Los ‘tres países amigos’ proponen garantizar la seguridad en una zona para el acuerdo humanitario

La posibilidad de alcanzar un acuerdo humanitario entre el Gobierno y las Farc para que los colombianos secuestrados por esa guerrilla recobren la libertad se movió este jueves en tres escenarios. Desde la selva, Raúl Reyes, uno de los comandantes de esa guerrilla insistió en el despeje de Florida y Pradera aunque de paso aseguró que no reconoce al presidente Álvaro Uribe como interlocutor válido para el canje; en San Vicente del Caguán, el Jefe del Estado, anunció que no desmilitarizará los dos municipios y ordenó: “hay que arreciar con esos bandidos”; y en medio de estas posiciones inflexibles SEMANA.COM conoció otra una luz de esperanza.
 
Se trata de un comunicado oficial –que aún no se ha dado a conocer– enviado a la Presidencia de la República por España, Francia y Suiza, países autorizados por el gobierno para adelantar gestiones por el acuerdo humanitario, en el que manifiestan que: “El grupo acaba de reunirse una vez más en Ginebra el 16 de febrero, y ha renovado la propuesta de garantizar, gracias a sus observadores y a sus diplomáticos, la seguridad en una zona donde podría tener lugar el encuentro entre el Gobierno y las Farc”.

Es de anotar que el mismo presidente había acogido positivamente la propuesta hecha por ésta Comisión Internacional en diciembre de 2005 de despejar parte de este territorio con las garantías de “un dispositivo de seguridad que favorecía un acercamiento con vistas a establecer conversaciones directas entre colombianos, que pudieran desembocar, en una primera etapa, en un acuerdo humanitario para la liberación de las personas secuestradas”, compromiso que fue ratificado en el comunicado anteriormente citado.

¿Cuáles son los tiempos de un posible despeje? La propuesta es sólo por 45 días: 15 días para verificar las condiciones de seguridad, 15 para negociar y 15 para retirarse, y el único tema a tratar es la libertad de los cautivos. Diferente a lo que se adelantó en el Caguán, que fue un proceso de paz por tiempo indefinido, donde se estaba concertando una agenda política, económica y social con sus respectivas reformas, que es mucho más complejo que acordar una acción de tipo humanitario como la que se propone en este momento.

Y en medio de este tire y afloje están los familiares de los secuestrados. ¿Qué piensan? Ellos consideran que la propuesta es viable porque en 45 días las Farc no van a ganar la guerra ni se van a fortalecer, tampoco se va a ceder soberanía ni se va a perjudicar la política de seguridad democrática del presidente Uribe y, finalmente, los habitantes de la zona no van quedar expuestos.

Con esta iniciativa conocida por SEMANA.COM queda en claro que la seguridad la podrían brindar los tres países autorizados para este tema, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Naciones Unidas, una vez que el Gobierno y las Farc lo acuerden.

Los familiares de los secuestrados consideran que despejar Florida y Pradera es necesario para acordar la logística de las liberaciones y de paso pueda servir para tender puentes de confianza entre las partes, indispensables para disminuir los niveles de violencia que “estamos viviendo actualmente en nuestro país”.

Ellos argumentan que si a pesar del despeje no se logra la liberación de los secuestrados, quedaría en evidencia la falta de voluntad de las Farc.

Los analistas que están a favor del acuerdo humanitario consideran que éste le representaría muchas ganancias al presidente Uribe: le permitiría el regreso de miles de colombianos al seno de sus hogares, le quitaría interlocución a las Farc –es justamente el hecho de no permitir el acuerdo lo que mantiene vigente a esta guerrilla– y las comunidades nacional e internacional le reconocerían ese acto de grandeza y de solidaridad con los secuestrados que se están pudriendo en las selvas colombianas.

Ante las palabras del presidente Uribe este jueves en San Vicente del Caguán, los familiares de los secuestrados están de acuerdo con él en el sentido de que son las Farc las que secuestraron a estas personas, pero lo hicieron, dicen, “porque las mediadas de seguridad del Estado fallaron, aunque fue en gobiernos anteriores, existe una responsabilidad del Estado frente a este delito y el presidente Uribe tiene la obligación de buscar la liberación de las personas sin poner en riesgo sus vidas”.

Por eso, creen que la fuerza sólo debe ser usada de manera proporcional, conforme a la gravedad de los hechos y sin exponer las vidas de las personas, según las normas del Derecho Internacional Humanitario y la Constitución colombiana.

Para que este proceso avance es fundamental que los esfuerzos que hacen los países y las personas autorizadas para adelantar gestiones por el acuerdo humanitario sean reconocidas y tenidas en cuenta tanto por el gobierno nacional como por las Farc, si no, se va a producir un desgaste innecesario de los facilitadores sin llegar a ningún lado y con las frustración de las miradas internacionales y nacionales que tienen sus esperanzas puestas en este proceso tan importante, ejemplo de civilización y respeto a los derechos primordiales de los seres humanos: la vida y la libertad.