"Las autodefensas siguen delinquiendo"

Semana.com: ¿Cree usted que existen presiones de las autodefensas sobre el Congreso en el tema del proyecto de alternatividad penal para quienes hayan cometido delitos atroces?

Rodrigo Rivera: Ellos enviaron una carta que ha sido muy mal recibida porque allí prácticamente dicen que ese proyecto es el precio de la paz y que si no se aprueba entonces eso se puede devolver y estallar en mil pedazos y que por ese camino nos mataremos todos. Esos términos son evidentemente intimidantes y el Congreso los ha rechazado. Además existe otro elemento sobre la mesa y es que lejos de un cese el fuego generalizado por parte de las autodefensas lo que hay en muchas parte del país es un activismo intenso en actividades criminales como la participación abierta y descarada en el proceso electoral. Por eso en el debate del martes en el Congreso se le dijo al gobierno que si están hablando con esos señores, tienen un acuerdo de paz y están dispuestos a darles semejantes beneficios, ellos no pueden responder envalentonándose y el gobierno debe ejercer su interlocución para exigirles que haya una conducta acorde con las expectativas de paz que tienen.

Semana.com: ¿Cómo interpretar ese silencio del gobierno?

R.R.:Yo creo que el gobierno tiene un equipo que es muy light en la materia. Es un equipo ligero al que le falta gente de mucha experiencia, que haya manejado procesos de paz anteriores, que sea experta en el tema de la violencia, de guerra y del conflicto armado. Además, le falta estrategia porque este proceso surgió por iniciativa política de las autodefensas y se está desarrollando con base en las peticiones planteadas por ese grupo armado. Me decía el senador Rafael Pardo que incluso la información del domingo 14 de septiembre del diario El Tiempo sobre las zonas de concentración de la autodefensa en seis partes del territorio nacional las habían dado Castaño y su grupo, lo que lleva a pensar que hasta informativamente el proceso lo están manejando ellos. Eso lo que demuestra es que el gobierno está a la zaga de las AUC mientras que debería ser el gobierno el que planteara la estrategia, el que pusiera el ritmo, el que marcara la orientación del proceso y el que lo liderara.

Semana.com: ¿Entonces podría pensarse que este proyecto es otra ligereza del equipo gubernametal?

R.R.:Es un proyecto que representa una especie de salto al vacío porque compromete el tratamiento del Estado frente a los actores del conflicto en un momento en que la paz está todavía muy distante. Además se está hablando sólo con uno de los actores del conflicto y no con todos. Si ese es el mensaje para ellos y el conflicto sigue adelante, el mensaje para el resto que son la gran mayoría de guerrilleros y paramilitares, es que pueden seguir secuestrando, masacrando, cometiendo delitos de lesa humanidad, narcotraficando y pueden seguir llenando los tanques por que después los vamos a perdonar y les vamos a premiar el gran gesto de desmovilizarse con el perdón y eso francamente es extravagante.

Semana.com: ¿Cree que el gobierno está actuando solo en el proceso?

R.R.:Sí. Está sorprendentemente solo y quedó demostrado en el debate del Congreso. El gobierno no le consultó ni siquiera a sus aliados más expertos como el senador Rafael Pardo, que además de ser uribista, fue ministro de Defensa, alto comisionado para la Paz, conoce el tema como pocos en el país y es el primer contradictor de ese proceso. Entonces si el gobierno ni siquiera escucha a personajes como Pardo entonces imagínese a donde podrá llegar y que aciertos podrá tener.

Semana.com: En la etapa en que está, ¿qué se le puede cambiar al proyecto para que funcione?

R.R.:Yo creo que el proyecto podría ser razonable si claramente se dijera que no pueden ser cobijables con el perdón o con ese tratamiento generoso, los delitos atroces, los delitos de lesa humanidad o el delito de narcotráfico. Entonces sólo sería viable para el delito de 'ejercicio arbitrario de las propias razones', que es como suplantar al Estado en su función judicial y de autoridad. Y de pronto podría extenderse a una especie de doctrina de la legítima defensa y se podría estudiar una doctrina de defensa colectiva para delitos que se cometan en combates con la guerrilla, pero más allá de eso me parece que es enviar la señal a los violentos de que pueden escalar en el conflicto incurriendo en esas conductas por que igual mañana van a ser perdonados. Es un estímulo a la barbarie.

Semana.com: El ministro Londoño ha dicho que el gobierno dará al Congreso las garantías necesarias para continuar con el debate. ¿Cuáles cree usted que deben ser esas garantías?

R.R.: Las garantías es que no se les dé la razón a las autodefensas con cartas como la que mandaron en estos días, o que proteja a los congresistas para poder adelantar este debate. También es que el gobierno tenga una actitud abierta para que ese debate se adelante sin satanizaciones y sin que a quienes diferimos de este proyecto nos cataloguen como enemigos de la paz con las autodefensas.

Semana.com: Usted dijo en el debate que el gobierno se estaba haciendo el de la vista gorda con los últimos delitos cometidos por los paras.

R.R.: Lo que yo he sostenido es que con la presentación del proyecto, las autodefensas han seguido delinquiendo. Por ejemplo las denuncias de Mauricio Vargas en la revista Cambio son muy graves, pues dice que se están cediendo los equipos de criminales a sectores de las autodefensas que no están comprometidos con el proceso de paz y que hay comandantes que se van a acoger a este proceso a partir de 2005. Desde ya nos están diciendo que siguen delinquiendo, secuestrando, extorsionando, apropiándose de las fincas y del ganado y narcotraficando por que igual saben que los van a perdonar. Eso no tiene presentación ética. Y el gobierno no ha respondido.

Semana.com: Castaño ha dicho que los colombianos debemos ser comprensivos con el proyecto. ¿Cabe algo de comprensión?

R.R.: Las autodefensas deben ser comprensivas y deben entender que después de tantos abusos y tantos delitos no pueden esperar a que el Estado los frene sin que haya sanciones para quienes hayan incurrido en los delitos más graves. Además deben ser conscientes de que el Estado colombiano ha firmado pactos internacionales para castigar los delitos de lesa humanidad y el terrorismo. También hay compromisos internacionales para la lucha contra las drogas y hay conflictos de esa clase que no pueden ser amparados con un manto de impunidad por parte del Estado colombiano sin que tengamos serios problemas con los interlocutores internacionales o sin que el país empiece a ser aislado por otras naciones que vean a Colombia como un santuario para el narcotráfico y para la violación de toda suerte normas del Derecho Internacional Humanitario. La compresión debe ser de parte y parte.

Semana.com: ¿Qué rescata usted del proyecto?

R.R.: Rescato que hay un canal de comunicación político con las autodefensas, sin embargo ese canal se está empleando en una sola vía, en la vía de escucharlos a ellos para darles beneficios, pero no por la vía de que ellos escuchen al gobierno para exigirles que respeten al Congreso, para que no interfieran en el proceso político regional y local o para que no sigan asesinando colombianos. Eso no se está viendo, hay un canal de comunicación pero mientras que Castaño lo está utilizando para mandar cartas y hacerse sentir, el gobierno no lo utiliza para exigirles a ellos.