Los estudiantes franceses y el contrato del primer empleo.

Sin duda alguna las protestas estudiantiles en Francia están ligadas a las mismas razones del fracaso del referendo francés de la Constitución europea, en mayo de 2005, y también con los levantamientos en el otoño pasado de los inmigrantes y sus hijos, estos sí franceses, que no encuentran oportunidades decentes de empleo y educación. El mensaje político de estos acontecimientos es el rechazo a las reformas económicas de libre mercado.

Los estudiantes están protestando por la nueva ley llamada el Contrato de Primer Empleo (CPE), que busca flexibilizar tanto la contratación como el licenciamiento de los trabajadores jóvenes menores de 26 años y que permite despedirlos en los dos primeros años sin causa alguna y sin pagos compensatorios. Miles de jóvenes, al grito de “no somos carne de cañon” y de “no somos carne fresca para los patronos”, han marchado por las calles de Paris y en otras 150 ciudades. De las 84 universidades públicas que existen en Francia, están cerradas cerca de la mitad, total o parcialmente.

Los reporteros del New York Times, en varios artículos, señalan que dos son los factores que animan las protestas estudiantiles: las políticas internas y el miedo al cambio entre las clases medias y trabajadoras de Francia. El gobierno, por iniciativa del Primer Ministro, Dominique de Villepin, busca con la ley CPE disminuir el desempleo entre los jóvenes. Sin embargo, los oponentes a la ley, que ahora no sólo son los jóvenes, sino también la mayoría de los sindicatos franceses, la ven como la antesala a la pérdida de los derechos y beneficios laborales existentes.

En Francia, la tasa de desempleo es del 10%, y el de las personas menores de 26 años, del 23%. En algunas ciudades, sobre todo aquellas que sufrieron las manifestaciones y protestas el pasado año, llega casi al doble.

Los diputados franceses que están contra la ley, dicen que viola el principio de igualdad de los trabadores, al discriminar de acuerdo a la edad. Por otro lado, la Federación de empleadores en Francia, conocida como MEDEF, ha apoyado la medida. Su presidente ha afirmado que “espera que finalmente se haga un debate sobre la reforma del mercado de trabajo, que funciona muy mal y está empeorando”. Los empresarios argumentan que no se pueden crear empleos con beneficios económicos y sociales costosos.

Los argumentos para flexibilizar el mercado de trabajo están en la agenda neoliberal, en todos los países y en todos los idiomas: si se quiere tener pleno empleo, es necesario reformar el mercado de trabajo, al eliminar las normas legales que obstaculizan la creación de nuevo puestos de trabajo, incluido el salario mínimo, posibilitar que los costos salariales sean menores a los de la competencia externa, de tal manera que la economía sea competitiva. Las reformas al mercado de trabajo están ligadas a la precarizacion de las condiciones de trabajo, que abaratan los costos salariales y, de paso, liquidan el estado de bienestar, heredado de la posguerra.

Con la política fiscal y la política monetaria no se pueden crear empleos, advierte el credo neoliberal: La política fiscal tiene que ser equilibrada e incluso superávitaria, de tal manera que se pueda pagar la deuda externa. La política monetaria sólo debe interesarse por la estabilidad de los precios y la lucha contra la inflación. El dinero no puede incrementar el nivel del producto y del empleo. La expansión monetaria sólo provoca más inflación y desestabiliza el mecanismo de precios, con lo que genera más inestabilidad a la inversión y a los consumidores.

Las políticas laborales, y las políticas macroeconómicas restrictivas, han incidido para que en la Unión Europea la participación de los salarios reales en el PIB haya caído desde la primera parte de los años 80 de 75,3% (1971-1980) a 69,7% (1991-2000), con una pérdida de 5,4 puntos porcentuales. Francia pasó de 76,6% a 69,3%, y una pérdida de 7,3 puntos, en los mismos años. Esto se explica porque los incrementos salariales han estado por debajo de los incrementos en la productividad, que han ido a parar a favor del capital.

En América Latina es al revés, entre 70% y 80% para el capital y los rentistas, y entre 30% y 25% para el trabajo, con tendencia a que el capital sea el que capture los incrementos en la productividad y la participación de sus ingresos en el PIB.

En América Latina y el Caribe, campo de experimentación de las reglas neoliberales, “el 61 por ciento de sus trabajadores asalariados carece de seguridad social”, advierte la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), en su último informe La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad, informa La Jornada de México (marzo 21-06). ¿Es este el sueño de los neoliberales europeos? Algunos analistas ya hablan de la latinoamericanización de la Unión Europea.