La Procuraduría reabre 131 casos de ejecuciones de civiles atribuidas al Ejército

Los cinco soldados que mataron a María Elena Ríos en una empobrecida barriada de Medellín dijeron que era una guerrillera muerta en combate, lo cual tras una rápida investigación fue dado por cierto por el Ejército.

Pero si Ríos era guerrillera, ¿por qué lucía tacones de 9 centímetros cuando la mataron hace tres años?

Sospechosos detalles como ése impulsaron a la Procuraduría a reabrir 131 investigaciones disciplinarias contra el Ejército por supuestamente matar civiles que luego mostraron como guerrilleros.

La mayoría de casos fueron archivados después de limitarse a escuchar el testimonio de las tropas, dijo una fuente de la Procuraduría que pidió no ser identificado por las implicaciones políticas del tema.

Las nuevas investigaciones tienen lugar justo cuando el presidente Álvaro Uribe viaja e Washington para revivir un pacto comercial bilateral que el Congreso estadounidense se niega a ratificar por preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos durante su gobierno.

Las críticas contra Uribe por parte de opositores en Colombia y grupos humanitarios internacionales se intensifican porque le acusan de ignorar la alianza de los comandantes militares con milicias de extrema derecha culpables de crímenes atroces contra civiles.

El senado estadounidense congeló 55 millones de dólares en ayuda militar a Colombia después que el diario Los Angeles Times reveló en marzo un documento de la CIA que acusa al comandante del Ejército, general Mario Montoya, de realizar operaciones conjuntas con los paramilitares cuando dirigió la IV Brigada en Medellín.

La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas dijo en marzo en su informe anual que el Ejército colombiano, que recibe la mayor tajada de los 770 millones de dólares anuales que envía Washington en asistencia antinarcóticos contrainsurgente, mató a un número cada vez mayor de civiles en 21 de los 32 departamentos.

La mayor concentración de éstas, que serían tipificadas como ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército, ocurrieron en el departamento de Antioquia y en la costa del Caribe, dijo una fuente de las Naciones Unidas que solicitó no ser identifica para no entorpecer las investigaciones en curso.

Esa zona estuvo bajo la comandancia de Montoya durante cinco años antes de su ascenso en febrero del 2006.

La Procuraduría todavía estaba contabilizando el número de muertes y los oficiales implicados, pero en todos los casos identificaron tres elementos en común: las víctimas al parecer fueron falsamente presentadas como guerrilleros muertos en combate, las tropas manipularon la evidencia en la escena del crimen y el sistema de justicia militar solo investigó superficialmente.

El Ejército insiste en que todas las víctimas eran rebeldes que murieron en combate.

El informe de la ONU también dijo que las presiones de la cúpula del Ejército para que las tropas abultaran el número de los guerrilleros muertos en combate pueden haber impulsado las acciones criminales por el Ejército, que el mismo organismo señaló se han acrecentado.

Los soldados de una unidad de fuerzas especiales de la IV Brigada dijeron que Ríos murió en combate el 30 de julio de 2004, siete meses después de la salida de Montoya, en un combate en una barriada de cuya investigación el Ejército absolvió al capitán Jhon Jairo Cano y otros cuatro soldados.

Pero después de una queja presentada por las Naciones Unidas, la Procuraduría determinó que la investigación del Ejército no fue seria, de acuerdo con el documento que reabrió el caso y que fue obtenido por la AP.

La Procuraduría dijo haber descubierto que el Ejército ignoró la evidencia forense que demuestra que Ríos nunca disparó un arma, el testimonio del hijo de Ríos y uno de sus vecinos que aseguraron que cuatro hombres entraron a su casa y se la llevaron esposada, entre otras anomalías.

Uno de los supuestos captores señalados era un paramilitar conocido como José Cano, quien antes tuvo varias discusiones con Ríos por razones desconocidas.

Pero lo más raro para los oficiales fueron los tacones, una vestimenta extraña para una guerrillera, como consta en la descripción de un informe forense.

El mayor Oscar Anzola, portavoz de la IV Brigada, declinó comentar sobre la muerte de Ríos y el general Carlos Lemus, el inspector general del Ejército, no respondió a las solicitudes para una entrevista, aunque un portavoz dijo que la oficina estaba cooperando con la Procuraduría.

La Procuraduría examina la conducta ética del gobierno y puede ordenar el retiro de miembros de las fuerzas armadas, de funcionarios y prohibir que vuelvan trabajar para una entidad estatal por 20 años.
Una decisión de la Corte Constitucional en el 2004 les permite a la Procuraduría y a la Fiscalía reabrir casos relacionados con violaciones de derechos humanos. Hasta ahora, ningún oficial del Ejército ha sido despedido o condenado por esa potestad.