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El xcongresista Rafael Pardo y ponente de la Ley de Justicia y Paz respalda la decisión de la Corte.

ENTREVISTA

“Los paramilitares no pueden negarse a cumplir requerimientos judiciales”: Pardo

El ex congresista y ponente de la Ley de Justicia y Paz Rafael Pardo habló sobre la coyuntura que atraviesa el proceso de paz con los paramilitares. La decisión es "razonable", dijo.

27 de julio de 2007

El ex congresista Rafael Pardo reconoce que la decisión de la Corte de no negar la posibilidad de juzgar a los paramilitares por sedición fue acertada debido a que no existe el mecanismo jurídico para la categoría del delito de paramilitarismo.
 
Sin duda, el ex ministro de Defensa, ex congresista y ahora aspirante a la Presidencia de la República, Rafael Pardo, es uno de los hombres que más saben del proceso de paz con los paramilitares. De hecho, fue uno de los ponentes de la Ley de Justicia y Paz que tanto se discute ahora. A raíz de la discusión dada por el anuncio del congelamiento en las versiones libres por parte de los paras, la insistencia del Presidente en que se les juzgue por los delitos de sedición, y la negativa de la Corte Suprema de Justicia, el tema sigue siendo la noticia de la semana. Por eso, Semana.com lo entrevistó.

Semana.com: ¿Cómo se puede interpretar la decisión de la Corte al negar la posibilidad de juzgar a los paramilitares por sedición?
Rafael Pardo: Yo lo encuentro razonable porque no hay ley que lo permita. Lo que se hizo con los desmovilizados fue aplicar la Ley 782, en la cual se juzga por concierto para delinquir, porque se consideraba la posibilidad de que se dificultara el procedimiento por paramilitarismo. Pero no era la creación del delito político por paramilitarismo, porque eso no existe en ninguna ley.

Semana.com: ¿Qué piensa usted de la reacción del Presidente al proponer la creación de una nueva ley que asigne esa categoría de delincuentes políticos a los paramilitares?
R.P.: Yo pienso que fue desafortunada esa propuesta. Primero, el Presidente lo planteó como un tema de igualar la guerrilla y los paramilitares, cosa de la que nadie está hablando. Segundo, acusar a la Corte de estar en contra de la paz no tiene ningún sentido. Porque la Corte lo que está es interpretando una ley y aplicando lo que le corresponde.
Proponer una ley sí es una función del Presidente para resolver el problema, pero lo que tiene la ley es que es para resolver el problema de los desmovilizados de base de las autodefensas.

Semana.com.: Si se diera el caso de una negociación con la guerrilla, ¿merece el mismo tratamiento de la Corte?
R.P.: Sí, es que lo que la Corte dice es: no hay una ley que permita hacer lo que están haciendo. A la guerrilla, para delitos atroces, se le aplicaría la misma Ley de Justicia y Paz.
Lo que está en discusión no es sobre los que están en la Ley de Justicia y Paz. Hay una lista de 2.900 personas que tienen que presentarse, rendir versión libre; si cumplen, pueden obtener el beneficio de penas alternativas. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es el tratamiento que se les dio a los 18.000 que no están en la Ley de Justicia y Paz.

Semana.com.: Al negarse los paramilitares a asistir a las versiones libres, ¿pueden quedar por fuera de la Ley de Justicia y Paz?
R.P.: A mí me parece que este es un craso error del gobierno al no descalificar la actitud de los paramilitares al hacer ese tipo de acciones. Ellos no pueden negarse a cumplir requerimientos judiciales, ni desacatar decisiones judiciales, que es uno de los elementos que permiten excluirlos de los beneficios.

Semana.com: Al ser juzgados por narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, ¿perderían la oportunidad de hacer política?
R.P.: El que sea condenado por delitos que no son políticos no puede hacer política. La Constitución no permite que sea elegido.

Semana.com.: Constitucionalmente, una persona que está acusada de delito político, ¿quedaría protegida de la extradición?
R.P.:
A ‘Trinidad’ lo extraditaron. No se puede solicitar la extradición por un delito político. Pero una persona que ha cumplido la pena por un delito político o que ha sido indultado, puede ser extraditado. ‘Simón Trinidad’ está acusado de rebelión y fue extraditado. Una cosa es por los delitos que se solicita a alguien en extradición, siempre que no se compruebe que la solicitud incluya delitos políticos, y otra cosa es que la persona aquí esté procesada por un delito político.

Semana.com.: ¿Cómo ha visto usted este proceso de desmovilización?
R.P.:
Los resultados son parte del mal manejo que ha habido. No hay seguridad jurídica para los que se acogieron, no hay seguridad en las regiones, no se han desmovilizado completamente, las víctimas no tienen reconocimiento, no hay proyectos de reintegración para los reinsertados.

Semana.com.: ¿Qué pasaría si los paramilitares continúan con esa actitud y se rompiera la relación con el gobierno?
R.P.:
Entonces ellos pierden los beneficios y quedan presos por 40 años. Esa sería una decisión de ellos.