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| 7/6/2006 12:00:00 AM

El talón de Aquiles de la seguridad democrática

Una vez se inaugure el segundo período del Presidente Uribe, la justicia probablemente sufrirá un revolcón. Semana.com tercia en el debate y señala los aspectos que más requieren atención, sobre todo en las zonas de conflicto.

El talón de Aquiles de la seguridad democrática El talón de Aquiles de la seguridad democrática
Cíclicamente, el gobierno de Álvaro Uribe y varios columnistas, hablan sobre la necesidad de reformar la justicia. Después del intento fallido del ex ministro Fernando Londoño de realizar su sueño de recortar el alcance de la tutela y convertir a la Corte Constitucional en un órgano más de la Corte Suprema de Justicia, el impulso reformador perdió vigor. Pero pocos dudan de que una vez se inaugure el segundo período del Presidente Uribe, la justicia probablemente sufrirá un revolcón.

Durante el último cuatrienio, la justicia perdió perfil político al quedar subsumida en el Ministerio del Interior (solo un puñado de colombianos saben el nombre de la viceministra de Justicia). Aunque el sector Interior y Justicia aumentó presupuestalmente su participación al 1,2 como proporción del PIB (en 2002 era 1,1%), el sector de justicia perdió visibilidad, salvo por las constantes peleas entre las Cortes o lo que es peor, entre magistrados. En mayo, más de 35 mil funcionarios judiciales dejaron de trabajar durante un mes y salvo por las personas que tenían un muerto en Medicina Legal, muy pocos lo resintieron.

Pero los desafíos de la rama judicial subsisten, sobre todo en las zonas de conflicto y de no resolverse en los próximos años, se convertirán en el talón de Aquiles de la política de seguridad democrática. Semana.com espera así contribuir al debate sobre la reforma a la justicia, que segura y desafortunadamente estará orientado más a recortar el poder de la Corte Constitucional que a resolver los problemas estructurales.

Para ello entrevistó a Mauricio García Villegas, investigador del tanque de pensamiento Dejusticia. García Villegas es una de las personas que más ha estudiado, desde una perspectiva de sociología jurídica, el problema de la justicia colombiana. Es coautor de varios libros: “El Caleidoscopio de la Justicia”, “Emancipación Social y Violencia en Colombia”, y acaba de publicar su último libro en compañía con Cesar Rodríguez y Rodrigo Uprinmy “¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia”.

La degradación de los jueces

En Colombia, el debate sobre la justicia siempre ha girado sobre la congestión de los juzgados y sobre la impunidad. En Europa y Estados Unidos es un tema que está de moda desde hace 20 años porque se ha descubierto que para que el capitalismo funcione adecuadamente se necesitan jueces capaces de defender los derechos de propiedad.

En Colombia subsisten estos problemas, aunque ha habido claros avances en la descongestión de los juzgados. Sin embargo, Mauricio García Villegas considera que el problema en este país es cada vez menos un problema de diseño interno – que también lo es - y cada vez más un problema ligado a la guerra.

“En las zonas donde hay conflicto armado, los jueces no tienen el poder suficiente para imponerse a los actores armados, ni siquiera a las personas con poder. En un estudio que estamos haciendo en Dejusticia sobre los jueces en estas zonas, nos hemos dado cuenta de que el problema no es tanto que los jueces estén presionados por los grupos armados, sino que los conflictos realmente graves, los casos importantes, aquellos que afectan los intereses de quienes tienen poder en el municipio, no llegan a los juzgados. Se resuelven por fuera. Por eso es que buena parte de las supresiones de jueces que hace el Consejo Superior de la Judicatura en esas zonas se deben a la falta de trabajo en los juzgados”, afirma García Villegas.

“En las zonas bajo control de la guerrilla o de los paramilitares, los jueces se dedican al trabajo comunitario, dictan conferencias en los colegios, sirven de mediadores, todo menos ser realmente jueces. La justicia está en otra parte. Los grandes conflictos son resueltos por los grupos armados. Hay una especie de división del trabajo. Los jueces se dedican a solucionar casos “menores” de justicia intrafamiliar, mientras que los grupos armados resuelven los grandes casos criminales y los relativos a la propiedad. Se trata entonces de jueces maniatados que sólo juzgan lo que pueden juzgar, es decir aquello que no afecta los intereses de quienes tienen el poder en los municipios”, explica Garcia Villegas

En el Caguán, en el Caquetá, por ejemplo, durante los diálogos de paz con las FARC, la guerrilla creó una Oficina de Quejas y Reclamos para atender los conflictos de los campesinos (ver documento relacionado). Resolvían decenas de casos diariamente, con base en la justicia ‘revolucionaria’, que con frecuencia terminaba no siendo más que el capricho del comandante guerrillero de turno. En las zonas bajo influencia paramilitar sucede algo parecido. La mujer golpeada prefiere denunciar a su marido frente al para local, que llevar el caso ante un juez. ¿Por qué será que cuando la gente tiene la opción de escoger entre un juez y un árbitro armado, acude ante el armado?

“En estos territorios los campesinos se acomodan al poder dominante, y es normal que así lo hagan. A falta de Estado obedecen al que manda. Hay un fenómeno de adaptación que es natural aquí y en todas las sociedades afectadas por la guerra. La población ve que ellos tienen soluciones rápidas y eficaces a los conflictos. Otras veces acuden a ellos por temor. En todo caso, lo cierto es que, cuando los que mandan son actores ilegales, los jueces no pueden ser jueces de verdad. No tienen poder, dice García Villegas
Y agrega, “la policía sin jueces representa una institucionalidad distorsionada. Autoritaria. De otra parte los jueces sin policía representan a una institucionalidad maniatada. La política de seguridad democrática del actual gobierno insiste en la necesidad de recuperar los territorios a través del envío de fuerza pública. En eso tiene razón. Es algo necesario, más aún, es urgente. Pero eso no es suficiente. Para crear o recuperar el Estado se necesita que la policía esté acompañada de jueces – entre otros funcionarios públicos – y que los jueces puedan tomar decisiones sin temor, incluso cuando ello afecta a la fuerza pública. Si eso no sucede, como de hecho está pasando, se produce una alianza velada entre la fuerza pública y los paramilitares.”

Falta de recursos

En promedio, un juez municipal gana 2’800.000 con otras contraprestaciones, un salario superior a otros funcionarios municipales, que además se ha ido ajustando en los últimos años. Sin embargo, en muchos municipios los jueces no pueden cumplir a cabalidad su labor por la falta de recursos para trabajar. Uno de los más graves es la falta de asistencia técnica para que las personas participen en los procesos. La ausencia de defensores públicos y de abogados en los municipios, provoca que más de la mitad de los expedientes de los jueces promiscuos precluyan por falta de un abogado que defienda a la parte incriminada. Como el principio de la defensa técnica es sustancial, la justicia en muchos casos queda en ascuas. Además, siguen faltando recursos para adelantar las investigaciones.

“Los jueces no tienen suficiente apoyo de la Fiscalía para investigar. El problema de la investigación judicial en un país en guerra es grave. Sobre todo, cuando los actores armados son mafiosos. Se requiere una Fiscalía capaz de ir a esos sitios, de investigarlos y someterlos”, afirma Mauricio García Villegas.

El reciente caso del hijo de la Gata, que fue alertado antes de que la Fiscalía llegara a capturarlo, ejemplifica hasta qué punto los organismos judiciales han sido infiltrados por los grupos armados.

La pérdida de estatus

La decisión del gobierno de Uribe de fusionar el Ministerio de Justicia con el del Interior terminó quitándole aún más protagonismo a la justicia en el alto gobierno. Los ministros de Justicia y del Interior de este gobierno, han sido realmente críticos de las decisiones de jueces (el Ministro Londoño deslegitimando la decisión del juez Vacca de sacar a Rodríguez Orejuela de la cárcel; el Ministro Sabas criticando los fallos de la Corte Constitucional hasta el punto que la Corte pidió al Presidente que él fuera el único interlocutor, etc), y parecen privilegiar más los asuntos de orden público, propios del Interior, que los de Justicia.

“La decisión del gobierno de Uribe de acabar con el Ministerio de Justicia muestra bien el menosprecio del actual gobierno por la justicia”, afirma García.

¿Existe un problema en la concepción del rol de la justicia en estos territorios de guerra?

“En un país afectado por un conflicto armado, la construcción de la democracia pasa por el fortalecimiento de la justicia. Por definición, la justicia está concebida como un tercero independiente que decide con base en leyes generales que tienen un fundamento democrático. Por eso la justicia es instrumento de paz, un instrumento esencial en el estado moderno. Lo que quiere el gobierno, en cambio, es pacificar al país de manera exclusivamente militar y con alianzas políticas dudosas. La pregunta es si estas alianzas non sanctas (con gamonales, con clientelismo, con las autoridades locales en sociedades gangsterizadas y mafiosas), si esa estrategia de superación del conflicto sólo a través de las Fuerzas Militares, va en la vía del fortalecimiento institucional o si, por el contrario, lo que estamos haciendo es degradar aún más lo poco de institucionalidad que tenemos en las regiones”, responde MGV.

¿Qué podría suceder entonces?

“Una entronización de las mafias, a la manera siciliana; una captura del Estado por parte de mafias. Desde la Independencia, el Estado ha sido incapaz de controlar las regiones periféricas del país. Allí siempre han dominado los políticos, la iglesia o los hacendados, o todos ellos juntos. Lo que estamos viendo ahora es que todos estos poderes tradicionales están siendo cooptados - por temor, por conveniencia, por negligencia, poco importa- por las nuevas mafias.

¿Y que puede hacer la justicia para evitarlo?

“Me parece que hay que crear una política integral de reconstrucción institucional en las zonas de conflicto armado. De esa política debe hacer parte, sin duda, la fuerza pública - que es esencial e ineludible – pero ella debe venir acompañada de la protección de los derechos de la gente y de la defensa de la Constitución y las leyes, todo ello a partir de la intervención de los jueces. Intentar construir un Estado constitucional sin jueces es tan equivocado como intentar construir un estado constitucional sin seguridad y sin fuerza pública.

El sesgo de la justicia

“La justicia es un servicio público. Pero como suele suceder con otros servicios de este tipo, no todos se benefician por igual. En la práctica los ricos y los poderosos tienen acceso preferencial, de tal manera que la utilizan como un servicio privado. Alguien que tiene un defensor de oficio tiene nueve veces menos posibilidades de salir libre que uno defendido por un abogado privado. Pero hay más. Estudios de Dejusticia han demostrado que la justicia civil dedica gran parte de su tiempo a servirle de chepito a los bancos. Un porcentaje muy alto de los casos de la jurisdicción ordinaria son procesos ejecutivos de los bancos, que podrían ser resueltos de otra manera”, afirma García Villegas.

Con este panorama, una verdadera reforma a la justicia sería clave para Colombia. Pero en la dirección de hacerla más asequible a todos los colombianos, de hacerla verdaderamente soberana y de darle las herramientas que se necesitan para que haga una diferencia tal, que la próxima vez que se vayan a paro, todos los colombianos se preocupen.

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