Home

On Line

Artículo

Insinuaciones de Araújo contra la Corte resultan dudosas

El magistrado Jaime Araújo insinuó que la Corte Constitucional habría modificado el fallo sobre la ley de Justicia y Paz después de la reacción de los paramilitares. Semana.com explica por qué esto no es posible.

Juanita León
15 de junio de 2006

Los colombianos están acostumbrados a las salidas mediáticas de Jaime Araujo. Cuando la Corte Constitucional salvó el referendo, el magistrado denunció que no lo habían dejado hablar, y se salió de la sala sin firmar la sentencia, diciendo que era nula. Luego, durante la reelección, se enfrentó al magistrado Rodrigo Escobar, a quién le insinuó en sala plena que le habían pagado por votar a favor. Araujo convoca ruedas de prensa y concede polémicas entrevistas en las que se va en lanza en ristre contra el Presidente Uribe, entre otros. Pero aún así, su insinuación de que la Corte Constitucional había cambiado su fallo sobre la ley de Justicia y Paz a raíz de la airada reacción del jefe paramilitar desmovilizado Ernesto Báez sorprendió a todo el mundo.

“He dicho y lo reitero, que cuando yo voté, voté bajo el entendido de que lo que se aprobó fue la primera versión que dio el presidente de la Corte en el primer comunicado”, dijo el magistrado Araujo a Semana.com. “El presidente de la Corte informó que hubo una reunión el día viernes, el tiene que explicar qué pasó en esa reunión”.

Aunque el presidente de la Corte, Jaime Córdoba Triviño, salió a los medios a desmentir la acusación y aclaró que en ningún caso los magistrados habían cambiado su fallo, y mucho menos por una intimidación del jefe paramilitar, la duda sembrada en el ambiente por Araujo corroboró insinuaciones realizadas por algunos columnistas en el sentido de que la Corte habría modificado su decisión después de anunciarla. Que lo dijeran personas ajenas a la Corte era excusable pues no conocen los procedimientos internos de la institución. Pero que un magistrado lo hiciera desató un escándalo.

Los antecedentes

Lo que dio pie a toda esta confusión fue la rueda de prensa realizada el 18 de mayo de 2006 por Córdoba Triviño para anunciar el fallo de constitucionalidad de la ley de Justicia y Paz. La Corte –con una votación 6-3- la avaló pero tumbó algunos artículos que eran muy importantes para los paramilitares.

Durante la rueda de prensa de las diez y pico de la noche, el presidente de la Corte dio a entender que los paramilitares que habían sido previamente condenados por un delito relacionado con su pertenencia al grupo armado, tendrían que pagar esas penas además de la alternativa de 5 a 8 años que se les impusiera por los nuevos delitos que confesaran. Era un escenario desastroso para el proceso de paz, pues ningún jefe de las AUC dejaría las armas para pagar una condena de 45 años.

Sin embargo, a la mañana siguiente, después de que los paramilitares y el gobierno habían puesto el grito en el cielo, Córdoba Triviño sacó un segundo comunicado explicando cada uno de los puntos y aclarando que las condenas anteriores se acumularían con las penas alternativas impuestas a los nuevos delitos. Es decir, que en total pagarían solo de 5 a 8 años, con lo cual todo el mundo se calmó.

¿Pueden cambiar el fallo?

Semana.com trató de averiguar si los magistrados pueden cambiar su fallo después de haberlo anunciado, con el fin de sintonizarse mejor con la opinión pública. Es muy improbable.

Araujo repitió a Semana.com lo que ya había dicho en su rueda de prensa: que los magistrados a veces dicen una cosa en la sala y otra frente a la opinión pública, y que por eso es tan importante su propuesta de que estos debates sean televisados. Cita como ejemplo, lo sucedido en otras sentencias en las que se dejó constancia de que el ponente no había recogido en el fallo lo registrado en el acta de Sala Plena.

Si bien es factible que después de muchas horas de discusión, el ponente no interprete totalmente la discusión consignada en las actas y deje por fuera uno de los argumentos de sus colegas, es imposible que un acuerdo logrado por la mayoría y registrado en las actas se cambie por fuera de la Sala. Y lo es por una sencilla razón: toda la discusión adelantada por los magistrados en Sala Plena queda detalladamente consignada en las actas que levanta la secretaria general de la Corte Marta Sáchica. Los magistrados también toman nota de lo que se va discutiendo y decidiendo, con lo cual es imposible que haya serias inconsistencias entre lo que cada uno cree que se dijo y lo que queda en la sentencia final.

En este caso, esta discrepancia es aún mas difícil por dos razones: primero, porque todos los seis magistrados que declararon la constitucionalidad de la ley son ponentes de la sentencia. Y segundo, porque el eje de las diferencias entre estos magistrados y el ponente inicial, que fue derrotado y salvó el voto, fue el de la alternatividad penal. El magistrado ponente Alfredo Beltrán propuso declarar inexequible toda la ley pues consideraba que la alternatividad penal (imponer a los victimarios un máximo de cárcel de 8 años por todos los delitos) violaba los principios de la proporcionalidad y la especialidad de la pena. Le parecía inconstitucional que los actores armados ilegales pagaran por sus masacres una pena menor que la de una persona normal que sólo ha cometido un homicidio. Sin embargo, los seis que respaldaron la ley no compartían la posición de Beltrán de comparar las penas ordinarias con la de una ley diseñada especialmente para un proceso de paz. Defendieron la tesis de que la pena alternativa de 8 años estimulaba la colaboración de los victimarios con la justicia, lo cual contribuiría a satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Por eso es poco probable que los magistrados, que defendieron durante horas la alternatividad penal con el argumento de que la ley no podía ser solo de “justicia” sino también de “paz”, hayan acordado que aquellos paramilitares que habían sido previamente condenados pagaran su pena completa, como lo dio a entender por error el magistrado Córdoba la noche en que dio a conocer el fallo. No es congruente con la discusión sostenida en la Sala.

Pero aún si los magistrados se hubieran reunido entre el jueves por la noche que Córdoba hizo su desafortunada rueda de prensa y el viernes cuando emitió el segundo comunicado con la explicación de la decisión, este encuentro no tendría ningún efecto pues lo que no queda registrado en las actas no tiene ningún valor jurídico. Tendrían que conspirar con la secretaria Sáchica para adulterar las actas. También es poco creíble que magistrados con orientaciones tan diversas como Jaime Córdoba, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Manuel José Cepeda y Clara Inés Vargas se vayan a poner de acuerdo para decir después que lo que quedó en las actas no fue lo que discutieron.

Fue desafortunado que Córdoba se equivocara en la rueda de prensa, porque como bien lo anotó Araujo, él es una de las personas más versadas en derecho penal y el ejemplo que utilizó dio pie a toda esta confusión. Pero aclarado el impasse, no es claro por qué Araujo decidió sembrar nuevamente la duda.

El presidente de la Corte dijo que era una retaliación del magistrado Araujo porque ahora que salió Beltrán de la Corte, se decidió que su compañero de Sala fuera el nuevo juez Nilson Pinilla, cuya orientación jurídica y política es completamente contraria a la de Araujo.

El magistrado Araujo no ocultó su molestia con la forma como se habían integrado las Salas de Tutela. Dijo a Semana.com que hace más de tres semanas, la Corte acordó ubicar al nuevo magistrado por orden alfabético. Y que luego la Corte cambió su decisión, y dispuso que Pinilla ocupara el lugar de Beltrán. Sin embargo, otros magistrados dijeron a Semana.com que de lo que habla Araujo no era un acuerdo sino un borrador escrito por la secretaria general Sáchica, que fue rechazado por los magistrados el martes. Este día, se tomó la decisión de que el nuevo magistrado ocupara el lugar del saliente.

Para Araujo este cambio de compañero resulta fatal. Beltrán solía votar con él y su relación era tan estrecha que Araújo llamaba al otro magistrado ´jefe´. Ahora Araujo compartirá con Pinilla no sólo la sala de selección de tutelas, sino dos salas de tutela, en las que él seguramente será la minoría, puesto que en la primera será con Clara Inés Vargas y la segunda con Cepeda, quien suele distanciarse de él.

Comentarios totalmente fuera de lugar como los de Báez contra los magistrados y la inexplicable actitud del Ministro del Interior y de Justicia, que se limitó a pasar el mensaje a los magistrados de que los paramilitares les mandaban decir que no los habían atacado ni los atacarían, deslegitiman la Corte. Que ahora los magistrados se enfrenten a través de los micrófonos no ayuda.