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| 6/15/2006 12:00:00 AM

Los rostros de las fosas comunes

Mientras los desmovilizados de las AUC se preparan para resolver sus cuentas con la Ley de Justicia y Paz, sus muertos, que hoy reposan en decenas de fosas comunes en todo el país, esperan ser identificados y ser honrados por sus dolientes.

Los rostros de las fosas comunes Hay fosas comunes en toda Colombia y los cadáveres encontrados en el último año pueden ser más de 1.500, la mayoría víctimas de los 30 mil integrantes de las AUC que se desmovilizaron en los últimos tres años.
A mediados de febrero, la Fiscalía encontró 21 cadáveres en fosas comunes en tres veredas de Ciénaga, en el Magdalena. Durante los dos meses siguientes, otros 40 cuerpos fueron hallados en varias fosas en San Onofre, departamento de Sucre. Por la misma fecha, las autoridades descubrieron 29 cuerpos más en El Catatumbo, Norte de Santander. Hace dos semanas, un desmovilizado denunció que había unos 800 cuerpos enterrados en el Urabá antioqueño. Y hace tres días, 15 cuerpos fueron encontrados en San Miguel, en el Putumayo.

La lista continúa, hay fosas comunes en toda Colombia y los cadáveres encontrados en el último año pueden ser más de 1.500, la mayoría víctimas de los 30 mil integrantes de las AUC que se desmovilizaron en los últimos tres años. Según los investigadores que han hecho los hallazgos, los restos óseos son de colombianos que fueron secuestrados, torturados y finalmente masacrados, hecho que evidencia los crímenes atroces que han cometido las autodefensas en las últimas décadas.

El Gobierno sabía que esta “avalancha” de apariciones iba a llegar. Tras la firma del acuerdo de Santa Fe Ralito en 2003 y la aprobación de la ley de Justicia y Paz, los desmovilizados, la red de cooperantes, los pobladores y las autoridades comenzaron a develar los sitios donde jefes ‘paras’ como Mancuso, el Alemán y Jorge 40 ordenaron enterrar a sus muertos. Sin embargo, la realidad los ha desbordado.

A medida que los cadáveres han ido apareciendo, dependiendo de la zona en la que se encuentran, se llevan a la morgue más cercana (donde se realizan las necropsias) o a uno de los cinco cuartos fríos (donde se conservan los cadáveres) que existen en las principales ciudades. Por ejemplo, los restos que aparecieron en San Onofre deberían ser llevados al cuarto frío de Barranquilla, pero no hay el espacio ni el personal suficiente para trasladarlos y hacer las respectivas prácticas forenses. Entonces, se quedaron en la morgue. Cuando las morgues se llenan, vuelven a enterrar los cuerpos en fosas comunes donde permanecen cinco años a la espera de que alguien los identifique y los reclame.

En el caso de Urabá antioqueño, donde un desmovilizado denunció que había unos 800 cuerpos enterrados, no ha habido ni el personal, ni los equipos necesarios para que una comisión judicial vaya hasta el lugar a hacer el procedimiento requerido. Siguen enterrados.

José Vicente Rodríguez, coordinador del laboratorio de antropología forense de la Universidad Nacional, explica que si se logra ubicar el sitio exacto donde están las fosas comunes, hay que hacer una excavación especial, ya que no siempre se encuentran en campo abierto. “La exhumación requiere del trabajo de antropólogos forenses y en el país son pocos los que hay. (SEMANA.COM estableció que en Medicina Legal hay solo tres y en total en todas las entidades oficiales no hay más de 15). Luego se deben especificar las características físicas y dentales del cadáver, después rastrear el lugar de donde desapareció, dónde lo vieron por última vez, qué elementos particulares llevaba, etc. y, por último, cruzar esta información con una base de datos de desaparecidos”, aseguró el experto. Agrega que, incluso, se pueden llegar a necesitar estaciones satelitales con las que, través de unas ondas, se detectan las fosas. “Eso toma tiempo y dinero”, dice.

Aunque Rodríguez sostiene que los restos óseos tienen una descomposición lenta y no significan una amenaza directa para la comunidad (a menos que atraigan chulos, ratas o insectos portadores de enfermedades), la emergencia puede venir si se acumulan muchos restos y no se evacuan a tiempo. Aunque Colombia cuenta con uno de los cuartos fríos más grandes de América Latina en Bogotá, cuenta con la única maestría de antropología forense en la región y existe la capacidad para resolver emergencias, claramente no tienen la infraestructura necesaria para atender los casos que se vienen con los procesos de justicia y paz.

Por esa razón, y porque mientras no se identifiquen a los muertos, las víctimas seguirán en la incertidumbre de no saber si sus seres queridos están vivos o muertos, el Gobierno se dio a la tarea de crear un proyecto que, dependiendo de los aportes económicos que haga la comunidad internacional, podría estar en marcha a comienzos del próximo año.

El proyecto

Ya está listo el primer borrador del “Proyecto de identificación de restos óseos recuperados en fosas comunes”, un plan que adelanta la Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General y Medicina Legal, y que cuesta 1.829 millones de pesos. Con este dinero se espera “desenterrar” gran parte de la verdad que, muy posiblemente, los paramilitares nunca van a confesar.

El Vicepresidente Francisco Santos ya le presentó el proyecto a los países que harán sus aportes económicos. Muy seguramente, serán los mismos que han apoyado el proceso de paz con las autodefensas.

En principio, la plata se destinaría para pagar las comisiones judiciales (Fiscalía, Medicina Legal, Procuraduría, entre otros) que irían hasta las zonas para hacer las inspecciones de las fosas comunes. También se costeará la modernización de algunas morgues regionales y el laboratorio de antropología forense de Medicina Legal que hay en Bogotá, el más grande de Colombia que tiene capacidad para albergar 60 cadáveres. Adicionalmente, se deberán pagar unos 10 expertos en medicina forense para esta entidad, otros 10 para el CTI de la Fiscalía y otros para el DAS, y comprar equipos y reactivos para hacer los estudios necesarios a los cadáveres.

Pero la solución no sólo está en trazar el proyecto y conseguir el dinero para invertirlo en tecnología. También está por resolverse cómo garantizar la seguridad de las comisiones que vayan hasta los entierros en zonas de orden público. “El trabajo de campo requiere mucho cuidado porque es de arqueología, pero eso puede demorarse y por lo general, son zonas de orden público donde se encuentran las fosas comunes. Hay que ir con Policía, con el Ejército, pero eso no los excluye de un ataque de la guerrilla o de un secuestro, como ha sucedido muchas veces”, sostiene un médico forense de Medicina Legal.

Uno de los miembros de la Comisión Nacional de Reparación, encargada de definir los criterios de reparación a las víctimas, también habla del temor que sienten los familiares de las personas asesinadas para denunciar la desaparición de sus seres queridos. “Les da miedo porque se sienten perseguidos, pero a la vez tienen un deseo profundo de encontrar a sus seres queridos. Si se demora el hallazgo y la identificación de las víctimas de los paramilitares, puede haber una emergencia social porque los dolientes pueden comenzar a presionar al Gobierno para que vayan a buscar a los desaparecidos en las fosas comunes”, dice la fuente.

Máximo Alberto Duque, director de Medicina Legal, dice que ya tiene el hardware y varios equipos para organizar el Registro Único de Desaparecidos (ver nota relacionada) cuya información se podrá cruzar con los datos de los cadáveres de las fosas comunes. “No quiero ser imprudente en dar una fecha, pero yo aspiro a que a comienzos del otro año ya estemos trabajando en todo esto”.

Si este proyecto se hace realidad, 2007 será el año para desenterrar la verdad.


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