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| 3/24/2006 12:00:00 AM

La revolución antiliberal de Francia

La nueva revolución en el empleo faculta a los empresarios y a los patronos para despedir a jóvenes que acceden por vez primera al trabajo. (Por Darío Acevedo)

Francia encara de nuevo una revolución. En esta ocasión, los estudiantes universitarios y liceístas, apoyados por los sindicatos obreros, se han lanzado a las calles contra el CPE (Contrato de Primer Enganche) que les da facultad a los empresarios y a los patronos para despedir a jóvenes que acceden por vez primera al trabajo sin tener que reconocerles indemnización alguna durante los dos primeros años.
 
Dominique de Villepin, el Primer Ministro promotor de la iniciativa, asegura que esta ley es una manera de responder a las exigencias de apertura y flexibilización para aumentar la oferta de empleos. El problema que se le ha creado tiene una doble motivación: De Villepin no puso en debate su proyecto, sino que lo hizo aprobar por vía expedita por la Asamblea Nacional y, en segundo lugar, los que serían principales beneficiarios no creen en las bondades de lo que ya es una ley.

Los principales sindicatos franceses se han sumado al movimiento en cuanto ellos piensan que después atacarán sus prerrogativas y el salario mínimo. Francia es un país que acusa un gran retraso en materia de liberalización de su economía en concordancia con los patrones imperantes del FMI. Cerca del 25% de la PEA es ocupada por el Estado (unos cinco millones de funcionarios inamovibles), además de ser uno de los más proteccionistas de ciertas áreas de su economía como también uno de los que más gasta en atención social: seguridad social, salud, subsidios, becas, educación, ayuda a los desvalidos, etc. Además, se trabaja sólo 35 horas a la semana y el salario mínimo mensual es de cerca de 1.250 euros, que alcanza para vivir medianamente bien.

El problema es que la economía francesa se encuentra prácticamente estancada en el último decenio y cuando crece no llega ni al 2%, los fenómenos de pobreza, marginalización y discriminación son cada vez más preocupantes y se expresan de manera violenta, como ocurrió en los pasados eventos de las banlieues en octubre y noviembre del 2005.

Y, para acabar de hacer el cuadro más preocupante, no hay un debate adecuado acerca de lo que se debe hacer para encarar los problemas agudos de la sociedad. Ni los chiraquistas agrupados en la UMP ni los socialistas opositores, principales agrupamientos políticos, parecen disponer de fórmulas para salir del estancamiento económico y resolver la creciente agitación social.

Es una total paradoja que una de las ocho primeras economías del mundo se encuentre prisionera de unas normas que en el pasado fueron útiles para crear la sociedad de bienestar, pero que en el presente se revelan anacrónicas para enfrentar los desafíos de la globalización y de la flexibilización laboral. Pero, lo más grave de todo es la ausencia de un debate serio acerca de las implicaciones de este desafío, según opinión del reconocido sociólogo Alain Touraine (véase France Soir, mardi, 21 mar./06, p. 5).

El Primer Ministro ha cometido un error de cálculo político al eludir el debate, aunque ello le fuese permitido dentro de las reglas de juego de la Asamblea Nacional, porque no calculó el grado de sensibilidad e irritación que iba a causar con su propuesta. Sus rivales, socialistas incluidos, han salido a la palestra para cobrarle la osadía en plena época previa a las presidenciales. La juventud francesa que realmente se enfrenta a altos índices de desempleo que bordean el 22%, considera que la ley CPE va en la dirección de hacer más precarias sus condiciones de vida, aunque ella no modifica el salario mínimo. Ella no ve otras alternativas, ni siquiera observa que en medio de toda la protesta se esconde un problema mucho más grave: los jóvenes franceses no quieren hacer los oficios indeseables que sí hace la población de inmigrantes: aseo, obras públicas, construcción, etc. Lo cual revela de entrada una discriminación embozada.

La revolución estudiantil actual está lejos de parecerse a la de Mayo del 68, pues carece de grandes ideales. Su espíritu conservador se refleja en las palabras del presidente del sindicato nacional de estudiantes: “Lo que se busca es conservar y defender lo que tienen”, es decir, viejas prerrogativas. En tal sentido, es un movimiento aprisionado en una sinsalida, pues lo cierto del caso es que a estas alturas no hay en Francia una organización o un movimiento que pueda sugerir algún remedio eficaz contra el desempleo forzoso, de suerte que la predecible victoria de los estudiantes se puede convertir en un hara kiri, porque si bien pueden hacer derogar o modificar el CPE, no lograrán hacer avanzar la economía en los términos de productividad y competitividad acordes con la concurrencia económica internacional.

Aunque los franceses no lo adviertan o no quieran verlo, el resultado de esta revolución es, sin duda alguna, toda una contradicción en los términos como lo afirma el presidente (rector) de la Universidad de la Sorbona, Jean-Robert Pitte: “Tanto a izquierda como a derecha, todo el mundo está de acuerdo en la flexibilización del mercado laboral. Es la única posibilidad para que los jóvenes puedan trabajar y esta sociedad consiga hacer frente a los desafíos del futuro. ¿Por qué los sindicatos y las organizaciones estudiantiles hacen de cuenta que esa realidad no existe? ¿Por qué insisten en ignorar las experiencias exitosas en el resto del mundo? ¿Cómo es posible que la flexibilidad laboral funcione en Inglaterra o en Estados Unidos, y que en Francia sea palabra prohibida?” (La Nación, Argentina, mar. 22/06). Mientras tanto, todos se preparan para el gran pulso que tendrá lugar el próximo 28 de marzo, cuando se realice la huelga general.

Darío Acevedo Carmona
París, marzo 22 de 2006

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