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| 5/2/2006 12:00:00 AM

Minas antipersonas y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Nariño vive una crisis humanitaria sin precedentes, que se deriva del incremento en la siembra de minas antipersonales, de los accidentes causados por las mismas y de la persistencia del desplazamiento forzado producto de los combates entre los diferentes grupos armados legales e ilegales.

Minas antipersonas y desplazamiento agravan crisis humanitaria En el municipio de Ricaurte, ubicado en el eje vial Pasto-Tumaco, de mayoría indígena, la preocupación por el futuro de los menores es latente. Pese a las ayudas estatales, se requiere mayor contundencia en los programas de atención, pues son niños y niñas que viven en el centro del conflicto armado.
“Estamos en guerra” dice, sin dudar, María Gines Quiñónez, coordinadora para el departamento de Nariño de la Campaña Colombiana Contra Minas. Desde su punto de vista, esa situación se evidencia con dramatismo en la crisis humanitaria que se deriva del incremento en la siembra de minas antipersonales, de los accidentes causados por las mismas y por la persistencia del desplazamiento forzado derivado de los combates entre los diferentes grupos armados legales e ilegales.
 
En los primeros cuatros meses de este año, las víctimas registradas ascienden a 32 frente a 29 ocurridas en 2005. En la instalación de estos artefactos están comprometidos el ELN y las Farc.

Según la campaña, los municipios más afectados en términos de accidentes causados por minas son Samaniego, Sotomayor, Policarpa, Barbacoas y Cumbal. En términos de campos minados, la situación de riesgo se localiza tanto en estas localidades como en Roberto Payán, Maguí Payán, Ipiales y Puerres. A raíz de los combates en las últimas semanas en la zona del Bajo Patía, la comunidad ha informado la presencia de esos artefactos explosivos.

Como la situación es de guerra, de lo que se trata fundamentalmente, según Quiñónez, es de realizar un trabajo de prevención dirigido a preparar a la gente sobre cómo actuar en caso de riesgo por la existencia de campos minados.

“Igualmente, son necesarios mayores esfuerzos por parte de la Fuerza Pública en el desminado humanitario o barrido después de los combates, un compromiso de los actores irregulares para cesar la siembra de minas, además de la implementación de programas integrales de cuidado y rehabilitación de los sobrevivientes y de tratamiento de las consecuencias socioeconómicas en las zonas de riesgo”, concluye María Ginés Quiñónez.

Crece desplazamiento

En lo que va de 2006 se han detectado varios casos. Uno de ellos tuvo lugar del 10 al 16 de enero de 2006, afectando comunidades negras y pertenecientes al Consejo comunitario ACAPA localizadas en San Pedro del Vino (Francisco Pizarro) y Bocas de Guandipa (Mosquera).

Los combates registrados entre el 19 y 22 de febrero entre el ELN y grupos paramilitares en Sotomayor dieron lugar al desplazamiento de 116 familias.

Durante el mes de abril y como producto de los combates en Policarpa, se ha detectado el desplazamiento de 100 familias al corregimiento de Ejido, 60 a la cabecera municipal y 123 a la ciudad de Pasto, las cuales no se han registrado por temor a no poder volver a sus tierras. Estos últimos enfrentan como dificultad adicional para que reconozca su situación de desplazamiento el hecho de provenir de zonas cocaleras.

Según las estadísticas de Acción Social, a 31 de enero de 2006, el municipio de Tumaco es uno de los principales expulsores con 7.249 personas, seguido por El Charco y Barbacoas. Dentro de los principales receptores se cuentan Pasto y Tumaco. Sin contar los problemas de subregistro, el total de personas en situación de desplazamiento en Nariño ascendía para esa misma fecha a un total de 37.427.

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