‘Jorge 40’ se entregó a la justicia para no perder beneficios judiciales

Tras huir de la justicia durante los últimos 20 días y gracias a la mediación de una comisión civil integrada por voceros del Congreso y la oficina del comisionado para la paz, el ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo , alias Jorge 40, se entregó este lunes a la justicia colombiana.

El temido ex comandante paramilitar, quien como jefe del bloque norte de las autodefensas sembrara el terror en los departamentos de la Costa Atlántica colombiana, estaba huyendo de la justicia desde el 16 de agosto, tras alegar que el gobierno había incumplido las promesas que le hizo al grupo armado cuando comenzó el proceso de desmovilización.

Jorge 40 llegó antes de las nueve de la mañana al corregimiento La Mesa, en cercanías a Valledupar, y protocolizó su entrega ante la presidenta del Senado, Dilian Francisca Toro, y el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Cuello, a quienes hace una semana había enviado una carta manifestando su intención de dar continuidad al proceso de paz iniciado con el gobierno.

No obstante, ratificó sus críticas a la citada ley (que impone penas máximas de ocho años para los miembros de autodefensas que hayan cometido masacres y otras violaciones de derechos humanos), a la cual decidió acogerse el 10 de marzo pasado, cuando se desmovilizó con 2.000 de sus hombres en el mismo corregimiento de La Mesa. En realidad, a los miembros de las autodefensas lo que les produce desconfianza no es la ley aprobada por el Congreso, sino el fallo emitido por la Corte Constitucional tras revisar la norma, pues éste señala que a los jefes paramilitares no se les descontará de la pena el tiempo de concentración en Santa Fe de Ralito (casi un año y medio) y que tendrán que reparar a las víctimas tanto con su dinero ilegal como con los bienes legales que posean. En el caso de los grandes jefes como Jorge 40 y Salvatore Mancuso hay un temor adicional a la extradición hacia Estados Unidos, país que insiste en procesarlos por tráfico y comercialización de cocaína.

Ante estos temores, los jefes paramilitares iniciaron una ofensiva publicitaria contra la ley de justicia y paz hasta que Uribe ordenó recluirlos en un centro “austero y con condiciones de seguridad”. A la fecha, 23 de los máximos jefes de las autodefensas ya están en una sede social de la Ceja, Antioquia. Aún falta por entregarse Vicente Castaño, señalado por la Dijín y la Fiscalía como autor intelectual del asesinato de su hermano Carlos, quien fuera el jefe máximo de las autodefensas durante los años noventa.