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| 11/16/2006 12:00:00 AM

Ex presidente Betancur dice que sí actuó con su “deber de gobernante” durante la toma del Palacio

El ex presidente Belisario Betancur se mostró respetuoso del Informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia aunque afirmó que él sí actuó con su “deber de gobernante”. Una de las conclusiones de los investigadores es que en ese momento en el país “hubo un vacío de poder”.

Ex presidente Betancur dice que sí actuó con su “deber de gobernante” durante la toma del Palacio Ex presidente Betancur dice que sí actuó con su “deber de gobernante” durante la toma del Palacio
El ex presidente Belisario Betancur se mostró sereno y tranquilo tras conocer el informe de la Comisión de la Verdad sobre el holocausto en el Palacio de Justicia aunque se apartó de una de sus conclusiones principales en el sentido de que en ese momento en el país hubo un vacío de poder. El ex Jefe de Estado señaló en un breve comunicado que su actuación fue "limpia" y acorde con su "deber de gobernante".
 
"Por cerca de 50 horas he respondido numerosos interrogatorios, con mi versión como jefe constitucional de las Fuerzas Militares sobre esos lamentables acontecimientos y para mantener limpia mi actitud en defensa del orden, del ordenamiento jurídico y de la democracia ante el ataque terrorista", señaló un Betancur tranquilo aunque no permitió preguntas de los periodistas.
 
En el informe de 55 páginas se afirma que "se dio un vacío de poder porque el Presidente, simplemente, fue un espectador del desarrollo de los acontecimientos". El asalto del M-19 dejó más de cien muertos. Para Betancur, el informe "es un aporte valioso para el esclarecimiento de los hechos dolorosos (...) y que se suma a otro de una comisión de juristas -nombrado por la Corte Suprema de Justicia de entonces- cuyo dictámen fue diferente y a los informes absolutorios de dos comisiones de acusaciones de la Cámara de Representantes".
 
Explicó y reiteró que ha respondido "por cerca de 50 horas ante dichas instituciones, ante la Fiscalía, ante jueces de instrucción criminal y ante la propia Comisión de la verdad". Según la Comisión, el Ejecutivo "no estuvo informado con precisión sobre lo que ocurría y menos asumió el mando o la supervisión del operativo militar, como era el deber del Jefe del Estado en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas".


Tragedia nacional

 
El informe de la Comisión se divulgó este miércoles. Un par de horas después de que la Fiscalía libró medida de aseguramiento contra el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubio, acusado de la desaparición forzada de varios trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia, la Comisión de la Verdad pronunció su fallo histórico con el que se busca arrojar un poco de luz en los trágicos hechos ocurridos en 1985.
 
La Comisión -conformada por los ex magistrados Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla- fijó su posición en varios puntos polémicos de lo ocurrido en la toma del Palacio el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Con la recolección de más de 60 testimonios, el estudio de miles de folios y la apreciación de videos, grabaciones y otros documentos relacionados con los hechos ocurridos hace 21 años, los magistrados encontraron elementos de juicio que les permiten pronunciar un veredicto histórico que, si bien no tiene facultades vinculantes desde el punto de vista jurídico, sí intenta tener repercusiones académicas e históricas sobre este holocausto.

“Como es natural, el tiempo transcurrido ha sido un obstáculo para alcanzar la dilucidación fiel y completa de los trágicos acontecimientos, pero a la vez sirve para que se amainen los temores de acciones judiciales y de eventuales represalias”, aclaró la Comisión al comienzo de su pronunciamiento hoy en el marco del la celebración de los 120 años de existencia de la Corte Suprema de Justicia

En su pronunciamiento, la Comisión es tajante en señalar que el primer responsable por lo ocurrido hace 21 años fue el M-19, quien protagonizó la toma del Palacio de manera sanguinaria al asesinar de entrada a dos vigilantes en el parqueadero. Los magistrados calificaron de “espectaculares en sus comienzos” algunas acciones que el grupo guerrillero ejecutó antes de la toma del Palacio.

Los excesos

Sin desconocer la acción “cobarde y sanguinaria” de la guerrilla, la Comisión señala que la acción desbordada de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) fue “ilegítima, desproporcionada y copartícipe del holocausto”. Categóricamente, la Comisión afirma que las FF. AA. buscaron prioritariamente eliminar al enemigo, antes que rescatar a los rehenes.

Según el análisis de los tres ex magistrados, la fuerza pública tuvo responsabilidad en la muerte de rehenes y en la desaparición de varios civiles y de la guerrillera Irma Franco. También insistieron en que el intento de ingresar por la terraza por parte de la Policía fue “tan intrépido como torpe”.
 
El comando Copes, encomendado para sorprender a la guerrilla ingresando por allí, no conocía siquiera los planos de la edificación y su operativo se basó en información falsa por lo cual llegó sólo al cuarto de máquinas, donde fueron recibidos a bala por el M-19. Para lograr su ingreso al Palacio, el comando debió derribar con una poderosa carga explosiva una puerta. Al respecto, la Comisión de la Verdad sostiene que “todo indica que la explosión produjo muertes entre guerrilleros y rehenes”.

El comportamiento del comandante guerrillero Andrés Almarales, cabecilla de la toma, fue duramente cuestionado. Según la Comisión, el magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, Manuel Gaona Cruz, rehén del M-19 durante la toma fue ultrajado y herido por Almarales, según lo narrado por un testigo presencial: “El doctor Gaona le pide en varias oportunidades a Almarales que se rindan, que no tiene sentido... Le dice que él quiere ver a su hijo o hija (que era un bebé) y le pedía por favor que le permitiera ver crecer a su hijo. Almarales gritaba y le decía ‘¡cállese magistrado! Y le gritaba ‘cállese magistrado no sé qué...’, cállese, y lo amenazaba con el arma. Luego, recuerdo, nos tienen a todos sentados en el piso, el doctor Gaona vuelve a decir lo mismo y vuelve a pedirle lo mismo, pero sentado en el piso. Me decía un compañero que Almarales le había disparado y que la sangre que brotó le había caído en la camisa”.

Sobre el desenlace del cuarto piso, en donde no hubo sobrevivientes y fueron hallados cuerpos incinerados, la Comisión afirma que no se supo cómo murieron los rehenes de ese grupo. “Lo cierto es que la mayoría de los cuerpos se encontraron desmembrados, mutilados, calcinados y por lo menos tres de los magistrados: los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moncayo y José Eduardo Geneco Correa mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla”, puntualiza la Comisión.

El M y los narcos

“Todo indica que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín en el asalto al Palacio de Justicia”, asegura la Comisión. Y agrega, recogiendo el testimonio de John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, que el M-19 habría recibido dos millones de dólares del cartel de Medellín por la ejecución de la toma, todo ello con el fin de influir en la discusión sobre la extradición que la fecha de la toma habría de llevarse en la Sala Constitucional.

La Comisión sostiene que el gobierno del presidente Belisario Betancur no llevó el mando de las FF. AA. como le correspondía y afirma que se dio un “vacío de poder porque el Presidente fue un mero espectador” que conocía del desarrollo de los acontecimientos apenas por el reporte de los medios de comunicación. Varios párrafos del testimonio del ex ministro Enrique Parejo fueron relacionados para cuestionar el pasivo papel del gobierno en los momentos determinantes de la toma.

Así mismo, se destacó el testimonio del ex magistrado Manuel Enrique Daza Álvarez quien, con un grupo de los magistrados que no estaban en el Palacio al momento de la toma, habló personalmente con el Presidente para exigirle que diera la orden de cese al fuego, a lo cual Betancur respondió “Cálmese que yo hablé con el presidente de Venezuela, con el presidente de Ecuador, con el presidente de Perú y ellos están de acuerdo con la forma en la que estamos manejando la situación”.
 
Ante el inusual argumento del Presidente, el ex magistrado Daza le respondió “Presidente, con todo respeto, ¿qué tienen que ver los presidentes de Venezuela, Perú y Ecuador con lo que aquí está sucediendo?” Según el testimonio de Daza a la Comisión de la Verdad, este episodio terminó con la retirada de los magistrados quienes antes de dejar al Presidente le advirtieron que de no dar la orden de cese al fuego la historia sería muy dura con él.

Irregularidades antes y después

La semana anterior a los hechos del 6 de noviembre, la seguridad del Palacio fue reforzada por los rumores de una inminente toma del edificio por parte del M-19. Misteriosamente, el 6 de noviembre el Palacio amaneció sin vigilancia reforzada. Posteriormente se explicó que hubo necesidad de desplazar personal para la celebración del día Policía Nacional mientras otras voces afirmaron que la seguridad fue retirada por orden del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. La comisión señaló esto como imposible porque él no podía tomar esa decisión unilateralmente, además, para esa fecha se encontraba en Bucaramanga.

Por eso la Comisión afirma que “las razones que se han dado para tal desmantelamiento de la seguridad, a fuerza de ser falaces a nadie convencen”. Los ex magistrados también sostienen que “no se halló prueba de que el retiro de la seguridad fuera para facilitar el ingreso del M-19”.

La cadena de irregularidades posteriores a la toma también fue analizada por la Comisión de la Verdad. Allí se señaló que los cuerpos fueron lavados con mangueras, que la escena de los hechos fue trastocada y limpiada antes de practicarse las diligencias forenses e investigativas. Se aseguró incluso que restos humanos fueron depositados como basura por el mal procedimiento adelantado.
 
La Comisión sostiene que muchas de las necropsias efectuadas en medicina legal quedaron incompletas por la orden militar de depositar los cuerpos en fosas comunes del cementerio Sur de Bogotá. Finalmente, los ex magistrados recordaron los casos de muchos familiares que tuvieron enfrentarse a los militares para recuperar los cuerpos de sus parientes muertos.

El documento íntegro y concluyente de la Comisión de la Verdad estaría listo para mediados del año entrante. Al cierre de su pronunciamiento, los ex magistrados miembros de la Comisión resaltaron las limitaciones que han tenido a lo largo de la investigación. Señalaron que han corrido con los gastos de todo, ya que, distinto al apoyo de dos universidades, no han tenido ningún tipo de ayuda. Sin embargo, resaltaron el valor de este trabajo que por lo menos puede significar algún alivio moral para las víctimas de este fatídico episodio.



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