Los puntos del desacuerdo

El jueves de la semana pasada, durante una sesión informal en el Senado, el Viceministro del interior y de Justicia, Guillermo Reyes expuso los puntos con los cuales el gobierno no está de acuerdo.

Comisionado para las víctimas: Reyes expresó su desacuerdo con la creación de la figura del Alto Comisionado para las Víctimas. Varios de los representantes de la sociedad civil no ven un problema en la eliminación de este punto. Pero Patricia Buriticá, representante de la Iniciativa de Mujeres por la Paz, explicó que “era importante que una sola persona representara y se responsabilizara de las víctimas”. Sin embargo, Buriticá dijo que a cambio de la aprobación del resto de la propuesta estaría dispuesta a renunciar a ese punto.

Lenguaje: Otro de los reparos de Reyes tiene qué ver con el lenguaje que le atribuye responsabilidad al Estado, pese a que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, dijo que la ley está bien orientada. El gobierno insiste en que el Estado no tiene responsabilidad con todas las víctimas y por eso se acordó cambiar la expresión ‘responsabilidad’ por ‘deber de garantía del Estado’. La salida conciliadora se basa en que aunque sólo en algunos casos los agentes del Estado son responsables, en todos, el Estado debe garantizar la no vulneración de los derechos de los ciudadanos.

Reparación por vía judicial versus reparación por vía administrativa: Como se expuso, el gobierno aprobó el decreto para la reparación por vía administrativa, que establece unos topes de dinero por el tipo de agravio que la víctima ha sufrido, pero no contempla a las de agentes del Estado. El objetivo es agilizar los procesos de entrega de dinero para que las víctimas no tengan qué esperar hasta que un juez resuelva su caso. En el proyecto de Ley 157 de 2007 se planteó que no se cierre la puerta de reparación por la vía judicial. Pero el gobierno argumenta que la reparación por la vía judicial debe tener los mismos topes del decreto, con el argumento de que las víctimas deben ser tratadas con igualdad, que no se debe reparar a unas más que a otras y que una víctima no puede reclamar dos veces por el mismo daño.

“Eso es inconstitucional. Cada persona tiene derecho a que se le restituya de manera particular, cada caso es distinto y un juez puede considerar que a una persona no se le ha restituido lo suficiente”, explicó Juan Fernado Cristo. “ Lo que se puede acordar es que si una persona ya recibió una reparación por la vía administrativa, cuando el juez falle su caso se descuente del total del monto lo que ya se le dio”, añadió.

Reyes expuso en la sesión del jueves que el gobierno sólo está dispuesto a darle a las víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado, asistencia humanitaria y reconocimiento simbólico pero no reparación económica. Esta sólo aplicaría en caso de que exista un fallo condenatorio contra el Estado. Este argumento pone en entredicho la “preocupación por el trato igualitario a las víctimas”.

Restitución de patrimonio: El gobierno ha argumentado que no es viable hacer un inventario de los bienes de cada víctima y por lo tanto no se puede garantizar la restitución del patrimonio que incluye tierras, animales y cultivos. Aunque la preocupación es entendible, en términos prácticos, delegados de la agencia gubernamental Acción Social, hicieron parte de la redacción del punto que les confiere a las víctimas el derecho a que se les restituyan los bienes.

El gobierno ha propuesto como salida que el Estado venda las tierras incautadas a los paramilitares y repartir el dinero entre las víctimas. Esta salida es considerada por las víctimas como un atropello, ya que sus tierras tienen más que un valor monetario.

“Si le sacan el tema de tierras, le sacan el corazón al proyecto”, dijo el senador del Polo, Gustavo Petro, quien hace parte de los ponentes del proyecto de Ley. Petro advirtió: “el Congreso de la parapolítica quire hundir un proyecto para las víctimas".

Estos puntos son los que tienen en vilo la propuesta que Cristo radicó y que ha tenido el acompañamiento de sectores de la sociedad civil, académicos e incluso de sectores uribistas. El partido Cambio Radical ya anunció su respaldo a la propuesta que inicialmente asumieron el Polo y el partido Liberal. Sin embargo, falta ver qué puede pasar en su segundo debate esta tarde, cuando el gobierno ha anunciado su desafecto con el proyecto. Sería increíble que un país que destina tantos recursos a la guerra, pero también a la desmovilización, no tuviera en cuenta a sus víctimas.