Lecciones de la desmovilización del IRA

La orden de entrega de armas y desmovilización de las estructuras militares del Ejército Republicano Irlandés (IRA) ha desplazado, de manera momentánea, las omnipresentes noticias sobre el terrorismo islámico en Europa. Y no es para menos. El anuncio de abandonar la guerra, después de más de 35 años de encarnizada lucha, tiene un significado profundo para los panoramas políticos europeo y mundial. En el texto de la declaración difundida el 28 de julio pasado, el IRA reconoce el fin de la lucha armada y acoge la democracia como el camino exclusivo para buscar la reunificación republicana de Irlanda.

Este hecho no puede pasar inadvertido en Colombia, puesto que sugiere trayectorias interesantes en el desarrollo y la evolución de nuestro conflicto interno, si bien es cierto que el conflicto norirlandés no ha tenido mayores implicaciones en la evolución interna del nuestro, excepción hecha de aquel incidente en el que tres ciudadanos irlandeses, presuntos integrantes del IRA, fueron arrestados y acusados de haber entrenado a las FARC en el desarrollo de planes terroristas.

Es evidente que las comparaciones son odiosas, y más aun si se tienen en cuenta las especificidades de cada lucha. Ni el contexto sociopolítico en el que ambos nacen, ni el equilibrio de fuerzas en pugna, ni el marco geopolítico en el que se desenvuelven, incluso ni el número de víctimas, hacen de los conflictos norirlandés y colombiano dos casos equiparables. No obstante, es importante resaltar la existencia de una serie de paralelismos que, a mi juicio, pueden contribuir a aclarar el panorama del conflicto interno colombiano en el mediano plazo.

Después de firmar en 1997 el acuerdo de paz, conocido como del "Viernes santo", el IRA se comprometió a seguir respetando el cese al fuego declarado en 1994 y a inutilizar sus armas para el año 2001, condición "indispensable" para la repartición efectiva del poder entre católicos y protestantes. Sin embargo, el IRA persistió en su tentativa de mantenerse como un grupo militar y armado, deseoso de influir en la arena política preparada en años anteriores por el Sinn Féin, partido católico dirigido por Gerry Adams.

Por otro lado, la lucha contra el terrorismo, potenciada por el clima post 11-S, les empujó a un aislamiento inexorable en Europa. Además, sus fuentes de legitimación y financiamiento sufrieron golpes fatales en el ambiente de paranoia estadounidense contra el terrorismo, donde tradicionalmente la lucha del IRA había sido percibida románticamente por la comunidad de inmigrantes irlandeses.

Esto lo resintió el IRA, las alas radicales del cual ya habían dado un giro hacia actividades abiertamente delincuenciales y mafiosas: lavado de dinero, tráfico de cigarrillos, estupefacientes y armas. La participación de algunos de sus miembros en el robo de 50 millones de dólares de una sucursal bancaria en diciembre pasado y el asesinato de Robert McCartney en un pub del centro de Belfast a finales de enero, generaron sendos escándalos con repercusiones mundiales.

Tal contexto de "criminalización" progresiva permite hacernos varias preguntas: si el IRA renuncia a la lucha armada y se entregan definitivamente las armas, ¿para qué seguir existiendo como organización militar? ¿Por qué no disolverse automáticamente e integrar el Sinn Féin? Como ya lo han demostrado los procesos de paz centroamericanos y la formación de las temibles "maras" por antiguos combatientes, ¿será acaso que los contactos del mundo oscuro de la clandestinidad pesan más y son más lucrativos que reinsertarse dentro de la lucha política en el seno de la sociedad civil?

Ninguno de estos interrogantes tiene respuesta definitiva e inmediata. Por el contrario, nos imponen una sobria visión de la realidad y nos sugieren que la sociedad colombiana debe prepararse -es la labor de la clase política el decirlo sin ambages- a que los procesos de negociación y de paz con los grupos armados ilegales, serán de largo aliento, de difícil seguimiento y donde solo podrán triunfar la perseverancia y el realismo político. No bastará con firmar unas leyes de reinserción ni acuerdos de paz desbordantes de propósitos y promesas.

El Estado colombiano estará obligado a seguir muy de cerca los procesos de desmovilización, y la sociedad civil, a verificar que así sea, puesto que si las estructuras militares de dichos grupos no son efectivamente desarticuladas, se corre el riesgo de que éstos sigan actuando en la clandestinidad, controlando las actividades ilegales que manejan desde hace muchos años e imponiendo su ley de silencio y terror, evitando o pervirtiendo cualquier esfuerzo que se haga para fomentar las acciones democráticas, abiertas y transparentes.

Esto es válido para el caso de los paramilitares que, bajo el auspicio de la llamada Ley de "justicia y paz", y reciclados en partido político de extrema derecha, podrían utilizar métodos políticos brutales y de control mafioso de actividades económicas en sus zonas de influencia. Sucederá lo mismo con las FARC y su partido "bolivariano", creado durante los fracasados diálogos de paz con el gobierno Pastrana. Si bien aún se está lejos de ver a éstos salir de la clandestinidad para aventurarse en la contienda democrática, es claro que una negociación política con las guerrillas tendrá que pasar obligatoriamente por reconocer la presencia de sus estructuras políticas latentes, mediante las cuales las jerarquías militares guerrilleras podrían pretender imponer su agenda política extremista, sin olvidar tampoco que algunos de ellos no renunciarían al control, desde la sombra, de actividades delincuenciales.

Por otro lado, le corresponderá también al Estado, pero esta vez en cabeza de la Cancillería, perseverar en el objetivo estratégico de la salvaguarda del interés nacional, mediante un activo aislamiento de estos grupos de sus apoyos políticos en el mundo, independientemente de los aleas de la reelección presidencial colombiana o de la llamada "guerra contra el terrorismo" que se libra en el mundo. Es importante reconocer que los atentados del 7 y del 21 de julio en Londres dieron el golpe de gracia final a la lucha armada del IRA. El terrorismo islamista atacó el corazón de la capital británica y mostró su rostro más oscuro. La dirigencia del IRA encontró que las posibilidades dentro del juego estratégico se estaban cerrando inexorablemente y que cualquier retraso en la deposición de las armas sería catastrófico.

Los hechos en Irlanda del Norte y las acciones en España y Francia contra el terrorismo etarra muestran que la ventana de legitimidad política para los grupos armados ilegales en el mundo se está cerrando, que lejos de los maniqueísmos ideológicos, el terrorismo y la violencia pierden terreno en la política de Occidente y que la lucha democrática es la vía que permite obtener mayores dividendos en la arena política. También muestran que el apoyo que han tenido los grupos guerrilleros colombianos en Europa, sobre todo por parte de otros grupos radicales armados que allí operan, se está resquebrajando y que, ahora mas que nunca, es de su interés, dentro del juego estratégico del poder, entrar en una fase de acercamiento y cooperación con el Estado, así sus portavoces repitan hasta el cansancio que no están debilitados y que no pretenden por ahora negociar con el Gobierno.

Al fin y al cabo, ellos mejor que nadie saben que sólo la estrategia cooperativa podría desacelerar su debilitamiento progresivo en el campo de batalla y de espacios políticos en el mundo, redorando su desteñida imagen, y abrirle al país una nueva puerta de oportunidades. Retomando la distinción que hiciera Max Weber, la ética de la convicción, aquella que los movió a tomar las armas para instaurar la utopía marxista en Colombia, deberá ser reemplazada por la ética de la responsabilidad, en la cual tendrán que aceptar el pluralismo inherente de los valores colombianos, así como colaborar en la implementación de un orden social viable. Sólo así se podrá solucionar los problemas de desarrollo y equidad, con el fin de enfrentar los verdaderos desafíos impuestos por el nuevo orden mundial.

* Candidato a doctorado en ciencia política - Universidad Católica de Lovaina