Hasta diez años de cárcel purgarán militares de la guaca de las Farc

Dos meses después de que se iniciara la Corte Marcial contra 147 militares del Ejército que se quedaron con 40 mil millones de pesos de las Farc, el juez penal militar que lleva el caso reveló este jueves las condenas que en primera instancia se le impondrán a tres oficiales, 15 suboficiales y 126 soldados de la Brigada Móvil No. 6, quienes pagarán entre 41 meses y 10 años de cárcel por el delito de peculado por apropiación.

El fallo dice que los oficiales (juzgados como reos ausentes) deberán permanecer 10 años en la cárcel. Los suboficiales (también prófugos) entre 7 y 9 años, y los soldados entre 4 y 7 años. La diferencia de las penas se debe a que algunos uniformados reconocieron los cargos, otros devolvieron el dinero y otros confesaron detalles sobre el hallazgo de las caletas. En la sala de audiencia, ubicada en el centro de entrenamiento militar en Tolemaida, a hora y media de Bogotá, se encontraban sólo 55 soldados desde hace dos meses cuando comenzó el desenlace de la etapa judicial.

La pena más alta recae sobre los tenientes Fernando Mojica y Jorge Sanabria, comandantes de las compañías Demoledor y Buitre, por ser quienes tenían el mando y mayor responsabilidad en el cumplimiento de la ley. El subteniente Iván Roa, subcomandante de la Demoledor, deberá estar nueve años en prisión. La condena más baja fue para el soldado Fernando Guerrero (tres años y cinco meses) por su colaboración con las investigaciones del caso conocido como “La Guaca”.

De los 147 militares que encontraron la caleta de las Farc durante un operativo en 2003 para rescatar a tres estadounidenses secuestrados por esta guerrilla en la región selvática de San Vicente del Caguán, 144 fueron condenados. Únicamente dos soldados fueron absueltos al comprobarse que no se encontraban en la zona el día del hallazgo y otro más murió en un accidente durante el proceso.

El delito

El juez Carlos Eduardo Rayón consideró que las dos compañías del Ejército este fue un delito cometido en actos del servicio, actuaron como servidores públicos y tenían la obligación de custodiar el dinero y devolverlo a las autoridades.

Esta mañana, el Ministerio de Defensa informó a través de un comunicado que respetaba y acataba la decisión de la Justicia Penal Militar, y que este caso “sienta un precedente y reafirma la obligación de los servidores públicos (...) de reportar los hallazgos en desarrollo de sus operaciones y de ponerlos a disposición de las autoridades competentes”.

Sin embargo, eso no piensa la defensa de los militares. Jaime Lombana, abogado de uno de los soldados implicados, insiste en que el delito de peculado por apropiación (hurto) no existe en este caso. Para el jurista, los soldados tenían la orden de encontrar a tres secuestrados, no de custodiar y devolver el dinero.

Hugo Cetina, otro abogado que lleva el caso de 11 soldados, aseguró que la sentencia del juez se veía venir. “Con este fallo, la Justicia Penal Militar pierde toda credibilidad y toda confianza, ya que no se puede condenar a una persona por un delito que no existe”, dijo. Cetina le confirmó a SEMANA.COM que varios abogados piensan demandar al juez por prevaricato, al haberse pronunciado sobre situaciones que le correspondían únicamente a la Fiscalía.

En la noche de este jueves se terminará de leer el “Resuelve” del fallo y con este vendrá la apelación de los abogados ante el Tribunal Superior Militar.