Nuevo contrapunteo entre Gobierno y Farc por tema del intercambio

El gobierno y las Farc revivieron en las últimas horas su contrapunteo público sobre el acuerdo humanitario, al señalarse nuevamente como responsables por el drama de los 58 secuestrados que el grupo armado ilegal pretende intercambiar por unos 500 guerrilleros presos.

Después de varios meses de silencio sobre el tema y tras cuatro años sin lograr un contacto directo para discutirlo, las partes acudieron una vez más a la presión mediante pullas en los medios de comunicación, pero sin proponer una alternativa novedosa ni modificar sus exigencias para la concreción del acuerdo.

El más reciente ejemplo de este nuevo raund mediático comenzó el fin de semana cuando las Farc publicaron en su página de internet un editorial firmado por alias Iván Márquez -miembro de su cúpula militar- en el que le pedían al presidente Álvaro Uribe no dar “más rodeos” frente al intercambio. La respuesta del ejecutivo llegó el lunes por la mañana cuando el entrante ministro del Interior, Carlos Holguín, dijo que “queremos un compromiso serio de las Farc que lleve a un canje y no a un diálogo por el diálogo".

Las palabras del ministro reflejan el temor confesado el 7 de agosto por Uribe, durante su segunda posesión como Presidente de la República. Según él, si le ha faltado avanzar en el camino hacia el acuerdo humanitario es porque teme que sea a costa de los pasos dados en el fortalecimiento de la seguridad en el país. Esa es la razón por la cual ni siquiera cuando su popularidad estaba en un techo del 72% se atrevió a ceder en la exigencia básica de cese del fuego para comenzar los diálogos con las Farc.

El grupo guerrillero tampoco ha variado mucho frente a sus peticiones iniciales. Gobierno y Farc se han movido más en sus esfuerzos por deslegitimar al contrario que en sus demandas estratégicas para el intercambio.

Desde cuando la guerrilla secuestró a Íngrid Betancourt en plena campaña presidencial, pasando por la toma masiva de rehenes en la asamblea del Valle y hasta por el plagio de los tres cooperantes norteamericanos, la guerrilla ha sostenido que debe haber un despeje militar para viabilizar el acuerdo. Tal concesión es inaceptable para Uribe, cuya principal bandera de gobierno ha sido la recuperación del espacio controlado por que la guerrilla. Las Farc dicen haberse movido de la exigencia del despeje de dos departamentos (Putumayo y Caquetá) a la de dos municipios (Florida y Pradera, en el Valle), pero igual insiste en la desmilitarización de la zona. Y el gobierno asegura que avanzó, por ejemplo, al aceptar la fórmula de los facilitadores franceses, para dialogar en una zona de 180 km2 en la que no haya fuerza pública, pero tampoco acepta presencia guerrilla en el lugar.

Mientras Uribe teme que la guerrilla aproveche militar y políticamente el despeje para fortalecer su posición, a las Farc les asusta la idea de ser engañadas por el gobierno y caer en una emboscada sin una retaguardia segura para su repliegue.

El problema es que en este juego de intereses quienes más pierden son los familiares de los secuestrados, algunos de los cuales llevan hasta ocho años esperando el retorno de sus seres queridos. Según el ministro Holguín, el Ejecutivo trabaja a través de un grupo de facilitadores en un encuentro con los voceros de las Farc. Uno de esos facilitadores es el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, quien hace una semana fue desmentido mediante comunicado público por el jefe guerrillero Raúl Reyes, tras haber anunciado que los contactos con las Farc avanzaban por buen camino. Este fin semana Iván Márquez ratificó en su editorial que no existen contactos el gobierno.

Pese a todos estos escollos, el analista Alfredo Rangel considera que la hora del acuerdo humanitario está cerca. Según Rangel, experto en temas de seguridad, a las Farc les conviene concretar el acuerdo porque evitaría el riesgo político de una nueva muerte en cautiverio e implicaría menos problemas para su movilización militar, ahora que les esperan cuatro años más de repliegue. Para el gobierno, la ventaja estaría en que matizaría su imagen de mano dura, le daría solución a uno de los dramas humanos que más daño le ha hecho a la imagen del país y hasta podría sembrar la semilla para una negociación con la guerrilla.

Por eso, aunque la atención del país parece estar centrada en el proceso con las autodefensas, tanto al gobierno como a las Farc les podría servir el reposicionamiento del acuerdo humanitario en la agenda del país.