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Después de dos años y medio de discusiones, el pasado 22 de julio quedó sancionada la controvertida ley de Justicia y Paz que les pone las reglas del juego a la desmovilización de los grupos armados ilegales. A pesar del extenso debate del proyecto en el Congreso, en los medios y múltiples foros públicos, muchos quedaron descontentos con el resultado final.

Será por eso un tema obligado de la campaña presidencial que ya calienta motores. De hecho, en el foro convocado por La mesa de seguimiento al proceso de paz de las AUC y SEMANA el martes pasado, sorprendió que todos los precandidatos, con diversos matices, resultaron contradictores de la ley. Carlos Gaviria, candidato de Alternativa Democrática, una alianza de la izquierda más dura, dijo que la ley es una confesión implícita del Estado de haber sido el gestor del paramilitarismo, mientras que Andrés González, precandidato del Partido Liberal, le ve boquetes insubsanables, pero reconoce que es un punto de partida. No obstante, todos coincidieron en que no les gusta la ley principalmente porque no creen que sea un instrumento eficaz que ayude a desmantelar el paramilitarismo. (Como Cecilia López, Enrique Peñalosa y Horacio Serpa no pudieron asistir al foro SEMANA los entrevistó al respecto). A continuación el lector encontrará una versión resumida de sus argumentos principales.

ANTANAS MOCKUS

La ley no se orienta suficientemente a desmontar la estructura paramilitar. Al reconocer el paramilitarismo como delito político amnistiable, parece descriminalizar en general este tipo de organización, hace menos graves algunos de sus procedimientos y alivia la responsabilidad de sus financiadores. Además, la reparación sólo se hace si ésta es demandada por la víctima y sólo sobre una parte de los bienes y no sobre todo el patrimonio del victimario. Para efectos de la reparación se consideraran los bienes que voluntariamente declare el victimario-beneficiario y sólo de aquellos adquiridos durante su permanencia en el grupo (y es él mismo quien define la permanencia en el grupo).

ANTONIO NAVARRO

El negocio que hicieron las autodefensas con la ley fue aceptar unos años de cárcel a cambio de mantener sus bienes adquiridos de manera ilegal. La propuesta de Gina Parody y Rafael Pardo era muy buena porque amarraba el ejercicio jurídico a la entrega de bienes y a la verdad: entregaban todos los bienes y contaban toda la verdad o perdían los beneficios de la ley y se iban 40 años a la cárcel. Pero el gobierno no la aceptó. Hay que tener en cuenta que el paramilitarismo es una mezcla de grupo contrainsurgente y de grupo 'gangsteril'. Con las redes de testaferrato tan grandes que manejan es muy difícil detectar qué bienes tienen y no confesaron. Más aún cuando están disfrazados en actividades legales como la salud, el chance etc.... Entonces vamos a tener el desmonte de una faceta de las autodefensas pero no de su estructura 'gángster', cuando con la ley debíamos y podíamos desmontarlas todas.

CARLOS GAVIRIA DÍAZ

Es una ley exageradamente benévola con personas que están sindicadas de cometer delitos de lesa humanidad. Uno de los requisitos del derecho internacional es que en este tipo de procesos haya verdad, justicia y reparación. A esta ley, para buscar la verdad, le basta que la persona confiese el homicidio, pero no se le exige que confiese quién lo financió, si alguien fue cómplice, si alguien lo indujo a cometer el crimen, de tal manera que el fenómeno del paramilitarismo se vaya descubriendo. Esta ley desmonta el paramilitarismo sólo superficialmente. Algunos señores se desmovilizan, pero ¿los demás, los que los financiaron, qué? Las finanzas siguen vivas, más ahora que están apoderándose del chance y otras empresas para lavar el dinero.

En justicia, son desproporcionadas las penas que se contemplan para ciertos delitos en esta ley frente a las del código penal. Y en reparación, los desmovilizados responden únicamente con los bienes ilícitamente adquiridos, en cambio un ciudadano común debe responder con su patrimonio, con su casa, con todo lo que ha adquirido legalmente.

HORACIO SERPA

La ley ni aplicará la justicia, ni logrará la paz, ni brindará reparación equitativa a las víctimas. Apoyo un proceso de paz con los paramilitares, pero transparente, que produzca el desmonte de sus aparatos militares, económicos y políticos. Y no veo que eso vaya a ocurrir. Debería haberse definido claramente que la extradición es aplicable a los narcotraficantes. A quienes se valgan del narcotráfico para cumplir objetivos en los que existan intencionalidades políticas o sociales, no debería aplicarse. Eso permitiría buscar acuerdos transparentes de paz con paramilitares o guerrilleros, no narcotraficantes.

Sé que hay que ser generosos en la pena, salvo en delitos atroces y de lesa humanidad, y exigentes en materia de verdad y reparación, pero creo que hay que adecuar la ley a los requerimientos de un proceso de paz que de verdad le sirva a la sociedad colombiana.

RAFAEL PARDO

El país no va a tener verdad histórica y las víctimas no van a tener reparación. La ley no define quién y cómo va a reparar. Si no hay responsables visibles y bienes entregados, la reparación queda en el aire. En el tema de los bienes, la ley es mucho más favorable a quienes se acogen a la ley que a la gente del común. Las autodefensas no pagarán con su patrimonio sino con los bienes obtenidos de forma ilícita que reconozca y entregue. Una persona del común -que tenga un accidente, por ejemplo- tiene que pagar la indemnización a la víctima con su patrimonio. Igual de favorable es en la confesión. No se pierden los beneficios de la ley aunque hayan omitido delitos, salvo si ha sido una omisión de mala fe. ¿Quién puede probar la mala o la buena fe de la omisión? ¿Acaso la Fiscalía? ¿De qué forma se puede verificar?

RODRIGO RIVERA

La Ley tapona la extradición. Un narcotraficante requerido en extradición fácilmente puede aparecer vinculado a estos grupos de autodefensa -que es lo que yo llamo comprar la franquicia- y declarar que pertenece a los grupos de autodefensa hace mucho tiempo. Y hay que creerle porque no hay forma de desvirtuarlo. Con eso cubre la condena por paramilitarismo y por narcotráfico en Colombia, así que si hay una solicitud de extradición, la sala penal tiene la obligación de rendir concepto negativo para no violar el principio de doble incriminación que reza que "si ya fue condenado en Colombia por esos delitos no puede ser condenado otra vez". Esta ley, además, no garantiza el desmantelamiento del paramilitarismo, no exige el desmonte de todas las estructuras militares sino que incluso permite la desmovilización individual, no exige la entrega de todos los bienes adquiridos y no los obliga a sustraerse de la intervención en política.

ANDRÉS GONZÁLEZ

Hay que fortalecer la política del desmantelamiento económico para que la aplicación de la ley no quede convertida en un lavado de antecedentes. La permisión de desmovilizaciones individuales antes que colectivas pone en riesgo el cese del fuego y la desarticulación militar. De otro lado, la débil exigencia de una confesión sacrifica la eficacia de la investigación judicial y de la verdad. No hay suficiente blindaje contra el narcotráfico pues no se aprobó una prohibición total de conexidad.

CECILIA LÓPEZ

El punto más cuestionable de la ley de Justicia y Paz es que no hay justicia ni verdad, y al no haber esto, no habrá reparación. Creo que el país no le está prestando atención a la reacción mundial. Le Figaro, por ejemplo, publicó que los paras no han podido soñarse con una ley más suave. Me parece que Colombia y el gobierno no han aceptado la gravedad de la ley. Yo hubiera esperado que el Presidente no sancionara la ley, en vista de la polémica internacional, sino que la hubiera sometido a otro debate para que respondiera a principios de verdad y justicia.

ENRIQUE PEÑALOSA

Hay dos puntos críticos en esta ley. El primero y más importante, es que hay que estar atentos a que los beneficiarios de la ley no reincidan. En varias ocasiones mencioné lo deseable que habría sido establecer que a los beneficiarios que cometieran cualquier delito con posterioridad, se les aplicara una sanción mayor a la contemplada en el código penal. Y segundo, que no se beneficien delincuentes comunes en el proceso, responsabilidad que le corresponde al gobierno y a la Fiscalía, a sabiendas de que el resultado final no será perfecto.