Impuesto para la guerra lo pagarían quienes tengan un patrimonio superior a 1.500 millones de pesos

El cambio de equipos obsoletos, la renovación de algunos aparatos y la necesidad de incrementar la fuerza pública llevaron a los Ministerios de Defensa y Hacienda a proponer nuevamente un impuesto al patrimonio con el que se recaudarían 8,6 billones de pesos que serán invertidos durante los próximos cuatro años en la guerra del país.

¿Qué llevó al Gobierno a volver a cobrar un tributo como este? Lo de siempre, y es que la plata no alcanza. A pesar de que el 5 por ciento del PIB en Colombia se invierte en temas de seguridad, a comienzos de la era de Uribe se cobró el primer impuesto al patrimonio en el que se recaudaron 2,7 billones de pesos. Pero no fue suficiente.

Por eso Juan Manuel Santos, titular de la cartera de Defensa, reveló este lunes los principales puntos de un proyecto de ley que a finales de esta semana se radicará en el Congreso. La idea es cobrar a las personas naturales y jurídicas el 1.2 por ciento sobre un patrimonio igual o superior a los 1.500 de pesos, pago que se hará a partir del 2007 y que será diferido a cuatro años. Es decir, que una persona que cuente con este capital, deberá pagar 18 millones de pesos (cada año pagará cuatro millones y medio aproximadamente).

“Es lo mínimo que se requiere para mantener una capacidad disuasiva y una infraestructura militar mínima”, dijo Santos al hablar sobre los vacíos que hoy tiene la fuerza pública para combatir la ilegalidad. “Hay equipos que tienen más de 50 ó 60 años, que si no se reemplazan o se repotencian, habría que botar como chatarra”, puntualizó.

En principio, tanto Minhacienda como Mindefensa discreparon en el monto del cobro y el tipo de contribuyentes. Primero se habló de bajar el tope del impuesto y cobrarlo a personas con un patrimonio igual o superior a los 500 millones de pesos. Sin embargo, contando con la asesoría de la DIAN, este lunes se llegó finalmente al siguiente acuerdo: en el 2007 se recibirán 1,8 billones; en el 2008: 2,3 billones; en el 2009: 2,5 billones y en el 2010: 2 billones.

Las necesidades

El viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó que la inversión atravesará cinco líneas: mantener la Política de Seguridad Democrática; disminuir amenazas contra la ciudadanía; reformar los estatutos de la Fuerza Pública y optimizar el gasto de los recursos.

Los cambios más urgentes se concentran, desde luego, en la guerra rural: habrá 40 mil hombres más en las Fuerzas Militares; 34 helicópteros y seis aviones de combate; nuevos vehículos blindados y plataformas de inteligencia; buques nodriza, patrulleras; y se espera reponteciar aparatos como los submarinos de la Armada que llevan funcionando desde hace 30 años, son lo que se busca mejorar la movilidad de las tropas que hoy batallan con equipos viejos y obsoletos.

“En ningún momento vamos a comprar un portaviones para decir que tenemos portaviones. Todo lo que se espera comprar es porque se necesita y se va a utilizar”, añadió Pinzón, quien aseguró que para generar confianza en los empresarios “financiadores” del proyecto se creará una comisión que vigilará la ejecución de los recursos y entregará un informe cada cuatro meses.

Pero la confianza del país no sólo está en la veeduría que se le pueda hacer a la ejecución de este impuesto, sino en los resultados del impuesto del 2002. En ese entonces, fueron 140 mil los contribuyentes los que apoyaron la política de seguridad del presidente Uribe. “Fue la mejor inversión que haya podido hacer cualquier colombiano. Los beneficios que una mayor seguridad para todos los colombianos le ha traído a la economía y al patrimonio de todos en materia de crecimiento económico, disminución del desempleo, disminución de la pobreza y el aumento de la inversión, con creces ha pagado ese pequeño esfuerzo”, aseguró Santos.

Aunque el clima en el Congreso es favorable para que el proyecto salga adelante, juristas explican que la Corte Constitucional puede llegar a declararlo inexequible, pues de acuerdo con la Carta Política, no debe haber rentas de destinación específica, excepto las que se gastan a favor de los departamentos o inversión social.

Es el caso del ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo quien vaticinó que la Corte lo tumbará. Este hecho, sin embargo, fue refutado por la bancada uribista que le dio el respaldo al ministro Santos para lo cual este martes hubo varias reuniones entre sectores de las comisiones de finanzas que buscan allanarle el camino a la consecución de los dineros.