La autoría intelectual de tres homicidios por parte del ex gobernador del Meta oculta un novelesco relato

Detrás de la condena de 40 años de cárcel que dictó la Corte Suprema de Justicia contra el ex gobernador del Meta Edilberto Castro, hay una historia de política, paramilitarismo y traición.

La Corte lo halló responsable de las muertes del ex candidato a la Gobernación Éuser Rondón, la diputada Nubia Sánchez y el ex gobernador Carlos Sabogal. Además, lo condena por celebración indebida de contratos.

La historia se inició durante la contienda electoral para las elecciones regionales de 2003. Los grandes candidatos para ganar la gobernación del Meta eran Castro y Rondón.

En la región se sabía de la financiación a la campaña de Rondón por parte de los paramilitares de alias Miguel Arroyave, jefe del bloque Centauros, y de la cercanía entre ambos. Pero también lo conocían porque era ex alcalde de municipio de El Dorado y uno de los ganadores del Premio Nacional de Paz en 2002 por la pacificación de la zona del Ariari.

El día de las elecciones, los votos en las urnas dieron como ganador a Castro. Desde ese momento, se desató una avalancha de denuncias con las que pretendían demostrar su inhabilidad para ocupar el cargo. Muchas de ellas, orquestadas por el propio Rondón, su contrincante.

Se denunciaron muchas cosas. Entre tantas, la más importante era que Castro no podía ejercer como gobernador porque había sido condenado a 24 meses de prisión sindicado de homicidio culposo. Esta decisión la tomó la justicia porque él participó en un accidente de tránsito en 1995 en el que murió un médico.

Además, desde el día después de las elecciones, Rondón empezó a denunciar que hubo fraude electoral porque cuando se había escrutado el 87 por ciento de los votos, el ganador era él. Pero en la noche, antes de terminar el primer conteo, se fue la luz y doce minutos después, cuando volvió, el ganador era, sorpresivamente, Castro.

Fuera de esto, el demandante alegó que el electo gobernador no podía haberse inscrito como candidato porque un año antes había firmado un contrato con la empresa Electrificados del Meta. La ley prohíbe que quien aspire a ocupar un cargo de elección popular haga negociaciones con el Estado 12 meses antes.

Sin embargo, Castro se posesionó en enero de 2004 y empezó a gobernar. Pero las denuncias no cesaron. Más adelante, se descubrió que había una contratación de 150 mil paquetes escolares que valían mil 900 millones de pesos, 800 millones más de lo que debían costar.

En fin, tantas denuncias estaban haciéndole la vida imposible al gobernador. Pero Rondón insistía.

La noticia el 13 de septiembre de ese mismo año fue que a las 10:30 de la noche, la policía encontró los cadáveres de dos hombres y una mujer con cinco tiros cada uno. Estaban en un carro en la vía que une a los municipios de Zipaquirá y Briceño, en Cundinamarca. Se trataba, ni más ni menos, que de Rondón, la diputada Sánchez y el ex gobernador Sabogal.

Inicialmente, se descartó cualquier tipo de vinculación de Castro en el triple homicidio. Lo que hacía pensar eso era que en ese momento se desarrollaba una guerra entre los paramilitares del bloque Centauros, que son los de Arroyave (amigo de Rondón) , contra los de las Autodefensas Campesinas del Casanare, liderados por Martín Llanos.

Por esos días, el presidente Álvaro Uribe le dio un ultimátum a Centauros para que frenaran sus acciones violentas. Si no lo hacían, los retiraba de los diálogos en Santa Fe Ralito.

Entonces con el homicidio se pensó que la guerra pasaría de matar a los combatientes, a atacar las estructuras políticas de cada grupo. Es decir, Llanos habría ordenado la muerte de Rondón para darle un golpe a la estructura de los Centauros.

Pero conforme fueron apareciendo las versiones, se empezaron a vislumbrar luces nuevas. Más tarde, se dijo que el ex candidato y sus acompañantes habían viajado a Bogotá para presentar nuevas denuncias en contra del gobernador y encontraron la muerte por esa razón. Ahí se empezó a sospechar de la participación de Castro en aquellas muertes.

Un año después de los homicidios, podría decirse que Rondón ganó la batalla. El Consejo de Estado declaró nula la elección del gobernador por haber firmado el contrato con la electrificadora un año antes de empezar la contienda electoral. Se trataba de un negocio por 423 millones de pesos que consistía en la lectura de contadores y la distribución de las facturas del servicio público por parte de la empresa Cepesp Ltda., que tenía entre sus accionistas a Castro.

La justicia le dio la razón a Rondón, pero el crimen seguía sin culpables. La investigaciones fueron avanzando hasta que se conoció que el ya ex gobernador Castro le dijo a Arroyave que hablara con Rondón y le pidiera dejar las acusaciones en su contra.

Según los testimonios, si el paramilitar lo lograba, tendría beneficios con contratos de la gobernación.

Entonces Arroyave le puso una cita a Rondón en Tocancipá, Cundinamarca, para hablar al respecto. El ex candidato fue acompañado por los otros dos políticos y decidió no obedecer a lo que se le pedía. Como respuesta, los mataron a los tres.

La amistad entre el jefe paramilitar y Rondón terminó en tragedia, en traición. Ahora, la Corte Suprema de Justicia dice que detrás de todo, estuvo el ex gobernador Castro, que tampoco pudo terminar su sueño de ser mandatario hasta el 31 de diciembre de 2007.