¿En Antioquia no hay para-política?

“No me vayan a decir ahora que el departamento que puso la mitad de las víctimas del paramilitarismo en Colombia no tuvo para-política, ¡por Dios!”, expresó con indignación la investigadora Claudia López al reaccionar ante una posible demanda penal que presentará en su contra el gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero, quien ha cuestionado duramente los hallazgos de recientes informes que evidencian las tendencias atípicas de sus resultados electorales en regiones dominadas por grupos paramilitares.

A ese nivel ha llegado el tono del debate planteado por la investigadora tras divulgarse su libro Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, que incluye un capítulo sobre Antioquia en el que advierte que, según tendencias de las votaciones de 2003 y de 2006, el movimiento Alas-Equipo Colombia, que lidera Ramos Botero y quien hizo equipo con el ex congresista Álvaro Araújo, recluido en la cárcel por sus nexos con el paramilitarismo en Cesar, se habría favorecido con los sufragios de aquellas subregiones donde hubo fuerte presencia paramilitar.

Ramos Botero anunció la demanda contra la investigadora López durante una inusual conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 27 de febrero, a las tres de la tarde, en el salón Pedro Justo Berrío de la Gobernación de Antioquia, frente a una docena de periodistas de diversos medios locales, regionales y nacionales, justo cuando estaba en marcha la liberación unilateral de los cuatro congresistas que tenían retenidos las Farc hace más de seis años.

Al momento informativo que vivía el país durante la tarde del miércoles, se le sumó la mecánica adoptada por los asesores de prensa de Ramos Botero: el Gobernador de Antioquia haría una corta exposición sobre el tema y a continuación sólo se permitirían cinco preguntas de cinco periodistas, cuya selección no fue clara y en la que resultaron favorecidos los comunicadores radiales, pues hicieron tres de las cinco preguntas, un sector de la prensa antioqueña que se ha lucrado históricamente de la pauta oficial.

Si bien diversos sectores políticos del departamento y de país le habían solicitado que hablara del tema, habida cuenta que guardaba especial silencio desde la campaña electoral, la verdad fue que se dedicó a descalificar los hallazgos de las investigaciones académicas coordinadas por López, que arrojan una supuesta responsabilidad suya en las relaciones electorales con el paramilitarismo antioqueño, y no permitió que se le preguntara exhaustivamente.

“Todo es falso, mentira, calumnia. Lo tendrán que probar en los estrados judiciales, porque eso no puede quedar simplemente así. Aquí se abusa de esa libertad que la persona tiene para escribir o para expresar esas ideas, pero no pueden calumniar, no pueden ofender, no pueden agraviar, y sobre todo no existe una sola prueba que diga que grupo paramilitar alguno estuvo participando en la campaña”, declaró Ramos Botero ante los periodistas.

Explicó que su candidatura a la Gobernación de Antioquia estuvo apoyada por diversas personalidades del sector público y privado, todas de altas calidades, con lo que quiso significar la transparencia de su campaña electoral que lo llevó a conquistar con 850.000 votos el primer cargo del departamento.

“Rechazo y emplazo públicamente a quienes han hecho esto para que digan quiénes son los dirigentes políticos y cuáles son los paramilitares que acompañaron la campaña a la Gobernación de Antioquia; que digan públicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que no hagan especulaciones, que no hagan chismes, que no se dejen llevar por oscuros intereses de la política, y por una ONG que está detrás de esto de la que hacen parte personas que provienen de grupos al margen de la ley de otra época, de grupos subversivos”, reiteró el Gobernador de Antioquia, al referirse a la Corporación Nuevo Arco Iris, que respaldó la investigación académica y cuyos resultados han sido útiles para llevar a la cárcel a un nutrido número de congresistas, en particular de la Costa Atlántica.

En el intento de mostrar que la investigación no sólo lo ataca a él sino a todos los antioqueños, Ramos Botero manifestó que “hay gente que le duele el liderazgo de los antioqueños y del presidente Uribe, y por eso reacciona así, para tapar la salida inmediata a otros dirigentes de acá, de Medellín, de Antioquia, o al propio presidente Uribe. Y en forma calumniosa tienen que recurrir a esos seudoestudios, que no tienen rigurosidad, que carecen de calidad científica y técnica, y académica. Que son improvisados, especialmente con la parte que tiene que ver con lo electoral”.

Responde López

Consultada por la Agencia de Prensa IPC, Claudia López dijo que responderá la demanda si se llega a presentar: “Él está en todo su derecho de defender sus argumentos, pero también tengo el derecho de responder y defender mis argumentos ante cualquier estrado. Con el mayor respeto acudiré a la justicia si el Gobernador decide ponerme una demanda, no tengo ningún problema”.

No obstante, se mostró preocupada por la falta de responsabilidad política expresada por el mandatario seccional en relación con aquellos políticos que lo acompañaron en sus campañas al Congreso, en el 2003, y a la Gobernación de Antioquia en 2006.

“El libro no le hace ninguna sindicación penal a él, pero sí es claro en afirmar que, por ejemplo, todos los políticos de Antioquia investigados actualmente por la para-política, sin excepción, están en su campaña y le pusieron sus votos”, dijo la investigadora y de paso se preguntó: “¿Entonces cuál es la responsabilidad que asume el Gobernador? Ninguna, y se atreve a decir que no responde por esos votos, que cada cual responda por sus propias actuaciones, pero es incapaz de renunciar a ellos si aquellos que lo apoyaron electoralmente son condenados por la justicia”.

Entre aquellos políticos reseñados por la investigadora se encuentran Óscar Suárez Mira, Mauricio Parodi, Rubén Darío Quintero y Guillermo Gaviria Zapata, vinculados actualmente a procesos de investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Rebatió la descalificación que el Gobernador de Antioquia hizo de su investigación y ratificó su rigurosidad técnica y metodológica: “aquí hay un análisis estadístico basado en cifras oficiales, perfectamente riguroso, tanto como el que se hizo para la Costa Atlántica; tan riguroso como el que han venido trabajando la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia para sustentar sus investigaciones. Hay rigurosidad académica y claridad. Ahora, no vamos a dejar de exponer nuestras conclusiones con ningún tipo de amenaza, venga del poder de donde venga”.

Sobre los cuestionamientos acerca de un posible ataque a la dirigencia antioqueña, López no expresa mayor sorpresa, pues esa misma actitud asumieron en la Costa Atlántica cuando se conocieron las investigaciones sobre esa región del país. “Allí dijeron que era un saboteo de los bogotanos contra la Costa, pero la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía han determinado que esos políticos son unos criminales y punto”, responde enfática la investigadora y se pregunta de nuevo por una situación que le preocupa con respecto a Antioquia: “¿Por qué las investigaciones de la Costa sí avanzan y las de Antioquia no? Se tienen las mismas pruebas, las mismas evidencias, el mismo dato de las investigaciones. Eso es inaudito”.

Y se atrevió a lanzar preguntas que, durante su exposición, el Gobernador de Antioquia no dejó claras: “¿Cómo explica Luis Alfredo Ramos el crecimiento en el 2003 en un 52 por ciento de la votación en Urabá en una región donde en 40 años no tuvo el Partido Conservador ni un edil? ¿Cómo es que crece en el Bajo Cauca y en el noreste? Eso no es normal, porque no tenía en esas subregiones trayectoria política y crece de la mano de la expansión paramilitar”.

Al sustentar su interés sobre Antioquia, López explicó que su mayor motivación se sustenta en las estadísticas del conflicto en el departamento: “según las cifras, más de la mitad de los muertos de las víctimas del paramilitarismo en Colombia los puso Antioquia. Los antioqueños tienen derecho a que se haga justicia”. Se refiere a las 120 masacres cometidas por grupos paramilitares entre los años 1997 y 2007; así como a los 300.000 antioqueños desplazados de sus parcelas y despojados de sus tierras, y a las cerca de 60.000 víctimas registradas en los procesos de Justicia y Paz.

Y una preocupación adicional expresada por la investigadora Claudia López está relacionada con el ejercicio periodístico en Antioquia. “Me parece grave que el propio Gobernador reconozca que se despidió a una periodista de Teleantioquia sin justa causa porque se atrevió a preguntarle en un debate electoral realizado el 28 de septiembre del año pasado sobre los hallazgos de la investigación sobre paramilitarismo y política en Antioquia”, haciendo referencia a lo ocurrido con Luz María Montoya, directora del noticiero del Canal, declarada insubsistente el 31 de diciembre de 2007 por el gerente entrante, Juan Fernando Castrillón, tras argumentar que se requería “gente de confianza” en ese cargo.

Pero no ha sido el único hecho. Lo ocurrido durante la conferencia de prensa del pasado 27 de febrero también apunta a pensar que alrededor de la para-política en Antioquia hay un constreñimiento a la libertad de prensa “y todo indica que al Gobernador de Antioquia no se le puede preguntar sobre el tema porque si lo hacen les quita la pauta publicitaria. El mensaje que queda es que quien se meta con el Gobernador la lleva”, puntualizó Claudia López.

El debate ha llegado a un punto alto, pero es claro que esa relación entre paramilitarismo y política en Antioquia permanece en una zona gris, donde se difuminan los vínculos entre jefes paramilitares y caciques políticos, y se pierde toda evidencia.

(*) Editor Agencia de Prensa IPC
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