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Huellas del fraude

El uso de la tinta indeleble para evitar fraude en las próximas elecciones generó un nuevo contrapunteo entre la Registraduría y el Consejo Electoral.

Élber Gutiérrez Roa
18 de abril de 2006

Los casos de suplantación electoral en las elecciones de 2002, denunciados durante las últimas semanas por los medios de comunicación, terminaron por enfrentar a los dos organismos encargados de garantizar la transparencia de los próximos comicios. Mientras la Registraduría Nacional propone atacar la suplantación de electores mediante el uso de la tinta indeleble, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cree que dicha medida fracasó en las pasadas elecciones de Congreso y quiere que se le exija la huella dactilar al votante.

Las discrepancias salieron a flote este martes, cuando el CNE aprobó una resolución en la que cuestiona la efectividad de la tinta indeleble, reimplantada durante las pasadas elecciones de Congreso. Según la presidenta del organismo, Clelia Alfonso, la Registraduría debe modificar su plan para las elecciones presidenciales de mayo “ante las reiteradas denuncias sobre casos de suplantación de electores y/o múltiple votación, algunos de los cuales resultaron comprobados por el Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad de las elecciones de Senado de 2002”.

El Consejo Electoral ha recibido más de 200 quejas y reclamaciones sobre supuestas irregularidades en las elecciones de Congreso de marzo pasado. Según los magistrados de ese tribunal, dicho promedio es similar al de hace cuatro años, lo cual les hace pensar que la medida de la tinta indeleble no es eficaz para combatir el problema. La presidenta del CNE cree que, en cambio, “la toma de la huella dactilar es eficaz para detectar con exactitud los mencionados hechos irregulares y disuadir a quienes pretendan suplantar o distorsionar la voluntar popular”.

El uso de la huella dactilar está pensado, según los magistrados del CNE, para evitar que ocurran casos como los denunciados por SEMANA en algunos corregimientos apartados de municipios del Magdalena en las elecciones presidenciales del 2002, en las que aparecían como votantes personas que ni siquiera acudieron a las urnas.

Para la Registraduría, una medida de tal magnitud es muy difícil de aplicar por cuanto ya está en marcha la logística para las elecciones presidenciales, la cual contempla la tinta indeleble como mecanismo de seguridad.

La controvertida tinta fue comprada a la empresa mexicana Fivamex y en su momento fue presentada como una moderna solución para el problema del fraude. De un ramillete de opciones entre las que había roll-on, spray, gotero y sellos, Colombia adquirió 130 mil plumones que también se usan en países como Afganistán, Irán, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Etiopía y Haití. El costo total del kit electoral, que incluye la tinta y la papelería para las votaciones fue de 190.000 millones de pesos.

Según la Registraduría, la propuesta del Consejo Electoral requeriría también de un dactiloscopista en cada una de las 76 mil mesas de votación para que coteje la huella del ciudadano con la de la cédula que presente ante el jurado de votación. Actualmente la entidad sólo cuenta con 50 funcionarios capacitados para dicha labor, pero ellos están ocupados en la identificación de las personas que tramitan su cédula en cualquier parte del país.

Las diferencias entre el Consejo Electoral y la Registraduría comenzaron hace año y medio cuando este último propuso implantar el voto electrónico para las elecciones de 2006, situación a la que la Registraduría se opuso por considerar que no existe la infraestructura técnica adecuada.

Pese a que los dos entes tienen puntos de vista diferentes frente al problema, queda claro que ambos reconocen su existencia y que se requieren correctivos para evitar que se presente fraude en futuras oportunidades.