La plata congelada por Estados Unidos se debió a serias dudas sobre DD. HH. en Colombia

El Congreso de Estados Unidos dio este miércoles una nueva señal en contra de la financiación de la guerra en Colombia por parte de su país. La corporación decidió retener 55 millones de dólares, que son una cuota del Plan Colombia, para las Fuerzas Militares colombianas. Hay dos causas básicas. La primera es que los legisladores quieren revisar bien un reciente informe que emitió el Departamento de Estado en el que certificó al país en derechos humanos.

El pasado 4 de abril se conoció que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, le dijo al Congreso norteamericano que en Colombia sí se respetan los derechos humanos. En un extenso documento, su despacho da cuenta de que las fuerzas armadas y los congresistas untados de paramilitarismo se están limpiando.

En el escrito dice que “aún hay cosas por hacer”, pero resalta que el presidente Álvaro Uribe ha mostrado interés en hacerlas cumplir en “todos los sectores de la sociedad”.

Sin embargo, eso no logró ablandar el corazón de los legisladores gringos. Al contrario, quieren revisarlo muy a fondo antes de autorizar los recursos para la lucha contra la guerrilla colombiana.

Y es que el concepto sobre Colombia se pronunció pocos días después de que el diario Los Ángeles Times publicara un polémico artículo. En él decía que “el general Mario Montoya y los grupos paramilitares planearon y condujeron conjuntamente una operación militar en 2002 para eliminar a las guerrillas marxistas de las áreas más pobres de Medellín, una ciudad al noroeste de Colombia que en una época fue el epicentro del narcotráfico”.

El diario se refería a la Operación Orión, con la que el Ejército puso orden a una cruenta guerra que se vivía en la Comuna 13 en Medellín a manos de grupos armados al margen de la ley. En aquel momento, Montoya era comandante de la Cuarta Brigada y hoy es la máxima autoridad del Ejército Nacional.

Ésa es, precisamente, la segunda razón por la que el Congreso norteamericano decidió retener los 55 millones de dólares. Según manifiesta la corporación, prefieren esperar que el asunto de Montoya se aclare, porque, como están las cosas, es un indicio grave en materia de violación de derechos humanos por parte del Estado colombiano.

Sobre el tema, ya se pronunció el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. El funcionario dijo que eso no le preocupa al gobierno y que los dineros llegarán para invertir en el mantenimientos de equipos militares.

Al gobierno de Uribe no le inquieta mucho el tema porque no es la primera vez que se presenta la detención de dineros del Plan Colombia. Pero esta vez es especial, pues ocurre ante un Congreso de mayoría demócrata y que se opone radicalmente a la política bélica que impulsa Bush en todo el mundo.

Por eso, el trabajo que le espera al canciller Fernando Araújo es duro. Sin embargo, se manifiesta confiado en que el dinero llegue.

El tema no será tan fácil. El Congreso de Estados Unidos está muy decidido a controlar los recursos que salgan de su país para financiar guerras en otros países. Y no sólo eso. También quieren impulsar procesos de paz. Respecto a Colombia, ya siete parlamentarios se manifestaron dispuestos a sentarse en la misma mesa con los comandantes de las Farc.

Que el Congreso ponga en tela de juicio un informe salido del Departamento de Estado, sumado a la iniciativa de sentarse a dialogar con enemigos declarados de Bush, es, sin duda, un mensaje directo en contra de los impulsos bélicos del Presidente.