La suerte de los paras, las víctimas la desean

Los jefes ‘paras’ pueden estar tranquilos. El fallo de la Corte Constitucional frente a la ley de Justicia y Paz los asustó en un principio, pero luego de la explicación de la sentencia quedó claro que el gobierno se encargará de que su situación sea resuelta lo más pronto posible. No pueden decir lo mismo las víctimas.

El reciente fallo las favorece, ya que podrán ser reparadas no sólo con los bienes ilícitos de los paramilitares, como estaba establecido en la Ley, sino con sus propiedades de origen legal. Además, tendrán acceso a los expedientes de los procesos que cursen contra los jefes de las autodefensas y esto les dará mayor oportunidad para conocer la verdad. La gran pregunta es ¿cómo harán para hacer efectivos esos derechos que la Corte rescató en el papel?

Según la ley de Justicia y Paz, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación es la encargada de garantizar que las víctimas sean reparadas. Pero la tarea no es fácil y así lo reconoce Eduardo Pizarro, quien preside la Comisión en representación del Vicepresidente Francisco Santos.

“La reparación ha fracaso en todo el mundo, no ha habido ni un solo ejemplo de reparación exitosa y por eso nosotros tenemos que caminar con discreción absoluta, sin generar falsas expectativas. La población reparada en Chile fueron 40 mil personas; en Argentina, 8 mil; en Sudáfrica fueron 120 mil personas y en Colombia, si incluyéramos a los desplazados, serían unas dos millones de personas. Por eso todo tiene que ser construido lentamente, de lo contrario, el riesgo de perder sería altísimo”, dice Pizarro, quien coordinará la Comisión durante los próximos ocho años.

¿Qué han hecho hasta el momento?

Desde el 4 de octubre del año pasado, la Comisión se ha dedicado a establecer los criterios básicos para la reparación que deben usar los tribunales que juzguen a los paramilitares. Para ello, primero están definiendo el universo de víctimas.

La Defensoría del Pueblo, que forma parte de esta Comisión, está al frente del Registro Nacional de Víctimas, lo que significa unificar los listados de varias ONG que tienen en su haber nombres de secuestrados, desaparecidos, desplazados, víctimas de minas antipersona, etc. Este registro no está listo todavía, en parte porque los miembros de la Comisión no se han logrado poner de acuerdo en quién se debe considerar víctima. El gobierno piensa que sólo se deben tener en cuenta las mencionadas en la Ley de Justicia y Paz, mientras otros miembros creen que el concepto debería ser más amplio.

La Comisión aún no arroja resultados concretos porque estos criterios los está definiendo conjuntamente con organizaciones de víctimas en las regiones, con quienes se han reunido los comisionados en los últimos meses.

Según Pizarro, después de que se eligieron los dos representantes de las víctimas a comienzos de febrero pasado, la Comisión ha estado en permanentes discusiones sobre qué es y cuáles son los tipos de reparación y quienes son las víctimas. Pero todavía no han llegado a una conclusión.

“Incluso hemos concluido que cada víctima nos puede costar hasta 30 mil dólares, depende del daño que le hicieron. Por eso, a pesar de las presiones, no podemos salir a decirle a la opinión pública, a toda hora, lo que estamos haciendo”, puntualizó.

Pizarro explicó que en junio comenzarán a funcionar gradualmente las oficinas de restitución de bienes donde las víctimas podrán reclamar la devolución de las tierras que les arrebataron las autodefensas. Una estará en Sincelejo, en la Costa Atlántica, otra en los Santanderes (cualquiera de los dos), otra en Antioquia, y otra en el sur del país. “La de Medellín comienza en un mes. Todas son experiencias piloto”, agregó. También dijo que esta semana, la Comisión de Reparación revelará a la prensa el primer informe de su trabajo.

Entonces, ¿una viuda con dos hijos que compruebe que fue víctima de la masacre de El Salado, en Sucre, ocurrida en 2000, puede ir hasta Sincelejo para reclamar un lote igual al que tuvo que abandonar por cuenta de la violencia? No se sabe. Ese tipo de procedimientos aún están siendo evaluados por los miembros de la Comisión, que cuenta con ocho representantes.

“Dentro de la Comisión proponemos la ruta para que las víctimas exijan su derecho a la reparación. Al margen de ella, como ente de control independiente, ya tenemos lista una Unidad de Justicia y Paz en la que trabajan cuatro personas de la Defensoría. Pero necesitamos más gente, un experto en tierras por ejemplo, pero no podemos movernos mientras la Ley de Garantías esté vigente”, sostuvo David Peña, coordinador de esta unidad de la Defensoría del Pueblo.

Por lo anterior, explica la Defensoría, la pedagogía a las víctimas sobre la existencia de la ley y sobre cómo pueden beneficiarse de ella tampoco ha arrancado. Dicen que sólo les ha llegado una víctima de Urabá para pedirles asesoría. Esto es muy grave puesto que la fase judicial con los paramilitares está a punto de comenzar y las víctimas siguen sin organizarse. De seguir así, los únicos beneficiarios de la Ley serán los armados.