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El gobernador de Magdalena, Trino Luna, es uno de los dirigentes presos en la cárcel de La Picota, ubicada a pocos metros de una de las zonas más pobres de Bogotá. Según los congresistas detenidos, la seguridad de la penitenciaría no es la mejor.

Denuncia

Los largos días y las frías noches entre malos olores, pulgas y cucarachas

La Procuraduría General de la Nación realizó un dramático diagnostico de las condiciones de vida de los siete congresistas y el gobernador detenidos en La Picota por la para-política. Los legisladores piden que además de mejorarles el hábitat se les permita acceso a celulares e Internet.

2 de mayo de 2007

El carcelazo ordenado por la Corte Suprema de Justicia contra un grupo de dirigentes políticos de la Costa Atlántica acusados de vínculos con grupos de autodefensas no termina de causarles problemas a los afectados. Además del costo político derivado de su situación, de la privación de la libertad y de la consecuente imposibilidad de seguir contando con las prebendas que hace unos meses tenían como congresistas, los internos denuncian que viven en condiciones de higiene y seguridad deplorables.

Así lo comprobó también la Procuraduría General de la Nación, que en una investigación realizada a las condiciones del penal encontró problemas sanitarios como la proliferación de pulgas y cucarachas, daños en la infraestructura del lugar y vacíos en el sistema de vigilancia. Como dijo con ironía el hermano de uno de los congresistas presos “el problema ya no es que ellos estén en la picota pública, sino que están en La Picota, de Bogotá”.

La problemática denunciada por la Procuraduría no es nueva ni sus damnificados son exclusivamente los congresistas Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Jorge Caballero, Erick Morris, Jairo Merlano y Álvaro García.  Pese a ciertos esfuerzos institucionales muchas cárceles colombianas, lejos de centros de rehabilitación, se convirtieron durante años en verdaderas escuelas de delincuencia en las cuales los internos perdían la vida a manos de sus compañeros de celda o eran sometidos a la dictadura del mandamás de patio. Eso sin contar con problemas estructurales, fallas de seguridad y el hacinamiento que se volvió costumbre en los centros de reclusión.

Por eso el llamado del Procurador no resulta tan novedoso, aunque no deja de sorprender que hasta el pabellón especial de los congresistas sufra ese tipo de problemas que muchos creían eran exclusivos de quienes tenían que pasar una temporada en los de delincuentes comunes.

Desde su llegada a La Picota, los siete congresistas presos (Jorge Luis Caballero, del Magdalena, sigue prófugo) optaron por preparar ellos mismos su alimentación para evitarse problemas. Para tal efecto designaron un cocinero que se encarga de recibir los ingredientes de la alimentación de la cárcel para preparar un menú lo más variado posible. Aunque el primer fin de semana de su reclusión fueron visitados por sus seres queridos y hasta prepararon un asado familiar, el paso del tiempo ha puesto en evidencia que no están dándose una vida propiamente campestre.

El tema de las pulgas y cucarachas tiene sus orígenes, según la Procuraduría, en la falta de mantenimiento al piso entablado del pabellón. Aunque el órgano investigador resalta que se han realizado varias fumigaciones en el lugar, solicitó el ejecutivo destinar las partidas necesarias para las mejoras solicitadas, especialmente en los baños del lugar.

Los problemas de malos olores que afectan a la penitenciaría se deben a su cercanía a barrios con deficiente sistema de alcantarillado, cuyos vertimientos de residuos afectan desde hace más de 40 años a la comunidad aledaña. Según la Procuraduría, la falta de sistema adecuado para el tratamiento de aguas servidas implica un grave riesgo para la salud de los internos del pabellón.

Más allá de la polémica sobre la situación que padecen los congresistas y el gobernador presos, lo cierto es que los problemas de higiene y seguridad en las cárceles colombianas siguen siendo desalentadores y que los internos (condenados o no) merecen vivir en condiciones dignas. Como los congresistas salpicados por el escándalo hay miles de colombianos que merecen un trato más humano en las cárceles y en ese sentido el llamado de la Procuraduría parece pertinente. Cosa distinta es que accedan a tratos especiales o a sitios de reclusión privilegiados como los que se acabaron por decisión presidencial hace cuatro años.