Estafas en el Valle

Dice llamarse Luis David Ochoa y asegura que trabaja para Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados. También dice que es abogado. Desde una oficina en Cali, promete “desvarar” a los colombianos que necesiten salir del país por amenazas contra su vida. Una asesoría con él puede costar 10 mil pesos, y sacar al amenazado en condición de asilado, puede valer hasta diez millones. Por su oficina se cree que han pasado decenas de víctimas. Absolutamente todo es una estafa.

Las autoridades prendieron las alarmas ante la presencia de una mafia que en el Valle del Cauca anda ‘cazando’ víctimas de la violencia, perseguidos por grupos armados ilegales y personas acosadas por narcos que, en medio de su desespero, se venden al mejor postor que les facilite una cómoda oferta para sacarlos del país. Como Ochoa, se cree que hay decenas de timadores que ni siquiera están denunciados ante la Fiscalía General.

“Estas personas se presentan como abogados, ofrecen asesoría a ciudadanos que desean emigrar y, en algunos casos, también les venden pasajes de avión. Es del conocimiento del Acnur que algunas de estas personas que ofrecen su asesoría para salir del país se hacen pasar por funcionarios o asociados del organismo, con lo que buscan dar credibilidad a sus instrucciones”, dice la denuncia de Acnur, que tiene conocimiento de unos diez casos que se han presentado en el Valle, aunque se cree que hay cientos de personas que están siendo engañadas por un falso bufete.

Quienes están haciendo su negocio a costa del temor y la ignorancia de personas amenazadas ‘arreglan’ recorridos Bogotá- Madrid, Madrid- Tel Aviv; o Bogotá-Ciudad de México y Bogotá- París con destino final Japón. Pero las medidas migratorias de estos países son demasiado estrictas y, por lo general, detectan fácilmente que llevan papeles falsificados para obtener el asilo en sus naciones.

La Fundación Esperanza, un organismo que trabaja en la prevención de trata de personas en Colombia, conoce el caso de una señora de Cali que aseguró haber solicitado el asilo en España por su propia cuenta. Cuando llegó al aeropuerto de Barajas le dijeron que sólo por venir del departamento del Valle ya era sospechosa y, de inmediato, le dieron la orden de salida, un paso previo a su deportación. “Hemos tenido conocimiento de casos de personas que realmente merecían la protección internacional que se brinda a refugiados, y por presentar casos falsos no han tenido acceso a ella”, agrega Acnur.

Los casos

Felipe* es un estudiante de ciencias políticas en una universidad de Cali. Interesado en investigar sobre el fenómeno paramilitar en el Guaviare, decidió viajar hasta el departamento y obtener de primera mano la información. La dicha duró poco. No había terminado de comprobar que las autodefensas y las Farc se repartían la región, cuando los primeros lo obligaron a salir corriendo de su territorio. Al regresar a su ciudad, el aspirante a politólogo insistió en terminar su investigación, pero las amenazas contra su vida no pararon. Decidió ir hasta Bogotá y pedir ayuda en la embajada de Canadá.

Después del susto, vino la decepción. Los requisitos para permanecer en Canadá como refugiado son bastante rigurosos y era más fácil esconderse de sus enemigos en cualquier rincón de Colombia que lograr un cupo en el país del norte. Extrañamente, a la salida de la embajada, se encontró con alguien que también estaba buscando asilo y en su misma situación. Le contó que había una opción: contactar un grupo de abogados que lo sacarían del problema fabricando escandalosas pruebas de amenazas contra su vida por un valor de dos millones y medio de pesos.

La situación era bastante sospechosa. Por fortuna, Felipe desistió de la idea y decidió contar el caso en la Fundación Esperanza. “Nosotros le abrimos un espacio a personas vulnerables como estas que tengan la intención de migrar, bien sea para guiarlos en cómo salir del país, o para que denuncien casos de estafadores (...) lo que nos dificulta el trabajo es que casi todas las denuncias las recibimos por correo electrónico y son anónimas”, afirma Diana Cano, coordinadora de asistencia de esta organización.

Aunque no hay pruebas fehacientes, se conoció que en los municipios vallunos de Yotoco y Yumbo hay un grupo pequeño de supuestos tramitadores que están haciendo de las suyas para sacar del país a colombianos amenazados. De sus víctimas, poco se sabe.

Las opciones

El desconocimiento de la gente perseguida que necesita, por seguridad, emigrar a otro país, es una de las principales razones por las que se están presentando casos como estos.

Es importante saber, por ejemplo, que Acnur no cobra dinero por asesorías, no posee ningún mecanismo para evacuar a personas de su país de origen, no facilita documentos para la salida del país y tampoco intercede ante embajadas para el mismo fin. Para solicitar la condición de refugiado una persona debe estar fuera de su país de origen, aunque países como Suiza y Estados Unidos, prestan asesorías de ayuda humanitaria que pueden ayudar a ubicar al damnificado a través de sus embajadas en Colombia.

En ese sentido, cada país tiene la facultad autónoma de conceder o no la condición de asilado para proteger a personas perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política.

Por otro lado, las autoridades aclaran que si hay una persona que está siendo objeto de amenazas debe poner en conocimiento su caso a la Policía, al DAS o a la Fiscalía. Ellos valorarán el grado de riesgo que tiene cada persona y, dependiendo de cada caso, se le dará la protección respectiva.

A la espera de que se conozcan más casos en el resto del país, las autoridades están en la búsqueda de estos falsos abogados que, posiblemente, están llenando sus bolsillos con dineros de gente inocente y desperada por salvar su vida.

Si conoce otros casos, escriba a ppena@semana.com

(*) Los nombres fueron modificados para proteger las identidades de las víctimas.