Los pobres, más cerca de la tumba

En los países en desarrollo (PED), en donde se concentra la mayor población mundial y los más pobres, el acceso a las medicinas es un asunto de vida o muerte. Es un tema ético y de salud pública que no puede ser sometido a las leyes del mercado sin que los más pobres resientan en su salud y en su vida las consecuencias de tales políticas.

Las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la diabetes, las cardiovasculares, etc, matan 56,5 millones de personas/año, de las cuales el 59% está en los países en desarrollo. Igualmente, en estos países cada año la malaria mata 1,1 millones de personas; la tuberculosis, 1,7 millones; la neumonía, 3,9 millones; la diarrea, 2,2 millones, y el sida, 2,6 millones. Muchas de estas personas mueren por no tener acceso a los medicamentos. Se calcula que 11 millones de personas podrían ser curadas y vivir vidas más largas si tuvieran acceso a los medicamentos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (Oxfam, Make fair trade for the Americas, p. 24).

El acceso a los medicamentos, entre otras cosas, se garantiza con precios bajos, que sólo pueden ser logrados con una mayor competencia en su producción, a través de la producción de genéricos, y no con la oferta de los fármacos de los laboratorios multinacionales, dueñas de las patentes, a precios de monopolio. Se calcula que una medicina genérica puede llegar a costar hasta 95% menos que la de marca de la multinacional. En el caso del sida, mientras los fármacos retrovirales pueden costar entre 350 y 500 dólares/año en India o Brasil, en Estados Unidos pueden costar entre 10.000 y 15.000 dólares.

Las patentes tienen la racionalidad de incentivar la investigación de nuevas medicinas para que los laboratorios puedan rentabilizar su inversión en investigación y desarrollo (I&D). Claro que invierten más en mercadeo y administración que en I&D, en una relación de 2 a 1. Sin embargo, al mismo tiempo, si no hay un buen equilibrio entre los intereses de los laboratorios multinacionales y los de salud pública, las patentes se pueden constituir en un obstáculo para que los sectores más pobres puedan tener acceso a ellos.

Tal situación también ocurre en los países desarrollados que no tienen un sistema público de salud, con los sectores más pobres: las medicinas para el cáncer linfático cuestan como mínimo 10.000 dólares mensuales. Saturno se come a sus hijos.

El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Adpic), que los países desarrollados introdujeron en la última Ronda Uruguay del Gatt (Acuerdo General de Tarifas y Comercio), entre 1986 y 1994, son las reglas que, entre otras cosas, regulan la propiedad intelectual de los medicamentos. Este acuerdo se basa en "el nivel de protección brindado por los países más desarrollados del mundo y que incluyen un periodo de protección de 20 años de la patente" (PNUD, Informe de desarrollo Mundial 2005, capítulo 4 (Comercio Exterior), p. 153).

Las reglas Adpic representan más ingresos para los dueños de las patentes, precios más elevados de las tecnologías patentadas y costos de transferencia tecnológica más altos, lo que representa un enorme costo para los países en desarrollo, si se tiene en cuenta que antes de estas reglas, "se protegían poco estas patentes; su vigencia era corta (normalmente de cuatro a siete años), la definición del invento era estrecha para facilitar la imitación y se hacía un uso relativamente permisivo de las licencias obligatorias para diluir el poder monopólico del titular de las patentes" (Subramanian, A, 2004, Medicinas, patentes y ADPIC, F&D, FMI, p. 22). En efecto, los países en desarrollo y las multinacionales farmacéuticas han sido los grandes beneficiarios de las normas Adpic, pues reciben el 96% de las regalías por patentes y 71.000 millones de dólares por este rubro (PNUD, 2005, p. 153). Además, el 97% de las patentes, incluidas las farmacéuticas, también pertenece a los países más ricos.

Por otro lado, esos países están imponiendo unas reglas de protección de la propiedad intelectual que ellos mismos adoptaron para sí cuando habían sobrepasado los 20.000 dólares per cápita, mientras los países en desarrollo están entre 800 y 8.000 dólares per cápita. Esto no deja de ser un factor de desequilibrio que gravitará de manera negativa en el desarrollo de los países más pobres. Entonces, ¿Por qué los países en desarrollo cedieron ante las presiones de los más desarrollados para establecer las reglas Adpic? Por las promesas de los últimos de facilitar el acceso a sus mercados de los productos agrícolas y textiles provenientes del Tercer Mundo.

Sin embargo, ante las dificultades de los países en desarrollo para cumplir con las reglas Adpic, al mismo tiempo que la salud de su población se ponía en peligro, especialmente con el recrudecimiento del sida, las presiones de la opinión pública mundial y del movimiento antiglobalización se hicieron sentir en la Reunión de la Organización Mundial de Comercio en Doha (2001). En esta reunión, los países ricos concedieron algunas flexibilidades en el sistema de patentes de los medicamentos teniendo en cuenta el problema de la salud pública. En esta declaración, numeral 5 (b), se dice: "Cada [país] tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias". Estas licencias obligatorias "permiten que terceros exploten la tecnología protegida por la patente. Mediante el pago de regalías se compensa parcialmente al titular de la patente por la dilución de sus derechos exclusivos" (Subramanian, p. 22). De esta manera, se reconocía la mayor importancia de los intereses de salud pública de los países pobres sobre los financieros de las transnacionales farmacéuticas.

Sin embargo, los países desarrollados, entre ellos, Estados Unidos, y también la UE, vienen presionando a los gobiernos de los menos desarrollados, con los que están firmando acuerdos de libre comercio (TLC) para que acepten reglas más estrictas en materia de patentes (Adpic-plus). Estas restringen el acceso de los productores de genéricos a las patentes, alargando su vigencia, que está en 20 años, limitando el licenciamiento obligatorio de patentes, y prohibiendo las importaciones de genéricos. Chile, en el TLC firmado con Estados Unidos, ha concedido una vigencia de 25 años a las patentes.

Los adpic-plus que Estados Unidos quiere que los países andinos le concedan son, entre otros: "patentamiento de seres vivos, segundos usos, procedimientos quirúrgicos y terapéuticos, protección a los datos de prueba (En Colombia hoy es cinco años y demora la salida de medicamentos genéricos), alargamiento del período de las patentes farmacéuticas (hoy están en 20 años) por demoras en su otorgamiento y en la obtención del registro sanitario de medicamentos". (El Tiempo, sábado 24 de septiembre de 2005, p. 1-10).

Las consecuencias que tendrían tales imposiciones/concesiones sobre los medicamentos serían: altos precios, bajo acceso, altas tasas de mortalidad y, en general, un efecto negativo sobre el bienestar de las personas y de los países. Igualmente, los sistemas públicos de salud, tanto los subsidiados como los contributivos, se verían abocados a la insolvencia por el alto valor de los medicamentos, con un efecto muy grande sobre las finanzas públicas, en la cuenta corriente de la balanza de pagos, en el empleo de los productores de genéricos y los sectores articulados a estos. Se calcula que los precios de los medicamentos podrían aumentar entre 25% y 50%, por los adpic-plus.

Es una paradoja. Pero mientras los países desarrollados presionan por reglas más duras en los medicamentos en beneficio de las multinacionales farmacéuticas, al mismo tiempo, presionan para que los países en desarrollo concedan casi un acceso libre a sus recursos biológicos para patentarlos, lo mismo que al conocimiento ancestral de las comunidades nativas, sin mayores contraprestaciones para el país de origen del recurso.

Los gobiernos están dispuestos a ceder en cuestiones de propiedad intelectual a cambio de ciertas concesiones en otros sectores. "El acceso preferencial al mercado de Estados Unidos es el principal incentivo en las negociaciones, especialmente en cuanto los bienes agrícolas. Sin embargo, el proceso de negociación ha generado algunos resultados poco equilibrados (PNUD, 2005, IDH, p. 155), tal y como se presentó en el Cafta de los centroamericanos y Estados Unidos, que por un acceso limitado para el azúcar centroamericano (que queda con aranceles superiores al 100% y una cuota de importación no superior al 1,7% del mercado de Estados Unidos), producido por grandes cultivadores comerciales, estos países "decidieron aceptar normas de propiedad intelectual que podrían comprometer la salud pública y la innovación tecnológica [.]" (PNUD). Esto es lo que llaman un asunto "político y no técnico".

¿Por qué los gobiernos que firman los TLC, como en el caso del Cafta, están dispuestos a acceder a las presiones en el tema de propiedad intelectual? Porque los costos de unas restricciones más grandes en materia de propiedad intelectual se reparten entre toda la población; mientras los beneficios del acceso al mercado de Estados Unidos se reparte entre un grupo pequeño, que está mejor organizado, y puede pagar estudios técnicos y abogados que avalen sus intereses, y al final pueden recuperar los costos de su acción colectiva, cabildeo, campañas, donaciones, etc., más fácilmente que lo que pueden hacer los consumidores en general, que están mal organizados, mal representados y mal financiados, y les queda casi imposible organizar una acción colectiva en su beneficio. Sólo les queda la opción política de castigar con su voto a quienes no los representaron bien, como si mucho. Mientras tanto, más tumbas van siendo cavadas en los cementerios.

*Profesor Titular UN