Los nuevos retos de la renovación de Estado (II)

Estrategia jurídica de la Nación El propósito de esta reforma es diseñar una estrategia jurídica y judicial del Estado para establecer una política integral en la materia, prevenir el daño patrimonial derivado de las actuaciones antijurídicas y de la pobre defensa que se hace de los intereses del Estado, y minimizar el número de demandas y de condenas en contra, así como el costo de estas. El equipo encargado del tema desarrolla una estrategia preventiva, un "sistema de garantía de calidad y salvaguarda" con provisiones especiales para los sectores de alto riesgo y unos mecanismos alternativos de defensa. Igualmente, se están identificando las reformas normativas necesarias, las acciones proactivas contra quienes desconocen los intereses del Estado, y se analiza la conveniencia de proponer reformas a la rama jurisdiccional. Sistema presupuestal El Gobierno nacional está comprometido con el rediseño de las políticas de gasto público y la revisión de la estructura institucional del presupuesto. En efecto, es necesario redefinir las instituciones presupuestales para que el presupuesto sea un instrumento que permita asignar de manera eficiente y equitativa los recursos públicos, así como facilitar su ejecución por parte de todas las entidades. La disciplina fiscal, la flexibilización presupuestal, la eficiencia técnica, la transparencia y el logro de una clasificación coherente con los estándares internacionales son los objetivos fundamentales de la reforma al sistema presupuestal. Así mismo, los mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas y de transparencia en el manejo del presupuesto público deben profundizarse. La reforma del sistema presupuestal contempla la revisión de la normatividad que introduce rigidez en el proceso de asignación de los recursos y de ejecución de los gastos, garantizando así una articulación eficiente y sostenible entre las disponibilidades de recursos y las necesidades de gasto, pero sobre todo, privilegiando el interés colectivo. En este sentido, el Gobierno, en desarrollo de lo previsto en el Conpes 3252, radicó el pasado 16 de diciembre un proyecto de ley por medio del cual se modifica el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Gestión por resultados Su objetivo es formular una política integral de gestión pública que permita fortalecer los instrumentos gerenciales de la administración del Estado para garantizar el logro de resultados. En desarrollo de dicho cometido, el DNP ha impulsado de forma decidida la evaluación de las principales políticas y programas del Gobierno con miras a que, en conjunto, estos aspectos hagan más eficiente y transparente la asignación de los recursos, mejoren la eficacia de las políticas, los programas y las instituciones del Estado y permitan la rendición de cuentas a la ciudadanía. El objetivo final es vincular la programación y la asignación del presupuesto a los resultados obtenidos por cada sector. En relación con este tema hay logros importantes: la Cartilla de Metas del Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio, la Cartilla de Metas 2003 del Plan de Reactivación Social, el Informe de Resultados del Presidente al Congreso 2003, los informes trimestrales de resultados del Plan Nacional de Desarrollo, los resultados del Plan de Reactivación Social-Siete Herramientas de Equidad, el Informe de Balance del Plan Colombia, la clasificación programática (según el PND) del Presupuesto General de la Nación, los resultados del Seguimiento a los 100 proyectos prioritarios de inversión, el diseño general del sistema de evaluación del Prap, el análisis de evaluabilidad del Prap, la línea de base del Programa Familias en Acción y los primeros resultados del Programa Familias en Acción, entre otros. Gobierno electrónico La finalidad de esta estrategia es definir una política y un conjunto de instrumentos adecuados para el manejo de la información en el sector público, de modo que se garantice plena transparencia de la gestión, alta eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos y en las relaciones con el sector productivo y condiciones adecuadas para promover el desarrollo interno y la inserción internacional. Esta política confiere sentido a la incorporación y al uso de la tecnología informática en el desarrollo de las operaciones de las entidades estatales, tanto en sus actividades internas como en sus relaciones con otras entidades públicas y privadas, con los ciudadanos y con el sector productivo. El propósito último es facilitar las relaciones del ciudadano con la administración e incrementar la eficiencia, la transparencia y el desarrollo territorialmente equilibrado del Estado. Este es un tema que, bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la República, ha sido ardua y constantemente trabajado por el Gobierno. Ya existe un portal de servicio en línea en el cual los trámites del sector salud se encuentran simplificados, está en elaboración del mapa de ruta para la implementación en línea de la afiliación al sistema de pensiones y se encuentra en desarrollo el proyecto de pagos en línea, entre otros. Sistema de contratación pública La reforma a la contratación pública tiene como eje la formulación de una política pública en la materia, basada en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de la eficiencia en la ejecución de los recursos. El objetivo es lograr que toda la contratación esté a la vista de los ciudadanos, estandarizar los procesos para evitar procedimientos complejos o amañados, eliminar requisitos y costos innecesarios y garantizar el seguimiento de la ejecución de los contratos. Para el efecto es necesario modificar sustancialmente las prácticas actuales y diseñar un nuevo marco normativo e institucional para la contratación estatal, que permita mejorar la transparencia del proceso, eliminando las posibilidades de direccionamiento en la selección de los proponentes pero a la vez aumentando la eficiencia (especialmente a nivel sectorial), incrementando su impacto sobre el sector productivo y generando una reducción de los costos de transacción para las entidades públicas. En ese sentido, la modernización de la contratación pública tiene los siguientes elementos esenciales: mayor publicidad de los procesos contractuales; eliminación de los regímenes especiales de contratación, con lo que se le devuelve al Estatuto de Contratación su carácter general; establecimiento de un organismo o instancia que se encargue de la reglamentación específica de la contratación, de la administración de la misma y de la implementación de un Sistema Integrado de Contratación Electrónica que ensamble los sistemas de información actualmente existentes, incluidos aquellos de los organismos de control, para proporcionar información sobre la contratación pública y facilitar que las entidades estatales modernicen la gestión contractual a través de mecanismos electrónicos. En este sentido va el proyecto de ley No. 018/02 Cámara "Por medio del cual se modifica la Ley 80 de 1993, estatuto general de contratación de la administración pública". Una descripción más amplia y precisa sobre esta reforma se encuentra consagrada en el documento Conpes 3249 sobre la "Política de contratación pública para un Estado gerencial". Sistemas de información El propósito es lograr una gestión pública moderna que tenga como eje la información. La política en este campo incluye una estrategia integral sobre la obtención, la administración y el uso de la información estratégica, incluido el esquema institucional recomendable. En desarrollo de esta reforma, el Gobierno está adoptando un esquema institucional de racionalización de la estructura institucional, la optimización de la cooperación entre los sectores público y privado, y la transparencia y la confiabilidad de la información resultante. Igualmente, se procurará garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y la aplicabilidad de la información oficial básica relacionada con los aspectos sociodemográficos, el territorio y el medio ambiente. Para esto se estructuró el Sistema Nacional de Información Oficial que reordena las entidades públicas encargadas de la gestión de la información oficial del país y busca la optimización de su calidad, accesibilidad y uso adecuado. Este es quizás el más importante de los temas transversales del Prap. Por esto los logros han sido, aunque poco difundidos, de fundamental importancia: ya se inició el inventario de las tecnologías de información en el Estado, con su respectivo grupo de trabajo, plan de acción y cronograma en ejecución; están definidos el presupuesto, los planes de acción, el ente ejecutor y el espacio fiscal para la Intranet Gubernamental, y se creó jurídicamente el sector de la información básica liderado con el Dane. El más reciente logro en este tema radica en la expedición de un decreto por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública. Dicha comisión se encargará, entre otros aspectos, de definir las estrategias y los programas para la producción, el uso y la explotación de la información necesaria para lograr una óptima generación de bienes y servicios públicos por parte del Estado. Estrategia antitrámites Mediante esta estrategia se pretende establecer un marco de política que permita simplificar, integrar y racionalizar los trámites de la administración pública, tanto en su operación interna como en sus relaciones con el ciudadano. El Gobierno está adelantando acciones para diseñar e implantar proyectos de racionalización de trámites en entidades o sectores de la administración pública, en función de la relación beneficio/costo de los proyectos identificados, como por ejemplo, para el sector de las exportaciones. Igualmente, el DNP está diseñando un programa de gobierno en línea para la prestación de servicios y trámites al empresario y ciudadano, llamado el Punto Focal Virtual, que se encuentra en la etapa de implementación y pruebas. Se lleva a cabo un plan de acción para estandarizar la codificación de las entidades públicas y se están realizando pruebas piloto. Regulación, supervisión y control El objetivo es establecer un marco de política para el ejercicio de las actividades de regulación, supervisión y control por parte del Estado, definiendo el esquema institucional más apropiado y sus competencias. El Gobierno estableció los principios que permiten racionalizar la actividad estatal en esta materia, a efectos de minimizar los costos de transacción para el Estado, los regulados, los supervisados y los controlados. De igual manera, circula dentro del Gobierno un proyecto de régimen jurídico único para los organismos de regulación, supervisión y control. En síntesis, los temas transversales del Prap son quizás el componente más importante y cuyos beneficios serán los de mayor envergadura para el funcionamiento de la administración pública. Por lo tanto son temas de mediano y de largo plazo. El Gobierno sabe que su concepción e implementación superan la actual y las próximas dos administraciones, pero confía en poder sentar las bases (ojalá irreversibles) y comenzar a ejecutar los elementos esenciales de esta ambiciosa estrategia. Para 2004 y hasta 2006, las prioridades serán entonces la consolidación de las decisiones tomadas hasta la fecha, el rediseño de las entidades identificadas como prioritarias, las reformas de carácter transversal y la institucionalización del Prap. Esta reforma del Estado se diferencia de las anteriores en que la voluntad política del presidente Uribe y de su gabinete es toda; en que se está actuando en función de la idea de que la renovación responde a una perspectiva de Estado y no de gobierno; en que el criterio central de la transformación es económico y no sólo administrativo; en que el proceso de renovación se entiende como un mejoramiento continuo y no como acciones puntuales, y en que el proceso instaurado tiene vocación de permanencia y por lo tanto se institucionalizará en el DNP y tendrá un horizonte temporal que trascenderá la presente administración. *Directora Programa de Renovación de la Administración Pública (Prap). Departamento Nacional de Planeación.