido.

Aunque las demandas de los residentes de Entre Ríos son legitimas, ignoran el nuevo escenario que se abrió paso con la constitución de 1991, donde dice claramente que el espacio público es un derecho colectivo.

El concejal Mario Suárez Melo, de Cambio Radical, lideró el tramite del proyecto y lo defiende apoyado en el pragmatismo. "El acuerdo soluciona un problema existente de 4.000 conjuntos que agrupan 100.000 viviendas y durante 20 años se han mantenido con licencias que se lo permitían. Se trata de conciliar el derecho a la vida y el derecho al espacio público", dijo a Semana.com.

En la otra orilla se ubican los enemigos de los cerramientos, quienes aseguran que el enfrentamiento es entre el interés general de muchos contra el interés particular de unos pocos. "El concepto moderno de espacio público implica un cambio cultural para dejar atrás la cultura de encerrarse y aislarse. No hay una prueba estadística de que las rejas generen seguridad. Las comunidades aisladas son mucho más vulnerables" , afirma Alfonso Prada, concejal peñalosista.

"Realmente se trata de no querer compartir el parque que se cree propio", argumenta por su parte Diana Margarita Beltrán, ex defensora del espacio público. Con base en su experiencia considera que en la mayoría de los casos la seguridad es una excusa y se trata en el fondo de un tema de exclusión. "Los cerramientos no generan seguridad sino la percepción de seguridad a la gente, mientras un espacio público en optimas condiciones sí genera seguridad", opina.

Hay más de 1.300 querellas en tramite para derribar cerramientos. Y aunque el discurso urbano parece demasiado sofisticado para llegarle a las personas que se sienten protegidas por las rejas, las restituciones voluntarias (el mecanismo alternativo aplicado por la Defensoría del Espacio Público) ya ha rendido frutos. Los procesos de entrega voluntaria entre 2002 y 2005 han sido equivalentes a más de 20 estadios como El Campín.

Uno de esos ejemplos es el caso Villa Magdala, en la calle 160 con 30, donde había parques y calles cerradas que equivalían a siete estadios. "Circular por cualquier calle era un caos. Las calles que no se podían cerrar acumulaban a los ladrones. Siempre ha sido un barrio inseguro, pero qué saco encerrándome en una cuadra si en la otra me atracan", apunta Carlos Bonilla, un residente del sector. A pesar de las resistencias se llegó a un acuerdo en la junta de acción comunal. A finales del año pasado se derribaron las rejas y se entregaron los parques.

Ahora la comunidad se está organizando por cuadras para combatir la inseguridad, que aún existe. "Seguirá siendo inseguro hasta que la gente se dé cuenta de que es uniéndose, y no encerrándose, como se combate el fenómeno", opina Bonilla.

En Entre Ríos, la administradora Serrano no está de acuerdo y defiende la condición excepcional de su barrio y la necesidad de los muros. "Tengo que vivir aquí y esta es mi realidad", argumenta.

En esos términos, la discusión sobre los cerramientos parece una enfrentamiento entre una realidad que arrastra los problemas del pasado y una visión de ciudad capaz de poner de acuerdo a 'Lucho' y Peñalosa a la que no le faltan defensores.