Las 27 recomendaciones del Alto Comisionado

Este documento contiene las recomendaciones sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2002). Las recomendaciones están dirigidas al Estado, a la sociedad civil y a los grupos armados ilegales, y deben ser aplicadas durante el año 2003.

Las recomendaciones se encuentran agrupadas en seis temas:

-Prevención y protección

-Conflicto armado interno

-Estado de derecho y la impunidad

-Políticas económicas y sociales

-Promoción de una cultura de derechos humanos

-Asesoramiento y cooperación técnica de la Oficina

El Alto Comisionado tiene la firme convicción que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría experimentar una sensible mejora si las recomendaciones son puestas en práctica por las autoridades nacionales de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de Control, encargadas de la protección y promoción de los derechos humanos; así como por todas las partes del conflicto armado interno.

También se espera que las recomendaciones sean asimiladas por la Iglesia, los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, los académicos, las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y, por supuesto, la mayor cantidad posible de colombianos.

Además de las recomendaciones este documento recoge el resumen ejecutivo del Informe del Alto Comisionado sobre Colombia.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se compromete a trabajar conjuntamente con las autoridades y la sociedad civil para apoyar la aplicación de estas recomendaciones.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra en el país desde 1997, y se estableció con base en un acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y el Alto Comisionado.

En agosto de 2002, el Presidente Álvaro Uribe Vélez solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos extender el periodo de la Oficina durante cuatro años más, hasta octubre de 2006, petición que fue aceptada.

Según el acuerdo, la Oficina en Colombia tiene como Mandato cuatro tareas principales. La primera de ellas es observar, sistemática y analíticamente, la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en todo el país. La segunda es ofrecer asesoría en estos temas tanto al Gobierno como a las autoridades del Estado y a la sociedad civil. La tercera es ofrecer cooperación técnica al Gobierno, a las autoridades del Estado, a las instituciones que manejan el tema y a la sociedad civil interesada. La cuarta es informar, difundir y promocionar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario entre los colombianos.

Recomendaciones para el año 2003

Con base en su análisis pormenorizado, el Alto Comisionado formula una serie de recomendaciones concretas y prioritarias para el año 2003. Estas recomendaciones, que no son exhaustivas, se agrupan bajo seis rubros: La prevención y protección; el conflicto armado interno; el Estado de derecho y la impunidad; las políticas económicas y sociales; la promoción de una cultura de derechos humanos; el asesoramiento y la cooperación técnica de la Oficina.

Las recomendaciones se dirigen a las autoridades nacionales de las tres ramas del poder público y de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a todas las partes en el conflicto armado interno, a las organizaciones armadas al margen de la ley y a los sectores representativos de la sociedad civil.

Sin perjuicio de las otras preocupaciones abordadas en el presente informe, y al seguimiento que debe darse a las recomendaciones pendientes formuladas por el Alto Comisionado y por otros órganos internacionales, el Alto Comisionado tiene la firme convicción que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría experimentar una sensible mejora si las siguientes recomendaciones fueran tomadas en consideración y aplicadas durante el año 2003 por aquellos a quienes van dirigidas.

a) La prevención y protección

-El Alto Comisionado exhorta al Gobierno a hacer efectivo el Sistema de Alerta Temprana (SAT), establecido en el seno de la Defensoría del Pueblo, con la activa participación, cooperación y respuesta de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

-El Alto Comisionado urge al Gobierno a asegurar que el programa de protección de defensores de derechos humanos, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, funcione con efectividad, dotándolo de los fondos suficientes y de parámetros claros y uniformes de medición del riesgo. También deberá el Gobierno poner en práctica mecanismos que actúen preventivamente sobre los factores de riesgo.

-El Alto Comisionado urge al Fiscal General de la Nación a introducir en el programa de protección de testigos y víctimas a cargo de la Fiscalía los cambios que permitan una rápida identificación de los riesgos y una pronta adopción de las medidas para afrontarlos.

-El Alto Comisionado exhorta al Gobierno a identificar, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y el Sistema de las Naciones Unidas, comunidades en riesgo por el conflicto armado interno, y, en concertación con tales comunidades, desarrollar y poner en práctica, cuanto antes, acciones y programas de atención preventiva y de protección. En materia de poblaciones desplazadas se deberán aplicar estrictamente los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.

-El Alto Comisionado urge al Gobierno y al Congreso a dotar a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo de los recursos necesarios para establecerse en aquellos municipios donde aún no tienen presencia, especialmente en las zonas de rehabilitación y consolidación, y en aquellas regiones con alto índice de población indígena, afro-colombiana y desplazada.

-El Alto Comisionado solicita al Ministerio Público y a los superiores jerárquicos de los servidores públicos sancionar disciplinariamente a aquellos agentes del Estado que con sus acciones u omisiones pongan en riesgos la labor de los defensores de derechos humanos.

-El Alto Comisionado exhorta al Procurador General a verificar trimestralmente la exactitud y objetividad de la información contenida en los archivos de inteligencia militar sobre defensores de derechos humanos, y a hacer público el resultado de esta labor.

-El Alto Comisionado alienta a la Ministra de Defensa a incorporar, en los próximos cursos de formación de los miembros de la fuerza pública, el estudio sistemático del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Para ello, recomienda que celebre un acuerdo de capacitación continua con la Defensoría del Pueblo.

b) El conflicto armado interno

-El Alto Comisionado insta a las FARC-EP, al ELN, a las AUC y a los demás grupos guerrilleros y paramilitares a respetar el derecho a la vida de todos los civiles. Los insta, en especial, a abstenerse en todo momento de ataques contra la población civil, ataques indiscriminados, reclutamiento de menores y actos de terrorismo.

-El Alto Comisionado insta a las FARC-EP, al ELN, a las AUC y a los demás grupos armados ilegales a liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas tomadas como rehenes, y a abstenerse de la práctica inaceptable del secuestro.

-El Alto Comisionado insta a los grupos armados ilegales, y en particular a las FARC-EP, el ELN y las AUC, a abstenerse de emprender acciones que afecten el goce de los derechos humanos de la población civil y disminuyan la capacidad del Estado colombiano para cumplir su obligación de protegerlos y garantizarlos.

-El Alto Comisionado insta a la Fuerza Pública a observar irrestrictamente los deberes impuestos por el derecho internacional humanitario, en especial los relacionados con el cumplimiento de los principios de limitación, distinción, proporcionalidad y protección general de la población civil.

-El Alto Comisionado insta a todas las partes en el conflicto armado a cumplir las obligaciones a ellas impuestas por las normas internacionales que prohíben el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonales.

-El Alto Comisionado recomienda al Gobierno, a los grupos armados ilegales y a los sectores representativos de la sociedad civil no escatimar esfuerzos para establecer, cuanto antes, acercamientos dirigidos al diálogo y a la negociación que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera. Los diálogos y la negociación deberán tomar en cuenta, desde un principio, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como incorporar en su agenda el tema de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

c) El Estado de derecho y la impunidad

-El Alto Comisionado solicita al Gobierno y al Congreso de la República que, al adoptar políticas y al elaborar normas, presten la debida atención a las obligaciones asumidas por Colombia como Estado parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Los urge a tener en cuenta los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y no-discriminación cuando adopten y apliquen políticas y medidas relacionadas con la seguridad y el orden público. En especial, los insta a no introducir en el ordenamiento jurídico colombiano normas que faculten a los miembros de las fuerzas militares para ejercer funciones de policía judicial, ni otras que sean incompatibles con la independencia de la justicia.

-El Alto Comisionado urge al Fiscal General a presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley sobre la carrera para los funcionarios y empleados de la Fiscalía, con el fin de fortalecer la independencia e imparcialidad de la institución.

-El Alto Comisionado solicita al Fiscal General a asegurar y fortalecer la independencia de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, garantizar la protección de sus integrantes y a dotarla de los recursos necesarios para desarrollar las investigaciones a su cargo.

-El Alto Comisionado exhorta al Fiscal General a establecer dentro de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía un grupo especializado en la investigación de los posibles vínculos de miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares. Exhorta, asimismo, a los organismos de cooperación internacional a respaldar esta iniciativa.

-El Alto Comisionado insta a la Ministra de Defensa a suspender de inmediato del servicio a los miembros de la fuerza pública involucrados en graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra, poniendo en conocimiento de las autoridades judiciales y de control la información pertinente.

-El Alto Comisionado exhorta al Comité especial de impulso de investigaciones de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, presidido por el Vicepresidente de la República, a que trabaje pro-activamente sobre una selección de casos representativos de dichas violaciones, y a que trimestralmente elabore un informe al Presidente de la República, al Fiscal General, al Procurador General, y al Defensor del Pueblo sobre el avance en las investigaciones de los mismos.

-El Alto Comisionado exhorta al Presidente de la República a adoptar, en su condición de Jefe de Estado y de comandante supremo de la fuerza pública, todas las medidas necesarias para que, independientemente de posibles diálogos entre el gobierno y los grupos paramilitares, cese todo vínculo entre servidores públicos y miembros de dichos grupos. También lo exhorta a informar al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo, por medio de reportes semestrales, sobre la ejecución de dichas medidas y los resultados de las mismas.

d) Las políticas económicas y sociales

-El Alto Comisionado exhorta al Gobierno a desarrollar una política consistente para disminuir la brecha de inequidad existente en el país y asegurar que se adopten todas las medidas necesarias para lograr una disminución de los índices de analfabetismo y desocupación, y un aumento en el acceso a la salud, la educación y a la vivienda.

e) La promoción de una cultura de derechos humanos

-El Alto Comisionado recomienda al Gobierno, a través de la Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, elaborar un plan de acción en derechos humanos que incorpore una política integral de género, y a presentar en el transcurso del primer semestre de 2003 un cronograma para su implementación.

-El Alto Comisionado recomienda a la Ministra de Educación incorporar, a partir del inicio de los próximos calendarios escolares, la enseñanza de los derechos humanos en los programas de educación primaria y secundaria. Para ello recomienda que celebre un acuerdo de capacitación continua con la Defensoría del Pueblo.

-El Alto Comisionado exhorta al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General y a la Procuraduría General a establecer con la Defensoría del Pueblo convenios análogos para la formación permanente de sus funcionarios y empleados en derechos humanos y DIH.

f) El asesoramiento y cooperación técnica de la Oficina

-El Alto Comisionado urge al Estado a dar seguimiento a las recomendaciones internacionales, incluidas las del presente informe, y exhorta al Vicepresidente de la República a que coordine, con la cooperación y el asesoramiento de la Oficina, la elaboración de un cronograma de aplicación de las distintas recomendaciones emitidas por los órganos internacionales competentes.

-El Alto Comisionado invita al Gobierno, al Congreso, a la Fiscalía General, a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo a profundizar la interlocución con la Oficina, beneficiándose plenamente con su mandato de asesoría y cooperación técnica.