En el laberinto jurídico

Luego de una audiencia de tres horas en las que escuchó los alegatos de la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de los militares, el juez Oscar Hurtado Reina envió el caso del asesinato de un convoy de la policía en Jamundí al Consejo Superior de la Judicatura, para qué decida si el caso es competencia de la justicia penal militar o de la ordinaria.

“El estado de derecho se va a desquiciar”, fueron las palabras del juez una vez terminada la audiencia complementaria esta mañana en Cali. En la diligencia, Hurtado ratificó su decisión inicial de declararse incompetente para conocer el proceso contra el coronel Byron Carvajal y 14 soldados del batallón de Alta Montaña, por la muerte de 10 miembros de la Dijín y un civil el pasado 22 de mayo en la inmediaciones de Potrerito, Valle del Cauca.

Aunque insistió en que es la justicia penal militar la que debe asumir el caso, Hurtado reiteró que incurrió en un error de procedimiento en la audiencia de la semana anterior al enviar el caso directamente a la justicia penal militar y no al Consejo Superior de la Judicatura, que deberá decidir cuál jurisdicción es la competente para determinar la responsabilidad de los militares.

Durante la audiencia, la Fiscalía hizo hincapié en que de acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio, una vez presentado el escrito de acusación, el juez debía abrir el debate. Y sólo posteriormente, si alguna de las partes interponía un recurso de nulidad por competencia, el juez debería pronunciarse sobre el particular y no antes, como efectivamente sucedió la semana pasada.

El Fiscal especializado Javier Tamayo señaló que las actuaciones de los anteriores jueces que conocieron el proceso estableció jurisprudencia en torno a la competencia de la justicia ordinaria y que Hurtado no debía haberla desconocido. “Usted reconoce su actuación irregular señor juez, que ha causado un entuerto en el proceso al no dar el trámite normal a la anterior audiencia, vulnerando los derechos de la fiscalía. Por lo tanto consideramos que su decisión es errada y le pedimos que la declare nula y que sea el tribunal superior quien decida”, fueron las palabras con que cerró la intervención el fiscal Tamayo.

Aunque la Procuraduría consideró que el juez no se equivocó al declararse incompetente antes de iniciar la audiencia de acusación, coincidió con la Fiscalía en que al juez Hurtado le faltó revisar las actuaciones y la jurisprudencia de sus predecesores en el caso. De igual forma consideró débiles los argumentos con que el juez explicó su decisión de trasladar el proceso a la justicia penal militar, y por eso pidió que la justicia ordinaria se encargue del caso.

Los argumentos de la defensa

Por su lado, para reforzar el argumento de que la actuación de los militares se produjo por actos inherentes al servicio, los abogados defensores pidieron que se anexara al proceso una carpeta con la orden escrita que dio vida a la operación del batallón de Alta Montaña en Potrerito, además de los informes de inteligencia en el cual se basó la avanzada del Ejército y los soportes de los consejos de seguridad en los que se analizó la situación de la zona. “Ante la situación particular de los soldados, lo que aquí se va a juzgar es cómo fueron sus actuaciones para cumplir unas órdenes impartidas por sus superiores, actuaciones que son el motivo de esta investigación y para las cuales el juez natural es la justicia penal militar”, dijo Judy Castro, abogada de la defensa.

Finalmente el juez Hurtado no aceptó las consideraciones de la Fiscalía ni de la Procuraduría, pero envió el caso al Consejo Superior de la Judicatura que tendrá tres días para entregar su concepto.
 
“Sólo después del juicio se podrá hablar de masacre o mandado del narcotráfico”, agregó el juez en una clara alusión a lo que considera una intromisión inaceptable del ejecutivo en este caso. “No he prevaricado, como quiere hacerle creer a la opinión pública la Presidencia, la Fiscalía y hasta la Procuraduría. Por el contrario quiero limpiar el proceso de asperezas y evitar una posible nulidad por parte de la Corte Suprema de Justicia”, recalcó Hurtado, quien renunció a su cargo de juez la semana pasada tras verse en el ojo del huracán de la opinión pública (ver artículo relacionado).

Si el Consejo Superior de la Judicatura respeta la jurisprudencia seguida por la Corte Constitucional, el caso probablemente volverá en unos meses a la justicia ordinaria. Mientras tanto, las madres de los policías de la Dijin y el civil que murieron en este episodio (ver artículo Fusilados) seguirán esperando justicia.