La corte indígena

El pasado 31 de diciembre, sobre las 11:50 de la noche fue la última vez que Olmedo Ul y Edinson Conda, dos comuneros indígenas, viajaron juntos en una moto. El recorrido que acostumbraban realizar comprendía algunos pocos kilómetros entre las veredas de Pajarito y El Palo en territorio perteneciente al resguardo de Huellas, Caloto.

Pero esa fatal noche se encontraron por el camino, exactamente en el sitio conocido como Mangales, con las tropas de la brigada móvil #6, adscrita a la tercera división del ejército con sede en Cali. Según las versiones de algunos indígenas de la región consultados por el enviado de SEMANA, a pesar de que aminoraron la marcha del vehículo y que nadie les ordenó que se detuvieran, cuando ya superaban el último de los cinco camiones del ejército, fueron atacados a bala por algunos soldados. Ambos comuneros fueron heridos de gravedad, aunque continuaron adelante en la moto. Pero minutos más tarde, Olmedo Ul caía para no volverse a levantar jamás. Su compañero de tragedia, Edinson Conda, fue socorrido por miembros de la comunidad hacia donde se dirigía, quienes al enterarse de lo ocurrido fueron en busca del cuerpo de Olmedo y se enfrentaron a los soldados que intentaban llevarse el cadáver e impedir que se realizara el respectivo levantamiento.

Estos hechos sucedieron 15 días después del consejo comunitario que realizó el presidente Uribe en el que las comunidades indígenas del Cauca le recordaron que son autónomas para decidir sus políticas y en especial las de seguridad en sus territorios. En ese consejo le dejaron saber al presidente su inconformidad con la política de seguridad democrática que él viene liderando por todo el país y que ellos definitivamente no la apoyaban. Como respuesta a sus planteamientos, los indígenas dicen que el Presidente mandó al ejército a que subiera a sus resguardos durante el fin de año.

Indignados por la muerte de su líder, los gobernadores de los 16 cabildos del norte del Cauca resolvieron iniciar el pasado jueves, 19 de febrero, un juicio contra el ejército nacional para que acepte la responsabilidad en esta matanza. El juicio se llevó a cabo de acuerdo con las normas y usos indígenas, pero no contó con la presencia del teniente coronel Juan Vicente Trujillo, citado por tener dentro de su jurisdicción el territorio indígena donde ocurrió al homicidio.

Pero tal vez el argumento más fuerte que esgrimen los gobernadores indígenas son los antecedentes que con respecto a esta clase de juicios existen dentro de la historia del pueblo Paez. Este sería el tercer juicio de este tipo realizado por los indígenas dentro del proceso de resistencia civil que adelantan ante los que consideran actores armados del conflicto y dentro del derecho que reclaman para ejercer justicia en sus territorios. El primero ocurrió en Jambaló a finales de 1996 y en esa oportunidad se juzgaba el asesinato del alcalde de ese municipio, Marden Betancur. Tras una investigación de cuatro meses, reunieron evidencia suficiente contra tres guerrilleros de la columna 'Cacique Calarcá', del ELN, como autores materiales, y contra seis indígenas como culpables intelectuales.

En asamblea general, compuesta por unos cuatro mil indígenas, se le pidió al ELN que entregara a los acusados para juzgarlos según sus leyes, pero ante la negativa de la guerrilla, los condenaron a la expulsión del territorio y lograron que el comando central del ELN retirara la columna subversiva de la zona de resguardo. A los indígenas que participaron como autores intelectuales les aplicaron el cepo, 70 azotes y cuatro años de trabajos comunitarios. El jefe o cerebro del atentado fue expulsado de la comunidad.

El segundo juicio de este tipo tuvo lugar en septiembre del 2001, en Toez, por la muerte de Cristóbal Secue, un importante dirigente del Cauca. En medio de una asamblea que contó con la participación de más de 10 mil indígenas fueron culpados 'Seplín' y 'Miguel Pascuas', comandantes del sexto frente de las Farc. En esa fecha se le solicitó al secretariado de esta organización que entregara a los subversivos, autores del crimen, a la justicia indígena para imponerles las penas y que debía retirar a todos sus hombres de los resguardos. Las Farc han sido sordas al pedido de los paeces, pero ellos plantaron su posición de rechazo a todos los actores armados del conflicto y trabajan continuamente en esa dirección.

Argumentos militares

Para el comandante del Batallón Héroes de Pichincha, el teniente coronel Juan Vicente Trujillo, que habló con SEMANA como representante del ejército en este caso (a pesar de que la brigada móvil #6 pertenece a la tercera división que comanda el general Antonio Ladrón de Guevara), es claro que los hechos sí ocurrieron. Pero como hasta el momento están siendo investigados en la parte disciplinaria y penal, por el Juzgado Militar #51, se abstuvo de dar declaraciones sobre el particular. "Lo importante de resaltar en este caso es que el ejército está investigando a fondo y luego cuando se tengan los resultados tomaremos las medidas respectivas para restablecer la buena relación que debemos tener con estas valiosas comunidades", señaló el comandante Trujillo.

Aunque fue contundente al afirmar que no iba a comparecer a la audiencia indígena pues se limita "a estar dentro de mi jurisdicción y de las normas que debo cumplir", concluyó. Además, al respecto y desde Bogotá, el comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Ospina, añadió: "Los únicos que pueden juzgar a los colombianos son los miembros de la justicia". En este sentido existen varios fallos del Consejo de la Judicatura que señalan cómo la jurisdicción indígena solo puede procesar a los integrantes de los respectivos cabildos y cuando la conducta se haya producido dentro del territorio del resguardo. Según algunos magistrados consultados, la jurisdicción indígena no permite procesar a civiles o militares por delitos que hayan cometido dentro del territorio del resguardo. "Deben ser la Fiscalía o un tribunal penal militar los encargados de hacer justicia en este caso, de lo contrario el proceso tendría vicios de nulidad", aseguraron los juristas.

El juicio

El lugar escogido para el juicio fue Bodega Alta, una antigua hacienda que fue parte de los territorios recuperados por la lucha indígena. La asamblea que acompañó a los 16 gobernadores estuvo compuesta por unos tres mil nativos, también hubo acompañamiento de las ONG de derechos humanos y la comunidad internacional. El único que no asistió fue el acusado, teniente coronel Juan Vicente Trujillo. El tribunal se instaló bajo un frondoso árbol de mango, junto a la tarima de los palabreros del tribunal, Jovanny Yule y Alcibíades Escué, dos veteranos dirigentes paeces. Ellos señalaron que en este caso, el tribunal no busca una condena en prisión, sino una condena pública a los altos mandos del ejército que tenían a su cargo la unidad militar a la que le culpan de la muerte de Olmedo Ul y las heridas sufridas por Edinson Conda. Los organizadores habían dispuesto una silla, que se quedó vacía, con el nombre del militar.

La audiencia comenzó pasado el medio día con la citación que hizo el líder wayuu Armando Valbuena, ex presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), que dijo frente al micrófono: "El tribunal indígena cita al teniente coronel Juan Vicente Trujillo...". No hubo respuesta, pero el silencio que más de tres mil almas soportaron fue eterno. Valbuena, que actúa como asesor de los paeces para este juicio, repitió el llamado tres veces, sin que el militar apareciera.

Como el representante del ejército faltó a la cita, los gobernadores dispusieron que se leyera un listado de preguntas dirigidas al coronel y sometió a decisión de los presentes enviar los interrogantes al oficial para que éste los contestara en un plazo de ocho días. Los 16 gobernadores que conformaban el tribunal, en representación de igual número de resguardos del norte del Cauca, levantaron sus bastones de madera para aprobar la propuesta y luego la asamblea dio su voto afirmativo. Durante la siguiente hora se escucharon múltiples denuncias contra los supuestos atropellos de la fuerza pública durante las operaciones que realiza contra la guerrilla. Manuel Santos, líder paez, manifestó que el tribunal sesionaba basado en los derechos de autonomía y jurisdicción indígena que les confería la Constitución Nacional y que fueron reconocidos por la Corte Constitucional en la sentencia 523 de 1997.

"Rechazamos con vehemencia a todos los actores armados de la guerra que se libra en nuestro territorio", dijo Luis Acosta, coordinador general de la Guardia Indígena, la misma que ha repelido en varias ocasiones los intentos de tomas a poblaciones y otros atropellos de las guerrillas. Finalizando la tarde, un vocero del tribunal leyó de nuevo el cuestionario que será enviado al coronel Trujillo, confirmó que la investigación continuará y que si el Ejército desconoce al tribunal indígena, pedirían la ayuda de instancias más altas hasta que se haga justicia.