Intervención del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas

“Señor Presidente: permítame felicitarlo por su elección a la Presidencia de esta Asamblea y desearle éxitos en el desempeño de sus funciones. Después de cinco años de Gobierno, acudimos de nuevo a la Asamblea de las Naciones Unidas para informar sobre temas cruciales de la democracia colombiana.

Hemos rechazado el desmantelamiento del Estado y nos negamos a entrar en el estatismo que marchita la iniciativa privada. Hemos reformado 420 entidades estatales y nos proponemos trabajar en esa dirección hasta el último día de nuestro Gobierno. Buscamos un Estado más eficiente al servicio de la comunidad y no apropiado por componendas politiqueras, excesos sindicales o grupos de interés.
Nos empeñamos en el desarrollo de una sociedad emprendedora, en oposición a monopilios estatales o privados, en una Nación con un consenso de productividad, disciplina y equidad.

Damos todo el espacio a la iniciativa privada con responsabilidad social, que debe expresarse en la transparencia de las relaciones entre los inversionistas y el Estado, en la solidaridad empresarial con la comunidad, más allá de los mínimos legales, y en las relaciones laborales enmarcadas por la fraternidad, contrarias al capitalismo salvaje y a la lucha de clases.

En sectores como el eléctrico, el metalúrgico, la salud, impulsamos el sindicalismo de participación, con responsabilidad simultánea en lo social y en la gestión empresarial, diferente a la organización tradicional reivindicatoria.

Hemos aumentado en un 40% la afiliación de trabajadores a la seguridad social, gracias al mejor comportamiento de la economía y a la lucha antievasión. En este lustro el salario mínimo ha crecido 8% por encima de la inflación.

Nuestro ingreso per cápita ha pasado de 1.851 dólares a 3.517. Al hacer el ajuste por capacidad de compra ha crecido de 6.468 dólares a 9.456. Por primera vez, en décadas, el coeficiente Gini de distribución del ingreso empieza a mejorar.

Desde el primer día de Gobierno, con nuestra política de Seguridad Democrática, tomamos la decisión de no tolerar el asesinato de colombiano alguno y de derrotar la impunidad.

La situación de seguridad ha mejorado sustancialmente. En 2002 Colombia sufrió 29.000 homicidios, de los cuales 196 eran sindicalistas, y cerramos 2006 con una reducción del 40% en la violencia general y del 70% en violencia contra sindicalistas.

Este año hay 6.714 colombianos con protección individual por parte del Estado. De ellos cerca de 1.200 son trabajadores que pertenecen a organizaciones sindicales, protección con un costo presupuestal cercano a 39 millones de dólares.

En nuestro esfuerzo contra la impunidad, entre 2002 y lo presupuestado para 2008, habremos aumentado los recursos para el sector justicia en un 76% y para la Fiscalía en un 78%.

El presupuesto de la Unidad Especial de la Fiscalía para la atención de los casos de homicidios de sindicalistas, ha crecido en un 40%. Esta unidad atiende más de 300 casos priorizados por los propios trabajadores.

La lucha contra la impunidad en homicidios contra trabajadores sindicalizados se adelanta bajo las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, en acuerdo de Gobierno, trabajadores y empleadores. Han sido positivos los informes sobre avances, entregados por la oficina de la OIT en Colombia.

Permítanme afirmar ante las Naciones Unidas: los asesinatos y secuestros han sido obra de terroristas. Primero fueron las guerrillas marxistas, que al introducir su perverso esquema de la “combinación de todas las formas de lucha”, asesinaban y secuestraban y penetraban también sectores de obreros, estudiantes, políticos, periodistas. Después llegaron los paramilitares e hicieron lo mismo, y asesinaban a trabajadores acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla, que en reciprocidad asesinaban a quienes consideraban amigos del paramilitarismo. En algunas partes del país, el enfrentamiento de las dos guerrillas que aún subsisten, es fuente también de asesinato de trabajadores.

Superar definitivamente este flagelo es designio irrenunciable de nuestra política de Seguridad Democrática.

A propósito de lo anterior, tenemos tres objetivos de Gobierno: consolidar la Seguridad Democrática, consolidar la confianza inversionista y lograr nuestro programa social, más ambicioso que las metas de los Objetivos Sociales del Milenio, que aspiramos a cumplir antes de la fecha prevista por las Naciones Unidas.

En materia de Seguridad Democrática vamos ganando pero no hemos ganado todavía. Con persistencia y transparencia Colombia superará el terrorismo financiado por las drogas ilícitas.

Tenemos una democracia antigua, respetable, todos los días más profunda. Nos aproximamos al quinto certamen electoral presidido por este Gobierno y es más evidente la transparencia y la eficacia de las garantías a todos los contendores. Para proveer 18.332 cargos de elección popular directa hay inscritos 86.347 candidatos de 235 orígenes políticos diferentes.

Ello ocurre en un país que hace cinco años enfrentaba a 60.000 terroristas, donde todavía quedan alrededor de 11.000. Para combatirlos, profundizamos la democracia en lugar de cercenarla, protegemos las libertades en vez de suprimirlas, estimulamos el disenso al contrario de silenciarlo. Nuestra lucha contra el terrorismo la observan críticos nacionales e internacionales, sin ninguna restricción para estar en el país y decir lo que quieran.

Nuestra práctica democrática nos da la autoridad política para decir que aquellos que están en armas, financiados por drogas ilícitas, no son insurgentes contra la opresión sino terroristas contra la libertad. No nos negamos a negociar con ellos, si cesan sus acciones violentas, pero no permitiremos que la negociación sea una trampa que les facilite la destrucción de nuestra democracia. Hemos logrado la desmovilización de 46.000 integrantes de las diferentes facciones, y adelantamos con ellos un proceso de reinserción, costoso y complejo, que exige verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Y entonces aquí llegamos al Acuerdo Humanitario para la liberación de los secuestrados que permanecen en poder de los terroristas de las Farc. La mayor parte de ellos fueron secuestrados antes o durante el período de la zona de despeje del Caguán, que duró 42 meses. No entendemos que las Farc pidan zona de despeje para liberarlos si la tuvieron durante tanto tiempo y no los liberaron. El país estuvo despejado muchos años, sin seguridad, lo que permitió la casi toma total por parte de la guerrilla y del paramilitarismo. Los ciudadanos no quieren terroristas, imploran la presencia única del Estado en todas las regiones. Nosotros estamos dispuestos a un Acuerdo Humanitario, pero no podemos permitir zonas de despeje, que son finalmente campos de concentración a cargo de terroristas.
 
Tampoco permitiremos que quienes salgan de la cárcel regresen al delito, pues sería una afrenta al sacrificio de los soldados y policías de la Patria.

Hemos liberado unilateralmente a 177 integrantes de las Farc; más Rodrigo Granda, de alto rango en esa organización, éste por petición del Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy.
 
Hemos dado el consentimiento para que muchas personas e instituciones sean facilitadoras. La única respuesta de los terroristas ha sido el asesinato aleve de los 11 diputados vallecaucanos, secuestrados durante más de cinco años, y el constante asesinato de luchadores de la democracia, como los ocurridos en las últimas semanas, que ha hecho víctimas a Julio César Marentes y Alberto Martínez Barbosa, ambos candidatos a alcaldías municipales en Villarrica y Río Blanco, en el Departamento del Tolima, pertenecientes a partidos de la coalición de Gobierno.

Las opciones abiertas para la liberación de nuestros secuestrados, que incluyen una ciudadana francesa además de colombiana y tres ciudadanos de los Estados Unidos, no son opciones para el posicionamiento político del terrorismo. Colombia no permitirá que la recuperación de su soberanía legítima y democrática se frustre para devolver espacio nacional o internacional al poder asesino del terrorismo. Si los terroristas quieren hacer política que renuncien a su actividad de derramar sangre y se sometan a la Constitución.

Recientemente, el Gobierno autorizó a la senadora Piedad Córdoba, opositora de nuestra administración, para actuar como facilitadora del Acuerdo Humanitario. También aceptamos la ayuda del Presidente Hugo Chávez, de Venezuela, quién se reunirá en breve con representantes de las Farc. El Presidente Chávez ha invitado a algunos congresistas de los Estados Unidos a acompañarlo en esa reunión, que nuestro Gobierno comparte, con la sugerencia de que la delegación norteamericana sea bipartidista, para preservar esa aproximación en la relación con Colombia. Celebramos la disposición positiva del Gobierno de los Estados Unidos.

Hemos hecho reservas para defender los superiores intereses de nuestra democracia y estimulamos la tarea del Presidente Chávez y la Senadora Piedad Córdoba porque estamos comprometidos con la liberación de los secuestrados.

El desmonte del paramilitarismo, el debilitamiento de la guerrilla, la recuperación de garantías eficaces para la democracia, más allá de la retórica, la protección del periodismo libre en un país donde llegaron a asesinar a 15 periodistas en un año, este año se ha presentado un caso, son hechos que nos permiten mirar a los ojos a los ciudadanos del mundo para reclamar apoyo total a nuestra política de Seguridad Democrática.

Hoy no hay paramilitarismo. Hay guerrillas y narcotraficantes. El término “paramilitar” se acuñó para denominar a organizaciones privadas criminales cuyo fin era combatir a la guerrilla. Hoy, el único que combate a la guerrilla es el Estado, que ha recuperado el monopolio que nunca debió perder.

Con el apoyo de las Naciones Unidas hacemos un gran esfuerzo para apoyar a los desplazados y recuperar para ellos las condiciones de dignidad. Hemos multiplicado por 10 el presupuesto para protegerlos. El fenómeno subsiste pero muestra una significativa disminución.

El pueblo colombiano siente hoy más confianza. La tasa de inversión ha pasado del 12 por ciento del PIB al 26 por ciento. El déficit y el endeudamiento se comportan en franca reducción. El desempleo que bordeó el 20 por ciento está en el 11 por ciento y luchamos para reducirlo al siete por ciento. La pobreza que estuvo cercana al 40%, aspiramos que en 2010 no supere el 35 por ciento. Avanzamos por el camino de lograr plena cobertura en educación básica; hemos alcanzado un excelente sistema de formación técnica; hemos pasado de 300.000 a un millón y medio de familias pobres, que reciben un subsidio para la educación y nutrición de sus hijos; apuntamos en tres años a la plena cobertura en salud; ponemos todo el empeño para cumplir la meta de otorgar, en este cuatrienio, cinco millones de microcréditos a igual número de familias de escasos recursos, como estrategia básica para superar factores de exclusión.

Hemos pasado de proporcionar alimentación a tres millones de niños y ahora alcanzamos nueve millones. Aspiramos llegar a 12 millones en 2010.

Nuestro programa Juntos, de eliminación de la pobreza extrema, hace de las diferentes herramientas sociales que ellas converjan sobre millón y medio de familias.

Reafirmamos nuestra lucha contra el calentamiento global. Hemos incrementado de 37.000 a cerca de 300.000 los vehículos a gas natural. Avanzamos en la construcción de sistemas de transporte masivo en nueve ciudades para disminuir el transporte individual. Con las comunidades indígenas adelantamos la construcción de la barrera de pueblos para la recuperación total de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nuestra nueva ley forestal prohíbe la destrucción de la selva y el cambio de uso del suelo. Colombia tiene 578.000 kilómetros cuadrados de bosque tropical, lo cual se constituye en un pulmón del planeta. En poco tiempo llegaremos a 80.000 familias guardabosques, remuneradas por el Estado, comprometidas a abandonar las drogas ilícitas y a supervisar la recuperación del bosque destruido. Y tenemos como empeño nacional la producción de combustibles biológicos, para lo cual contamos con 43 millones de hectáreas de sabanas, que nos permitirán grandes desarrollos, inicialmente con caña de azúcar y palma africana, sin poner en riesgo la seguridad alimentaria y sin destruir un milímetro cuadrado de selva.

Agradezco a las Naciones Unidas todo el apoyo dado a Colombia, y resalto cuatro áreas: la Agencia Antidrogas ha sido la garante y supervisora de nuestro programa de Familias Guardabosques para proteger la selva de la amenaza destructiva del narcotráfico; la Organización Internacional del Trabajo cumple una magnífica tarea en nuestro programa de protección a trabajadores; con la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos hemos extendido el convenio para su presencia en Colombia durante el resto de nuestro período de Gobierno; y las diferentes instituciones constituyen gran apoyo a la tarea de atención a la población desplazada.

Seguimos trabajando por una sociedad sin exclusiones y sin odio de clases, en permanente debate constructivo, que busque opciones, que no se estanque en antagonismos insuperables, respetuosa de su Constitución democrática, y guiada por una visión a largo plazo, alimentada todos los días en el diálogo incluyente.

Gracias a la comunidad internacional por todo el apoyo. Los invito a visitar a Colombia, a hablar con nuestros compatriotas y a percibir el ánimo colectivo de luchar por la felicidad de las nuevas generaciones.
Colombia no hay que conocerla a través de las malas noticias sino a través de la nueva relación con los colombianos. Les reitero la invitación de visitar a nuestro país.
Muchas gracias”.