La Seguridad Democrática y los indígenas

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Algunos analistas consideran que no respetar la diferencia cultural de los indígenas  puede resultarle letal al gobierno para lograr un verdadero control de zonas estratégicas."Sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas", concluyó el análisis Siguiendo el Conflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, a raíz del ataque a Toribio en julio de 2005. "Es evidente que si los indígenas han reconstruido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de "redes de cooperantes" ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, tendrá la ventaja estratégica. Incluso si formalmente las comunidades se declaran neutrales".

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Algunos analistas consideran que no respetar la diferencia cultural de los indígenas  puede resultarle letal al gobierno para lograr un verdadero control de zonas estratégicas."Sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas", concluyó el análisis Siguiendo el Conflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, a raíz del ataque a Toribio en julio de 2005. "Es evidente que si los indígenas han reconstruido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de "redes de cooperantes" ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, tendrá la ventaja estratégica. Incluso si formalmente las comunidades se declaran neutrales".

Las brigadas interinstitucionales como la del sábado pasado ayudan, pero no son suficientes. Se necesita reglamentar la jurisdicción indígena, asignar recursos para fortalecer los cabildos, y el gobierno de estas comunidades, coordinar con ellos la presencia de la Fuerza Pública en el territorio o estrategias de seguridad alternativas. Tomárselos en serio.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Algunos analistas consideran que no respetar la diferencia cultural de los indígenas  puede resultarle letal al gobierno para lograr un verdadero control de zonas estratégicas."Sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas", concluyó el análisis Siguiendo el Conflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, a raíz del ataque a Toribio en julio de 2005. "Es evidente que si los indígenas han reconstruido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de "redes de cooperantes" ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, tendrá la ventaja estratégica. Incluso si formalmente las comunidades se declaran neutrales".

Las brigadas interinstitucionales como la del sábado pasado ayudan, pero no son suficientes. Se necesita reglamentar la jurisdicción indígena, asignar recursos para fortalecer los cabildos, y el gobierno de estas comunidades, coordinar con ellos la presencia de la Fuerza Pública en el territorio o estrategias de seguridad alternativas. Tomárselos en serio.

También le ayudaría al gobierno de Uribe a tender puentes con los indígenas tenerlos en cuenta en toda la negociación con los grupos paramilitares. En los últimos diez años, cientos de indígenas han muerto en masacres a manos de las autodefensas y han sido víctimas de homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos. "La mayor ofensa que pueden recibir los grupos indígenas es que el gobierno, sabiendo que han violado el Derecho Internacional Humanitario, no ha tomado medidas reales para judicializar a estos grupos ilegales, para aplicar justicia y reparar esos daños", afirma el vocero de la ONIC. Dice que en el Consejo Nacional de Paz le manifestaron a la OEA que su punto de vista fuera llevado a la mesa de negociación en Santafe Ralito pero que su petición fue ignorada. El gobierno tampoco los tomó en cuenta para acordar el lugar de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas en los territorios indígenas de los municipios de Mutatá y Bojayá. Por eso, el pasado lunes 26 de septiembre, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera-wounaan-katio-chami y Tule del Departamento del Chocó (OREWA) le pidieron públicamente al gobierno llevar a cabo la desmovilización en otro territorio.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Algunos analistas consideran que no respetar la diferencia cultural de los indígenas  puede resultarle letal al gobierno para lograr un verdadero control de zonas estratégicas."Sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas", concluyó el análisis Siguiendo el Conflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, a raíz del ataque a Toribio en julio de 2005. "Es evidente que si los indígenas han reconstruido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de "redes de cooperantes" ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, tendrá la ventaja estratégica. Incluso si formalmente las comunidades se declaran neutrales".

Las brigadas interinstitucionales como la del sábado pasado ayudan, pero no son suficientes. Se necesita reglamentar la jurisdicción indígena, asignar recursos para fortalecer los cabildos, y el gobierno de estas comunidades, coordinar con ellos la presencia de la Fuerza Pública en el territorio o estrategias de seguridad alternativas. Tomárselos en serio.

También le ayudaría al gobierno de Uribe a tender puentes con los indígenas tenerlos en cuenta en toda la negociación con los grupos paramilitares. En los últimos diez años, cientos de indígenas han muerto en masacres a manos de las autodefensas y han sido víctimas de homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos. "La mayor ofensa que pueden recibir los grupos indígenas es que el gobierno, sabiendo que han violado el Derecho Internacional Humanitario, no ha tomado medidas reales para judicializar a estos grupos ilegales, para aplicar justicia y reparar esos daños", afirma el vocero de la ONIC. Dice que en el Consejo Nacional de Paz le manifestaron a la OEA que su punto de vista fuera llevado a la mesa de negociación en Santafe Ralito pero que su petición fue ignorada. El gobierno tampoco los tomó en cuenta para acordar el lugar de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas en los territorios indígenas de los municipios de Mutatá y Bojayá. Por eso, el pasado lunes 26 de septiembre, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera-wounaan-katio-chami y Tule del Departamento del Chocó (OREWA) le pidieron públicamente al gobierno llevar a cabo la desmovilización en otro territorio.

La Constitución reconoce que Colombia es un Estado multicultural. Eso suena lindo en el papel. Llevarlo a la práctica es otra cosa. Pero el esfuerzo por darle una mirada multiétnica a la Seguridad Democrática vale la pena.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Algunos analistas consideran que no respetar la diferencia cultural de los indígenas  puede resultarle letal al gobierno para lograr un verdadero control de zonas estratégicas."Sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas", concluyó el análisis Siguiendo el Conflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, a raíz del ataque a Toribio en julio de 2005. "Es evidente que si los indígenas han reconstruido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de "redes de cooperantes" ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, tendrá la ventaja estratégica. Incluso si formalmente las comunidades se declaran neutrales".

Las brigadas interinstitucionales como la del sábado pasado ayudan, pero no son suficientes. Se necesita reglamentar la jurisdicción indígena, asignar recursos para fortalecer los cabildos, y el gobierno de estas comunidades, coordinar con ellos la presencia de la Fuerza Pública en el territorio o estrategias de seguridad alternativas. Tomárselos en serio.

También le ayudaría al gobierno de Uribe a tender puentes con los indígenas tenerlos en cuenta en toda la negociación con los grupos paramilitares. En los últimos diez años, cientos de indígenas han muerto en masacres a manos de las autodefensas y han sido víctimas de homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos. "La mayor ofensa que pueden recibir los grupos indígenas es que el gobierno, sabiendo que han violado el Derecho Internacional Humanitario, no ha tomado medidas reales para judicializar a estos grupos ilegales, para aplicar justicia y reparar esos daños", afirma el vocero de la ONIC. Dice que en el Consejo Nacional de Paz le manifestaron a la OEA que su punto de vista fuera llevado a la mesa de negociación en Santafe Ralito pero que su petición fue ignorada. El gobierno tampoco los tomó en cuenta para acordar el lugar de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas en los territorios indígenas de los municipios de Mutatá y Bojayá. Por eso, el pasado lunes 26 de septiembre, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera-wounaan-katio-chami y Tule del Departamento del Chocó (OREWA) le pidieron públicamente al gobierno llevar a cabo la desmovilización en otro territorio.

La Constitución reconoce que Colombia es un Estado multicultural. Eso suena lindo en el papel. Llevarlo a la práctica es otra cosa. Pero el esfuerzo por darle una mirada multiétnica a la Seguridad Democrática vale la pena.

*Este artículo se realizó con reportería de los corresponsales de SEMANA en las regiones.

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Algunos analistas consideran que no respetar la diferencia cultural de los indígenas  puede resultarle letal al gobierno para lograr un verdadero control de zonas estratégicas."Sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas", concluyó el análisis Siguiendo el Conflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, a raíz del ataque a Toribio en julio de 2005. "Es evidente que si los indígenas han reconstruido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de "redes de cooperantes" ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, tendrá la ventaja estratégica. Incluso si formalmente las comunidades se declaran neutrales".

Las brigadas interinstitucionales como la del sábado pasado ayudan, pero no son suficientes. Se necesita reglamentar la jurisdicción indígena, asignar recursos para fortalecer los cabildos, y el gobierno de estas comunidades, coordinar con ellos la presencia de la Fuerza Pública en el territorio o estrategias de seguridad alternativas. Tomárselos en serio.

También le ayudaría al gobierno de Uribe a tender puentes con los indígenas tenerlos en cuenta en toda la negociación con los grupos paramilitares. En los últimos diez años, cientos de indígenas han muerto en masacres a manos de las autodefensas y han sido víctimas de homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos. "La mayor ofensa que pueden recibir los grupos indígenas es que el gobierno, sabiendo que han violado el Derecho Internacional Humanitario, no ha tomado medidas reales para judicializar a estos grupos ilegales, para aplicar justicia y reparar esos daños", afirma el vocero de la ONIC. Dice que en el Consejo Nacional de Paz le manifestaron a la OEA que su punto de vista fuera llevado a la mesa de negociación en Santafe Ralito pero que su petición fue ignorada. El gobierno tampoco los tomó en cuenta para acordar el lugar de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas en los territorios indígenas de los municipios de Mutatá y Bojayá. Por eso, el pasado lunes 26 de septiembre, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera-wounaan-katio-chami y Tule del Departamento del Chocó (OREWA) le pidieron públicamente al gobierno llevar a cabo la desmovilización en otro territorio.

La Constitución reconoce que Colombia es un Estado multicultural. Eso suena lindo en el papel. Llevarlo a la práctica es otra cosa. Pero el esfuerzo por darle una mirada multiétnica a la Seguridad Democrática vale la pena.

*Este artículo se realizó con reportería de los corresponsales de SEMANA en las regiones.

Para más información vea:

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Algunos analistas consideran que no respetar la diferencia cultural de los indígenas  puede resultarle letal al gobierno para lograr un verdadero control de zonas estratégicas."Sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas", concluyó el análisis Siguiendo el Conflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, a raíz del ataque a Toribio en julio de 2005. "Es evidente que si los indígenas han reconstruido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de "redes de cooperantes" ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, tendrá la ventaja estratégica. Incluso si formalmente las comunidades se declaran neutrales".

Las brigadas interinstitucionales como la del sábado pasado ayudan, pero no son suficientes. Se necesita reglamentar la jurisdicción indígena, asignar recursos para fortalecer los cabildos, y el gobierno de estas comunidades, coordinar con ellos la presencia de la Fuerza Pública en el territorio o estrategias de seguridad alternativas. Tomárselos en serio.

También le ayudaría al gobierno de Uribe a tender puentes con los indígenas tenerlos en cuenta en toda la negociación con los grupos paramilitares. En los últimos diez años, cientos de indígenas han muerto en masacres a manos de las autodefensas y han sido víctimas de homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos. "La mayor ofensa que pueden recibir los grupos indígenas es que el gobierno, sabiendo que han violado el Derecho Internacional Humanitario, no ha tomado medidas reales para judicializar a estos grupos ilegales, para aplicar justicia y reparar esos daños", afirma el vocero de la ONIC. Dice que en el Consejo Nacional de Paz le manifestaron a la OEA que su punto de vista fuera llevado a la mesa de negociación en Santafe Ralito pero que su petición fue ignorada. El gobierno tampoco los tomó en cuenta para acordar el lugar de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas en los territorios indígenas de los municipios de Mutatá y Bojayá. Por eso, el pasado lunes 26 de septiembre, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera-wounaan-katio-chami y Tule del Departamento del Chocó (OREWA) le pidieron públicamente al gobierno llevar a cabo la desmovilización en otro territorio.

La Constitución reconoce que Colombia es un Estado multicultural. Eso suena lindo en el papel. Llevarlo a la práctica es otra cosa. Pero el esfuerzo por darle una mirada multiétnica a la Seguridad Democrática vale la pena.

*Este artículo se realizó con reportería de los corresponsales de SEMANA en las regiones.

Para más información vea:

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Algunos analistas consideran que no respetar la diferencia cultural de los indígenas  puede resultarle letal al gobierno para lograr un verdadero control de zonas estratégicas."Sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas", concluyó el análisis Siguiendo el Conflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, a raíz del ataque a Toribio en julio de 2005. "Es evidente que si los indígenas han reconstruido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de "redes de cooperantes" ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, tendrá la ventaja estratégica. Incluso si formalmente las comunidades se declaran neutrales".

Las brigadas interinstitucionales como la del sábado pasado ayudan, pero no son suficientes. Se necesita reglamentar la jurisdicción indígena, asignar recursos para fortalecer los cabildos, y el gobierno de estas comunidades, coordinar con ellos la presencia de la Fuerza Pública en el territorio o estrategias de seguridad alternativas. Tomárselos en serio.

También le ayudaría al gobierno de Uribe a tender puentes con los indígenas tenerlos en cuenta en toda la negociación con los grupos paramilitares. En los últimos diez años, cientos de indígenas han muerto en masacres a manos de las autodefensas y han sido víctimas de homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos. "La mayor ofensa que pueden recibir los grupos indígenas es que el gobierno, sabiendo que han violado el Derecho Internacional Humanitario, no ha tomado medidas reales para judicializar a estos grupos ilegales, para aplicar justicia y reparar esos daños", afirma el vocero de la ONIC. Dice que en el Consejo Nacional de Paz le manifestaron a la OEA que su punto de vista fuera llevado a la mesa de negociación en Santafe Ralito pero que su petición fue ignorada. El gobierno tampoco los tomó en cuenta para acordar el lugar de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas en los territorios indígenas de los municipios de Mutatá y Bojayá. Por eso, el pasado lunes 26 de septiembre, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera-wounaan-katio-chami y Tule del Departamento del Chocó (OREWA) le pidieron públicamente al gobierno llevar a cabo la desmovilización en otro territorio.

La Constitución reconoce que Colombia es un Estado multicultural. Eso suena lindo en el papel. Llevarlo a la práctica es otra cosa. Pero el esfuerzo por darle una mirada multiétnica a la Seguridad Democrática vale la pena.

*Este artículo se realizó con reportería de los corresponsales de SEMANA en las regiones.

Para más información vea:

Pagina de la Presidencia

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Algunos analistas consideran que no respetar la diferencia cultural de los indígenas  puede resultarle letal al gobierno para lograr un verdadero control de zonas estratégicas."Sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas", concluyó el análisis Siguiendo el Conflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, a raíz del ataque a Toribio en julio de 2005. "Es evidente que si los indígenas han reconstruido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de "redes de cooperantes" ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, tendrá la ventaja estratégica. Incluso si formalmente las comunidades se declaran neutrales".

Las brigadas interinstitucionales como la del sábado pasado ayudan, pero no son suficientes. Se necesita reglamentar la jurisdicción indígena, asignar recursos para fortalecer los cabildos, y el gobierno de estas comunidades, coordinar con ellos la presencia de la Fuerza Pública en el territorio o estrategias de seguridad alternativas. Tomárselos en serio.

También le ayudaría al gobierno de Uribe a tender puentes con los indígenas tenerlos en cuenta en toda la negociación con los grupos paramilitares. En los últimos diez años, cientos de indígenas han muerto en masacres a manos de las autodefensas y han sido víctimas de homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos. "La mayor ofensa que pueden recibir los grupos indígenas es que el gobierno, sabiendo que han violado el Derecho Internacional Humanitario, no ha tomado medidas reales para judicializar a estos grupos ilegales, para aplicar justicia y reparar esos daños", afirma el vocero de la ONIC. Dice que en el Consejo Nacional de Paz le manifestaron a la OEA que su punto de vista fuera llevado a la mesa de negociación en Santafe Ralito pero que su petición fue ignorada. El gobierno tampoco los tomó en cuenta para acordar el lugar de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas en los territorios indígenas de los municipios de Mutatá y Bojayá. Por eso, el pasado lunes 26 de septiembre, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera-wounaan-katio-chami y Tule del Departamento del Chocó (OREWA) le pidieron públicamente al gobierno llevar a cabo la desmovilización en otro territorio.

La Constitución reconoce que Colombia es un Estado multicultural. Eso suena lindo en el papel. Llevarlo a la práctica es otra cosa. Pero el esfuerzo por darle una mirada multiétnica a la Seguridad Democrática vale la pena.

*Este artículo se realizó con reportería de los corresponsales de SEMANA en las regiones.

Para más información vea:

Pagina de la Presidencia

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Algunos analistas consideran que no respetar la diferencia cultural de los indígenas  puede resultarle letal al gobierno para lograr un verdadero control de zonas estratégicas."Sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas", concluyó el análisis Siguiendo el Conflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, a raíz del ataque a Toribio en julio de 2005. "Es evidente que si los indígenas han reconstruido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de "redes de cooperantes" ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, tendrá la ventaja estratégica. Incluso si formalmente las comunidades se declaran neutrales".

Las brigadas interinstitucionales como la del sábado pasado ayudan, pero no son suficientes. Se necesita reglamentar la jurisdicción indígena, asignar recursos para fortalecer los cabildos, y el gobierno de estas comunidades, coordinar con ellos la presencia de la Fuerza Pública en el territorio o estrategias de seguridad alternativas. Tomárselos en serio.

También le ayudaría al gobierno de Uribe a tender puentes con los indígenas tenerlos en cuenta en toda la negociación con los grupos paramilitares. En los últimos diez años, cientos de indígenas han muerto en masacres a manos de las autodefensas y han sido víctimas de homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos. "La mayor ofensa que pueden recibir los grupos indígenas es que el gobierno, sabiendo que han violado el Derecho Internacional Humanitario, no ha tomado medidas reales para judicializar a estos grupos ilegales, para aplicar justicia y reparar esos daños", afirma el vocero de la ONIC. Dice que en el Consejo Nacional de Paz le manifestaron a la OEA que su punto de vista fuera llevado a la mesa de negociación en Santafe Ralito pero que su petición fue ignorada. El gobierno tampoco los tomó en cuenta para acordar el lugar de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas en los territorios indígenas de los municipios de Mutatá y Bojayá. Por eso, el pasado lunes 26 de septiembre, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera-wounaan-katio-chami y Tule del Departamento del Chocó (OREWA) le pidieron públicamente al gobierno llevar a cabo la desmovilización en otro territorio.

La Constitución reconoce que Colombia es un Estado multicultural. Eso suena lindo en el papel. Llevarlo a la práctica es otra cosa. Pero el esfuerzo por darle una mirada multiétnica a la Seguridad Democrática vale la pena.

*Este artículo se realizó con reportería de los corresponsales de SEMANA en las regiones.

Para más información vea:

Pagina de la Presidencia

Página de la ONIC

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Algunos analistas consideran que no respetar la diferencia cultural de los indígenas  puede resultarle letal al gobierno para lograr un verdadero control de zonas estratégicas."Sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas", concluyó el análisis Siguiendo el Conflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, a raíz del ataque a Toribio en julio de 2005. "Es evidente que si los indígenas han reconstruido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de "redes de cooperantes" ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, tendrá la ventaja estratégica. Incluso si formalmente las comunidades se declaran neutrales".

Las brigadas interinstitucionales como la del sábado pasado ayudan, pero no son suficientes. Se necesita reglamentar la jurisdicción indígena, asignar recursos para fortalecer los cabildos, y el gobierno de estas comunidades, coordinar con ellos la presencia de la Fuerza Pública en el territorio o estrategias de seguridad alternativas. Tomárselos en serio.

También le ayudaría al gobierno de Uribe a tender puentes con los indígenas tenerlos en cuenta en toda la negociación con los grupos paramilitares. En los últimos diez años, cientos de indígenas han muerto en masacres a manos de las autodefensas y han sido víctimas de homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos. "La mayor ofensa que pueden recibir los grupos indígenas es que el gobierno, sabiendo que han violado el Derecho Internacional Humanitario, no ha tomado medidas reales para judicializar a estos grupos ilegales, para aplicar justicia y reparar esos daños", afirma el vocero de la ONIC. Dice que en el Consejo Nacional de Paz le manifestaron a la OEA que su punto de vista fuera llevado a la mesa de negociación en Santafe Ralito pero que su petición fue ignorada. El gobierno tampoco los tomó en cuenta para acordar el lugar de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas en los territorios indígenas de los municipios de Mutatá y Bojayá. Por eso, el pasado lunes 26 de septiembre, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera-wounaan-katio-chami y Tule del Departamento del Chocó (OREWA) le pidieron públicamente al gobierno llevar a cabo la desmovilización en otro territorio.

La Constitución reconoce que Colombia es un Estado multicultural. Eso suena lindo en el papel. Llevarlo a la práctica es otra cosa. Pero el esfuerzo por darle una mirada multiétnica a la Seguridad Democrática vale la pena.

*Este artículo se realizó con reportería de los corresponsales de SEMANA en las regiones.

Para más información vea:

Pagina de la Presidencia

Página de la ONIC

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Algunos analistas consideran que no respetar la diferencia cultural de los indígenas  puede resultarle letal al gobierno para lograr un verdadero control de zonas estratégicas."Sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas", concluyó el análisis Siguiendo el Conflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, a raíz del ataque a Toribio en julio de 2005. "Es evidente que si los indígenas han reconstruido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de "redes de cooperantes" ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, tendrá la ventaja estratégica. Incluso si formalmente las comunidades se declaran neutrales".

Las brigadas interinstitucionales como la del sábado pasado ayudan, pero no son suficientes. Se necesita reglamentar la jurisdicción indígena, asignar recursos para fortalecer los cabildos, y el gobierno de estas comunidades, coordinar con ellos la presencia de la Fuerza Pública en el territorio o estrategias de seguridad alternativas. Tomárselos en serio.

También le ayudaría al gobierno de Uribe a tender puentes con los indígenas tenerlos en cuenta en toda la negociación con los grupos paramilitares. En los últimos diez años, cientos de indígenas han muerto en masacres a manos de las autodefensas y han sido víctimas de homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos. "La mayor ofensa que pueden recibir los grupos indígenas es que el gobierno, sabiendo que han violado el Derecho Internacional Humanitario, no ha tomado medidas reales para judicializar a estos grupos ilegales, para aplicar justicia y reparar esos daños", afirma el vocero de la ONIC. Dice que en el Consejo Nacional de Paz le manifestaron a la OEA que su punto de vista fuera llevado a la mesa de negociación en Santafe Ralito pero que su petición fue ignorada. El gobierno tampoco los tomó en cuenta para acordar el lugar de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas en los territorios indígenas de los municipios de Mutatá y Bojayá. Por eso, el pasado lunes 26 de septiembre, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera-wounaan-katio-chami y Tule del Departamento del Chocó (OREWA) le pidieron públicamente al gobierno llevar a cabo la desmovilización en otro territorio.

La Constitución reconoce que Colombia es un Estado multicultural. Eso suena lindo en el papel. Llevarlo a la práctica es otra cosa. Pero el esfuerzo por darle una mirada multiétnica a la Seguridad Democrática vale la pena.

*Este artículo se realizó con reportería de los corresponsales de SEMANA en las regiones.

Para más información vea:

Pagina de la Presidencia

Página de la ONIC

Boletín No. 20 de la Fundación Ideas Para la Paz

Más allá de los rituales y del baño de hierbas "para ahuyentar las malas energías", el primer consejo comunal exclusivamente indígena reveló las profundas contradicciones que existen entre las comunidades aborígenes y el gobierno de Álvaro Uribe.

Los choques se presentan en todo el país y con prácticamente todos los ejes de la Seguridad Democrática: las capturas masivas, la red de informantes, las fumigaciones de cultivos ilícitos, los soldados campesinos, el retorno de la policía a las cabeceras urbanas y la negociación con los paramilitares.

Las desavenencias son tan profundas que las organizaciones indígenas más importantes -la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona y Gonawindua de la Sierra Nevada- no sólo rechazaron la invitación del presidente Uribe al Consejo Comunal del sábado 25 de septiembre sino que al día siguiente del encuentro emitieron un comunicado diciendo que "fue una decisión acertada, pues se demostró que los indígenas no nos entregamos, seguiremos en resistencia".

Los 710 resguardos -donde viven casi 750 mil indígenas- ocupan el 28 por ciento del territorio nacional y es precisamente en ese tercio de país donde se define actualmente el rumbo de la guerra. De ahí la importancia para el gobierno de tener a los indígenas como aliados y no como los férreos opositores que son hoy.

¿En dónde radica el problema?

Durante la última década los indígenas han sido carne de cañón de guerrilla y paramilitares porque la mayoría de resguardos se encuentran ubicados en regiones de alto interés económico. Recientemente los indígenas guayaberos y los Nukak Makú en el Guaviare, los wiwa en la Sierra Nevada y la comunidad indígena potrerito en San Juan del César en La Guajira tuvieron que abandonar sus territorios, campo de combate entre guerrilla y Ejército. Pero sin duda el aspecto más problemático de la política de Seguridad Democrática son las capturas masivas.

En diciembre de 2004, 26 indígenas kankuamo de la Sierra Nevada fueron capturados, sindicados de rebelión, después de una marcha por la muerte del kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez. Hace dos semanas, unos cien indígenas Pijao y Paéz reclamaron frente a la Fiscalía de Chaparral, en el Sur del Tolima, la liberación de Fernando Martínez, un joven de 21 años, capturado por tropas del Batallón Caicedo el 26 de agosto, luego de participar en una marcha indígena. La comunidad solicitó que se lo entregaran para investigarlo y en caso de encontrarlo culpable de rebelión aplicarle el castigo según la legislación indígena.

En el Cauca, en julio de 2004, Sergio Sascué fue detenido por el Ejército en Tacueyó, acusado de ser el conductor de uno de los jefes de las Farc en la zona. Más de mil indígenas salieron a la plaza para protestar contra lo que consideraban una captura arbitraria. "Préstele un carro para que se de cuenta que no lo puede arrancar", le insistieron los indígenas al fiscal y al comandante del operativo, quienes se comprometieron a resolver la situación judicial de Sascué en 48 horas. Sólo en noviembre -cuatro meses después- recuperó su libertad. "Más allá de la captura arbitraria, para la comunidad Nasa, donde la palabra es sagrada, esta mentira pública es un hecho grave", precisó Ezequiel Vitonás, líder del proyecto Nasa. Luego, el 9 de mayo de 2005 capturaron a 10 comuneros del resguardo indígena de Jambaló, también en el Cauca, acusándolos de haber colaborado con los ataques de las Farc en Caldono.

Aunque 15 días después la Fiscalía se abstuvo de asegurarlos por falta de pruebas, el incidente ahondó la desconfianza de los indígenas hacia los organismos de seguridad. Un mes después, el 2 de agosto, cerca de seis mil paeces se reunieron en la plaza principal de Santander de Quilichao, en el norte del departamento, para rechazar las afirmaciones del entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Hernando Pérez, quien supuestamente los había señalado como auxiliares de la guerrilla.

El general explicó a SEMANA que lo que había querido decir es que el Cauca "es una área de acumulación estratégica y que las Farc tienen intimidadas a las autoridades locales". Luego agregó que: "Lo ideal para sacar adelante la política de seguridad democrática sería que las comunidades indígenas publicaran una resolución reconociendo el monopolio del Estado y de las autoridades legítimas sobre todo el territorio nacional como lo ampara la Constitución", explicó en su momento a SEMANA el general Hernando Pérez.

En la definición de quién es la 'autoridad legítima' en los territorios indígenas -que cada día son más (en el gobierno de Uribe se han creado 88 resguardos)- radica el meollo del problema.
Mientras que los indígenas interpretan el derecho a la autonomía territorial garantizada por la Constitución de 1991 de manera amplia, el gobierno -y sobre todo la Fuerza Pública- lo entiende de manera limitada.

La Corte Constitucional ha explicado en sus sentencias que la autonomía incluye el derecho a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; a ser juzgados por sus propias autoridades indígenas; a gozar de la propiedad colectiva sobre sus tierras; a tener una circunscripción electoral especial y a ser consultados previamente sobre los asuntos que les atañen, sobre todo cuando se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios. También ha dicho que los derechos de las autoridades indígenas en su territorio no son absolutos, pero que cualquier restricción que le imponga la sociedad 'blanca' para ser legítima debe tomar en serio los intereses de las comunidades indígenas.

Es decir que no se trata simplemente de informarles que van a instalar un batallón de alta montaña, sino de relacionarse con las autoridades indígenas como verdaderos interlocutores, casi como si fueran otro Estado. Eso no está sucediendo. "Las detenciones se hacen de manera desligada de las autoridades indígenas, no se hace una consulta con sus autoridades", dice un directivo de la ONIC.

Es cierto que hay muchos indígenas en las filas de las Farc y el ELN y que así como la guerrilla ha infiltrado muchos gobiernos locales blancos, también tiene injerencia sobre algunos cabildos. Por el solo hecho de ser indígenas no son necesariamente inocentes. Pero también es verdad que abundan los ejemplos de castigos de la jurisdicción indígena a sus propios miembros por vincularse con la subversión y que la mayoría de comunidades han hecho un gran esfuerzo por mantenerse neutrales frente a todos los grupos armados. Los indígenas paeces -y la guardia indígena en particular- han sido los únicos que han logrado oponerse de manera eficaz a las tomas de pueblo por parte de la guerrilla como lo demostraron a finales de 2001 en una muestra de coraje e independencia sin precedentes.

Como el gobierno considera que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia en profundización le cuesta trabajo entender que estas comunidades sean neutrales también frente al Ejército y a la Policía. La oposición de los paeces, por ejemplo, a tener la estación de Policía en la plaza central de Toribío ha sido rechazada por el gobierno.

"Hemos sostenido que esa presencia se hace cuando sea necesaria y siempre con respeto a los derechos indígenas", dijo a SEMANA.COM Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Explicó que el gobierno está capacitando a los miembros de la Fuerza Pública para que entiendan y respeten las particularidades culturales de estas comunidades. "Pero también hay que entender que la ausencia del Estado nunca garantiza que no sean objeto de presión y abusos por parte de grupos ilegales".

De hecho la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca ha disminuido sensiblemente las tomas guerrilleras en el departamento. Los indígenas son conscientes de eso, pero aún así piden que no les hagan más señalamientos. "Hay menos incursiones de grupos ilegales pero lo que discutimos es la forma de control sobre la población", dijo el portavoz de la ONIC.

Algunos analistas consideran que no respetar la diferencia cultural de los indígenas  puede resultarle letal al gobierno para lograr un verdadero control de zonas estratégicas."Sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas", concluyó el análisis Siguiendo el Conflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, a raíz del ataque a Toribio en julio de 2005. "Es evidente que si los indígenas han reconstruido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de "redes de cooperantes" ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, tendrá la ventaja estratégica. Incluso si formalmente las comunidades se declaran neutrales".

Las brigadas interinstitucionales como la del sábado pasado ayudan, pero no son suficientes. Se necesita reglamentar la jurisdicción indígena, asignar recursos para fortalecer los cabildos, y el gobierno de estas comunidades, coordinar con ellos la presencia de la Fuerza Pública en el territorio o estrategias de seguridad alternativas. Tomárselos en serio.

También le ayudaría al gobierno de Uribe a tender puentes con los indígenas tenerlos en cuenta en toda la negociación con los grupos paramilitares. En los últimos diez años, cientos de indígenas han muerto en masacres a manos de las autodefensas y han sido víctimas de homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos. "La mayor ofensa que pueden recibir los grupos indígenas es que el gobierno, sabiendo que han violado el Derecho Internacional Humanitario, no ha tomado medidas reales para judicializar a estos grupos ilegales, para aplicar justicia y reparar esos daños", afirma el vocero de la ONIC. Dice que en el Consejo Nacional de Paz le manifestaron a la OEA que su punto de vista fuera llevado a la mesa de negociación en Santafe Ralito pero que su petición fue ignorada. El gobierno tampoco los tomó en cuenta para acordar el lugar de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas en los territorios indígenas de los municipios de Mutatá y Bojayá. Por eso, el pasado lunes 26 de septiembre, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera-wounaan-katio-chami y Tule del Departamento del Chocó (OREWA) le pidieron públicamente al gobierno llevar a cabo la desmovilización en otro territorio.

La Constitución reconoce que Colombia es un Estado multicultural. Eso suena lindo en el papel. Llevarlo a la práctica es otra cosa. Pero el esfuerzo por darle una mirada multiétnica a la Seguridad Democrática vale la pena.

*Este artículo se realizó con reportería de los corresponsales de SEMANA en las regiones.

Para más información vea:

Pagina de la Presidencia

Página de la ONIC

Boletín No. 20 de la Fundación Ideas Para la Paz